Litio, concesiones mineras y geolocalización


Cumplimiento al recurso de revocación y derecho de audiencia
Es constitucional el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación que establece que en cumplimiento de un recurso de revocación, la autoridad fiscal puede solicitar información o documentación de terceros, sin que esté obligada a hacerlo del conocimiento del contribuyente. Este precepto no viola la garantía de audiencia del contribuyente, quien podrá defenderse al momento en que la autoridad le notifique la resolución dictada en cumplimiento al recurso. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031932
Procedimiento para cumplimiento del recurso de revocación
La Suprema Corte sostuvo que no es necesario que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación especifique el procedimiento mediante el cual se solicitará información a terceros para dar cumplimiento al recurso de revocación, como sí sucede cuando se regulan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, por tanto, dicho precepto no viola el principio de seguridad jurídica. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031933

Enajenación de bienes embargados por el fisco
Las autoridades aduaneras embargaron mercancía perecedera a una empresa con motivo de diversos créditos fiscales, que fueron declarados nulos posteriormente. Al solicitar la devolución, los bienes ya habían sido enajenados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por lo que se le devolvió el valor de la venta de los bienes, que fue menor al valor de la mercancía declarado en el procedimiento administrativo en materia aduanera. La Suprema Corte sostuvo que son constitucionales los preceptos que señalan que el Instituto solo podrá pagar hasta la cantidad del valor de venta de los bienes, a pesar de que se haya declarado la nulidad de los créditos fiscales que dieron origen al embargo. [Jurisprudencia] Registros: 2031875 y 2031876
Duración de concesiones mineras
La Suprema Corte sostuvo que la reforma de 2023 a la Ley Minera, que redujo la duración de la concesiones mineras de 50 a 30 años y la prórroga de 50 a 25 años, no es contraria al principio de irretroactividad, ya que a pesar de que un particular cuente con una concesión minera, esto no implica que tuviera un derecho a la prórroga, en los términos de la legislación anterior a la reforma.
También se confirmó la constitucionalidad del artículo transitorio que obliga a los concesionarios a otorgar una garantía por posibles afectaciones sociales que pudieran causarse por la actividad minera. [Jurisprudencia] Registros: 2031892 y 2031893
Exclusividad del Estado en explotación de litio
La Suprema Corte también validó la reforma a la Ley Minera de 2023 en la que se reservaron al Estado la exploración y explotación del litio, se prohibió el otorgamiento de concesiones a particulares, se establecieron como zonas de reserva minera aquellas en las que existan yacimientos de dicho metal y se creó un organismo público descentralizado encargado de estas actividades. Se sostuvo que el litio fue incorporado expresamente al régimen de área estratégica y de exclusividad federal, lo cual se consolidó con la reforma constitucional de octubre de 2024. [Suprema Corte] Comunicado 50/2026, Proyecto de sentencia

Donación de propiedad en la que habita menor con discapacidad
Una persona donó a su nueva esposa la casa en la que habitaban su hijo menor de edad con discapacidad y su ex esposa, a quienes estaba obligado a pagarles alimentos. La donataria del inmueble ejerció acción reivindicatoria. La Suprema Corte sostuvo que el juzgador que conozca de la acción debe analizarla con perspectiva de infancia y adolescencia e incluso, recabar pruebas de forma oficiosa para ponderar si se afectan los derechos del hijo menor de edad, en particular el de recibir alimentos en su forma de casa habitación. [Jurisprudencia] Registro: 2031879

Ministerio público comete delito de cohecho
La Suprema Corte avaló la constitucionalidad del delito de cohecho previsto en el Código Penal del Estado de México. Comete el delito quien solicite u obtenga una dádiva siendo que, para quien haya solicitado una dádiva, el monto solicitado será la base para la pena que se le deberá imponer aun cuando no haya obtenido la dádiva.[Jurisprudencia] Registro: 2031887
Derecho a la reinserción social y delito de feminicidio
Cuando una persona joven, mayor de edad, comete el delito de feminicidio, no puede solicitar que en la individualización de la pena se considere su derecho a la reinserción social. El derecho humano a la reinserción no es un criterio para individualizar la pena, es una directriz del sistema penitenciario. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2031900 y 2031901
Prescripción de la acción penal y seguridad jurídica
La Suprema Corte sostuvo que la interrupción de la prescripción de la acción penal, por actuaciones del ministerio público, prevista en el Código Penal del Estado de México, únicamente es admisible cuando se trate de actos de investigación encaminados a generar elementos de prueba para esclarecer los hechos denunciados. [Jurisprudencia] Registro: 2031911

Intervención de comunicaciones privadas en los estados
Conforme a la Constitución Federal, únicamente pueden solicitar la intervención de comunicaciones privadas, el titular del ministerio público de cada entidad federativa y las autoridades facultadas por el Congreso de la Unión. Por tanto, en una ley de Quintana Roo no puede otorgarse dicha facultad al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ni delegarse a autoridades de menor rango. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2031912 y 2031913
Geolocalización en tiempo real
Por lo que hace a la geolocalización en tiempo real, la facultad otorgada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo se consideró inconstitucional por no haberse acotado a casos de urgencia. La medida solo debe utilizarse tratándose de delitos graves en los que se ponga en riesgo la vida. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031918
