Inteligencia artificial. Principios y referencias para juzgadores
Estrenamos una nueva sección “Inteligencia artificial” con dos criterios de un tribunal colegiado en los que valida el uso de nuevas tecnologías y además, señala los principios y referencias que pueden utilizar las personas juzgadoras.
Uso de inteligencia artificial para calcular una garantía
Un tribunal colegiado validó que un juzgado utilizara herramientas de inteligencia artificial para calcular el monto de una garantía en la tramitación de un juicio de amparo. Se trata de actividades que no forman parte del núcleo decisorio jurisdiccional, sino labores auxiliares susceptibles de apoyo tecnológico. El uso de inteligencia artificial no sustituye la labor de las personas juzgadoras, sino que facilita y eficientiza la administración de justicia. Registro: 2031009
Principios y referencias para el uso de inteligencia artificial
Para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales, las personas juzgadoras deben observar los principios de: a) proporcionalidad e inocuidad; b) protección de datos personales; c) transparencia y explicabilidad; y d) supervisión y decisión humanas. Como referencia pueden utilizarse las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable de la Comisión Europea, el Reglamento del Parlamento Europeo del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y sus principios éticos. Registro: 2031010
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, omisión legislativa
La omisión absoluta del Congreso de la Unión de legislar en materia procesal civil y familiar, viola el derecho de acceso a la justicia en su aspecto cualitativo, que se refiere a tener mejores leyes y ordenamientos que faciliten y eficienticen la administración de justicia. Esta obligación derivó de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana de septiembre de 2017. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2030989
¿Qué ha pasado con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? El Código se publicó en junio de 2023 y se estableció como fecha límite, el 1o de abril de 2027, para que la federación y las entidades federativas emitan la declaratoria de entrada en vigor. La Ciudad de México es la única entidad que ya publicó dicha declaratoria, pero será hasta 2026 que entre en vigor.
Colegio de abogado en defensa del derecho de acceso a la justicia
La Primera Sala reconoció el interés legítimo de un colegio de abogados para promover amparo en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en defensa del derecho de acceso a la justicia. [Jurisprudencia] Registros: 2031011 y 2031002
Deber de informar en cirugías de afirmación de género
En las cirugías plásticas con fines de afirmación de género, el deber de informar por parte del médico tratante y el consentimiento informado tiene un carácter diferenciado y reforzado, al estar protegidas por los derechos a la identidad, autonomía y salud. Por tanto, no es suficiente que el paciente firme las cartas de consentimiento informado definidas por las NOMs, sino que es necesario comunicarle completa y comprensiblemente los riesgos, complicaciones y posibles resultados adversos. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2030997
Acciones colectivas en competencia económica
Para la procedencia de una acción colectiva en materia de competencia económica debe considerarse como una resolución firme aquella en la que se determina la responsabilidad de agentes económicos por la comisión de prácticas monopólicas, emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica, sin que sea necesario que concluyan los juicios de amparo interpuestos en su contra. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: 2030990
SCJN valida tratamiento a actividades que no son objeto del IVA
La Primera Sala analizó la Ley del Impuesto al Valor Agregado, modificada en 2022, que estableció que las actividades que se realizan en el extranjero deben considerarse como “no objeto del impuesto” y por tanto, quedan fuera de la mecánica de acreditamiento del tributo. A pesar de que se les da un tratamiento distinto a las actividades realizadas en territorio nacional, esto no viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. [Jurisprudencia] Registro: 2031008
Límites para solicitar la nulidad de una patente
Una empresa farmacéutica solicitó la declaración de nulidad de la patente de un producto farmacéutico señalando que era similar a otros previamente existentes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desestimó la solicitud por considerar que carecía de interés jurídico. La Primera Sala confirmó la constitucionalidad de la legislación que establece que dicha declaratoria solo puede solicitarse por quien cuente con interés jurídico. [Jurisprudencia] Registro: 2031020
Asesinato de periodista ¿la revista en la que trabajaba es víctima del delito?
La empresa editora en la que trabajaba una corresponsal que fue asesinada, no tiene la calidad de víctima indirecta en la averiguación previa que siga el Ministerio Público, no obstante que Ley General de Víctimas reconozca que grupos, comunidades u organizaciones pueden ser considerados como víctimas del delito. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2031048
Interpretación del derecho a la libertad de expresión
La Primera Sala sostuvo que no puede considerarse que el daño sufrido por la privación de la vida de una persona periodista incide sólo en el derecho a la libertad de expresión de un sector poblacional exclusivo, por ejemplo en la empresa editora, ya que hacerlo implicaría excluir a otros sujetos que también pudieron haber sido afectados en algún interés de la misma índole. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2031016
Decomiso de bienes a una radiodifusora
La Primera Sala validó la disposición que señala que las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. No se trata de una confiscación, sino de un decomiso vinculado a la comisión de una infracción administrativa. [Jurisprudencia] Registro: 2031000
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