Reforma judicial en México: Implicaciones en el T-MEC y para inversionistas
La reforma constitucional al sistema judicial mexicano de 2024 ha generado preocupación en diversos sectores y ha afectado la confianza de los inversionistas en el país. Ante la situación actual de México, que se enfrenta a las revisiones con Estados Unidos y Canadá del T-MEC -el mayor tratado comercial- y las presiones por atraer inversión, se ha planteado la necesidad de revisar dicha reforma.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su gobierno está analizando la posibilidad de posponer a 2028, la segunda elección judicial, sin que exista una propuesta concreta. Mientras tanto, un grupo de legisladores de su propio partido, presentó en días pasados una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de perfeccionar el nuevo sistema judicial.
1. ¿Qué se modificó con la reforma judicial de 2024?
La reforma constitucional al poder judicial fue planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, justificando que ésta era la única forma de combatir la corrupción. Sin embargo, desde su aprobación la reforma ha recibido numerosas críticas.
Con el nuevo sistema, la designación de los integrantes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados fue transformada radicalmente, implementando un sistema para la elección por voto popular, en lugar de la carrera judicial o los concursos de oposición, como sucedía antes. Además, se estableció que todos los jueces y magistrados federales y locales, así como los ministros de la Suprema Corte que ya se encontraban en funciones, serían destituidos y reemplazados por aquellos designados por elección popular.
La primera elección judicial tuvo lugar en junio de 2025, con la selección de los nueve ministros de la Suprema Corte, el 50% de los magistrados y jueces federales (464 magistrados de circuito y 386 jueces), siete magistrados de tribunales electorales y los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En la contienda de 2025 también se eligieron 1,800 magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial local en 19 estados. Todos ellos asumieron sus cargos en septiembre de 2025.
En las próximas elecciones judiciales, previstas para del 1 de junio de 2027, se seleccionará el 50% restante de magistrados y jueces federales, magistrados de tribunales electorales y numerosos jueces locales, con lo que habrá una renovación total de los funcionarios judiciales.
Bajo el sistema anterior, los jueces y magistrados federales eran seleccionados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación, mediante un sistema de evaluación. Con la reforma de 2024, tanto el CJF como el sistema de evaluación fueron eliminados. Ahora, los candidatos deben ser preseleccionados por uno de los tres comités, uno de cada poder -ejecutivo, legislativo y judicial-. Con la reforma, el poder judicial perdió independencia respecto de los demás poderes del Estado.
Los requisitos para postularse se redujeron significativamente, los candidatos no requieren de experiencia judicial para ser candidatos a jueces, magistrados o ministros. Cualquier persona con un promedio de calificaciones de 8/10 en la licenciatura de Derecho y cartas de recomendación puede contender.
La Suprema Corte de Justicia también fue reestructurada, reduciendo el número de ministros de once a nueve y eliminando las dos salas, que permitían la distribución de asuntos con el Pleno. El órgano de gobierno del Poder Judicial Federal se dividió en dos, creando un Órgano de Administración Judicial y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad para supervisar, revisar y sancionar las decisiones de los funcionarios judiciales.
2. Poder judicial como obstáculo para la inversión
Desde hace años, el sistema judicial mexicano ha enfrentado importantes retos, sin embargo, desde que en septiembre de 2025 tomaron sus cargos los ministros, magistrado y jueces electos, se ha hecho evidente que esta reforma no ha resuelto los problemas sistémicos de la justicia en México, por el contrario, ha aumentado la preocupación sobre la independencia y el profesionalismo del poder judicial.
La necesidad de atender los riesgos y problemas del nuevo sistema judicial se han expuesto desde diversos sectores de la sociedad, empresarios, academia, organismos internacionales e incluso, miembros de los gobiernos de EE.UU. y Canadá, pero en fecha reciente ha tenido mayor relevancia frente a las revisiones del T-MEC y a los planes de la presidenta Sheinbaum para atraer inversión al país.
Es ampliamente reconocido que un poder judicial independiente es un factor que favorece los proyectos de inversión. Para México, las tres principales agencias de calificación -Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s-, mantienen una calificación de grado de inversión medio-bajo para la deuda soberana. En el más reciente reporte de Fitch del 10 abril de 2026, se menciona que “La administración de Sheinbaum está tratando de aumentar la inversión, pero esto podría verse obstaculizado por las preocupaciones del sector privado sobre las reformas institucionales, especialmente la relevante reforma judicial”. Desde noviembre de 2024, Moody’s proyectó una perspectiva negativa, destacando que la reforma constitucional del poder judicial planteaba riesgos para el sistema de pesos y contrapesos de México.
En el “Reporte sobre el Panorama de Inversión en México para 2025”, del Departamento de Estado de EE.UU., se resaltó la preocupación frente al sistema judicial mexicano, previendo que podría afectar la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales. También se señaló que la situación del poder judicial ha generado dudas sobre el panorama de inversión, particularmente en los sectores de energía, agricultura y gestión de pensiones para el empleo formal. Además, los inversionistas estadounidenses expresaron incertidumbre sobre la evolución de las políticas bilaterales y el resultado de la revisión del T-MEC de 2026.
En la comparecencia de Michael Kozak, Subsecretario de Estado para los Asuntos de América Occidental de EE.UU., ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el 17 de abril de 2026, hizo público que él, junto con inversionistas norteamericanos, han dialogado en repetidas ocasiones con México sobre la necesidad de jueces calificados, independientes y que no estén controlados por los cárteles o por países como China. Reconoció que es un tema preocupante y señaló que si el gobierno de México quiere atraer inversión, es necesario que exista confianza en su poder judicial.
3. ¿Cuáles son los riesgos para las empresas?
Después de las primeras elecciones judiciales, el poder judicial mexicano se ha vuelto más susceptible a la influencia política. Algunos de los nuevos ministros de la Suprema Corte forman parte de Morena, el partido gobernante, o bien, mantienen relación estrecha con el expresidente López Obrador o con la presidenta Sheinbaum. Esta situación ha tenido una repercusión en los nuevos criterios de la Suprema Corte, que han favorecido la interpretación de normas o la resolución de asuntos en línea con los intereses del actual gobierno, ejemplo de ello se ha presentado en temas fiscales.
También existe preocupación respecto a la capacidad y profesionalismo de los nuevos juzgadores, particularmente en áreas que requieren especialización y conocimientos técnicos, como competencia económica, telecomunicaciones y energía. Estas áreas se relacionan directamente con proyectos de inversión.
4. ¿Qué busca resolver la nueva Iniciativa?
En la Iniciativa de reforma presentada por el grupo de legisladores del partido Morena se menciona que las modificaciones buscan perfeccionar el modelo de elección judicial y robustecer la confianza ciudadana en el poder judicial, como pilar fundamental del estado de derecho. Sin embargo, las propuestas no podrían resolver de fondo los problemas del nuevo sistema.
Los aspectos en los que se centra la Iniciativa y en los que justifica la propuesta son:
Evaluación. La experiencia del proceso electoral de 2025 demostró que pedir promedios académicos mínimos o cartas de recomendación es insuficiente para medir las competencias técnicas de los candidatos, como la argumentación jurídica, la interpretación de normas y la perspectiva de derechos humanos. Además, en la elección pasada, la revisión de miles de expedientes saturó a los comités de selección.
Empalme de elecciones. En 2027 se elegirá a la segunda mitad de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, en el mismo proceso electoral en el que se elegirá a gobernadores y otros funcionarios de los estados. La Iniciativa señala que esto generará riesgos graves como un menor análisis de los perfiles técnicos de los candidatos judiciales, desinformación en los votantes, politización de las candidaturas y una fuerte presión operativa sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).
Cargas de trabajo y vacantes. La nueva Suprema Corte enfrenta altas cargas de trabajo. Respecto de jueces y magistrados, se menciona que el diseño actual no permite cubrir de manera ágil las ausencias prolongadas o vacantes definitivas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de la justicia.
5. ¿Cuáles son las soluciones que propone la Iniciativa?
Tras identificar algunas deficiencias del modelo actual, en particular la insuficiencia de los requisitos técnicos y el riesgo de politización por la concurrencia electoral, la Iniciativa propone reestructurar la selección de juzgadores sobre tres ejes: la profesionalización obligatoria, la centralización de la evaluación y la desvinculación política del calendario electoral.
Nueva fecha y despolitización. Para evitar la concurrencia con procesos políticos, se propone recorrer la próxima elección judicial hasta junio de 2028, con lo que se dará más tiempo para la deliberación pública y permitirá que el INE tenga un rol preponderante y más ordenado.
Certificación y comité único. Para la selección de funcionarios judiciales se pedirá una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial mediante exámenes estandarizados. También se eliminarán los tres comités de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para crear un solo Comité Único de Evaluación, que estaría integrado por representantes de los tres poderes.
Poderes judiciales locales. Para la elección de jueces y magistrados locales, también será necesaria la certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Eficiencia. Para agilizar la solución de asuntos, la Suprema Corte funcionará en Pleno y en dos secciones. Habrá un nuevo esquema para que el Órgano de Administración Judicial cubra vacantes con prontitud. En el caso de renuncias o separación definitiva de funcionarios judiciales, se propone que el Senado elija a la persona sustituta.
Sistema de precedentes. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia solo serán obligatorias para el resto de los órganos jurisdiccionales si se publica una tesis. Con esto se dejaría atrás el sistema de precedentes actual en el que las sentencias son obligatorias con alcanzar la votación de la mayoría de los ministros.
La propuesta busca modificar los requisitos para ser electo ministro, magistrado o juez, eliminando el requisito de ser mexicano por nacimiento, para permitir contender a las personas que han sido naturalizadas mexicanas. En el documento no se expone cuáles son las razones de esta propuesta.
En la Iniciativa se menciona que una vez aprobadas las reformas constitucionales, podría impulsarse un Observatorio Ciudadano para evaluar públicamente el desempeño de las personas juzgadoras, sin embargo, no queda previsto en el texto constitucional que se pretende reformar.
6. Siguientes pasos
Ante cuestionamientos durante una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum ha respondido que están analizando si es conveniente o no aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, sin que a la fecha exista una propuesta concreta del Ejecutivo Federal. Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo pública la petición de ese órgano para que la elección judicial se realice en 2028, considerando que esto beneficiaría a la ciudadanía.
Sin embargo, la presión sobre el gobierno federal para que existan condiciones de certidumbre para los inversionistas, podría obligar a una reforma judicial que no se limite solamente a cambiar la fecha de la elección de jueces y magistrados, sino a una que resuelva la falta de credibilidad en la justicia mexicana. La Iniciativa de reforma recientemente presentada, puede ser un avance en abrir el debate público, pero será necesario observar si logra avanzar en el proceso legislativo y si recibe el visto bueno de quienes han subrayado la necesidad de un cambio.
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