En esta edición analizamos la protección de los derechos del contribuyente frente a la negativa del SAT de una devolución, el alcance de la deducibilidad por el pago de una pena convencional y los criterios de validez contractual y transparencia en los contratos de franquicia.

Materialidad de operaciones en contribuyentes no obligados a llevar contabilidad

Si una persona contribuyente no tiene la obligación legal de llevar contabilidad, la autoridad fiscal no le puede exigir que acredite la materialidad de sus operaciones. Por lo tanto, resulta ilegal que el SAT le determine un crédito fiscal aplicando la presunción que permite considerar como ingresos, a los depósitos en cuenta bancaria que no correspondan con los registros contables. Registro: 2032572

Devolución de pago de lo indebido por ISR retenido por notario

La procedencia de la devolución de un pago de lo indebido por concepto de impuesto sobre la renta no está condicionada a que el notario público cumpla con su obligación de enterar al SAT la retención realizada a la persona contribuyente. La devolución no puede estar condicionada a que el fedatario cumpla con su obligación de enterar el impuesto. Registro: 2032559

Tasa del 16% de IVA a la venta de productos de yogurt

La enajenación de paletas y helados de yogurt está gravada con la tasa del 16% del impuesto al valor agregado, ya que se consideran alimentos preparados para su consumo inmediato. Al ser productos resultantes de una mezcla previa que se entregan listos para consumirse y conservarse en congelación en el establecimiento, no se benefician de la tasa del 0% aplicable a los productos destinados a la alimentación. Registro: 2032561 

Improcedencia de deducción en ISR por penas convencionales

No procede la deducción de una pena convencional para efecto del impuesto sobre la renta, por el incumplimiento de un contrato, cuando en este se previó un mecanismo para evitar el pago de la pena en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, y la persona contribuyente no lo ejerció. Al omitir ejercer este mecanismo, el pago de la pena deja de ser ajeno a su voluntad, por lo que desvirtúa la procedencia de la deducción fiscal. Registro: 2032562

Demanda contra AFORE promovida por extranjero

Cuando un trabajador extranjero presente demanda para recuperar los recursos acumulados en su AFORE afirmando su salida del país, no puede establecerse como requisito de procedibilidad acompañar a la demanda la documentación que acredite su intención de vivir y trabajar permanentemente en el extranjero. Los tribunales laborales carecen de atribuciones para exigir, de manera discrecional, pruebas específicas para admitir la demanda. [Pleno regional, jurisprudencia] Registros:  2032551 y 2032552

Suspensión provisional contra multas en juicio laboral

Procede otorgar la suspensión provisional en amparo para que no se ejecute una multa impuesta como medida de apremio en un juicio laboral, únicamente para el efecto de que no se ejecute hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha concesión no paraliza el procedimiento de origen ni depara un perjuicio al orden público. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032577

Falta de citas electrónicas para oficialía de partes

La falta de disponibilidad de citas en el sistema electrónico de la oficialía de partes común del Poder Judicial de la Ciudad de México, no viola el derecho de acceso a la justicia, ya que existen alternativas de atención presencial e inmediata para la presentación de escritos. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032560

Negativa de pasaporte a personas menores

La Secretaría de Relaciones Exteriores no puede negarse a iniciar el trámite para la expedición de un pasaporte ordinario de una persona menor de edad argumentando, de manera verbal, que existen inconsistencias en el acta de la madre, quien tiene doble nacionalidad. Esa negativa es arbitraria y vulnera la libertad de tránsito y el derecho a la identidad. Registro: 2032567

Nulidad en contratos de franquicia por vicios del consentimiento

Si previo a la celebración del acuerdo, el franquiciatario no entrega información sobre el estado de la empresa y el modelo de negocio, o la que proporciona no es verdadera, se actualiza un vicio del consentimiento que provoca la nulidad del contrato, al existir error en la voluntad de la persona que adquirió la franquicia. Registro: 2032556

Carga de la prueba en contratos de franquicia

Cuando la parte franquiciataria demanda la nulidad del contrato acusando información falsa o falta de entrega de datos, corresponde al franquiciante la carga de probar que sí proporcionó la información o su veracidad, al tener mayores elementos para hacerlo por ser la experta en el modelo de negocio que comercializa. Registro: 2032555

Participación en materia ambiental y el Acuerdo de Escazú

Para tener interés suspensional en amparo contra decisiones ambientales, basta que la persona haya participado en la consulta pública del proyecto inmobiliario y reclame que sus observaciones no fueron analizadas de manera seria e integral al otorgarse la autorización ambiental. Bajo el Acuerdo de Escazú, no es necesario probar que es habitante adyacente o beneficiario directo de los servicios del área natural protegida. Registro: 2032563

Suspensión contra expulsión de secundaria

Procede otorgar la suspensión provisional a un estudiante de secundaria que fue expulsado por acumular faltas al reglamento. El tribunal priorizó el derecho humano a la educación, por considerarlo necesario en una sociedad democrática, sobre la disciplina escolar interna, para evitar la pérdida del ciclo escolar. Registro: 2032576

Los tribunales consideraron procedente la suspensión en amparo para dos asuntos relevantes: la legislación que establece nuevas obligaciones a inmuebles en plataformas de hospedaje en la Ciudad de México y por los efectos de la nueva visita domiciliaria del SAT por comprobantes fiscales falsos.

Nueva visita domiciliaria por comprobantes fiscales falsos

Debe concederse la suspensión provisional contra los efectos del nuevo artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, de modo que el SAT no suspenda el certificado de sello digital del contribuyente durante el desarrollo de la visita domiciliaria en la que se determina si los comprobantes fiscales son falsos. La restricción para emitir comprobantes fiscales antes de que concluya el procedimiento de fiscalización, paraliza las operaciones comerciales del contribuyente sin una determinación previa fundada y motivada. Registro: 2032544

Impuesto ambiental por extracción de materiales pétreos

Para acreditar el interés jurídico en el amparo que se impugna el impuesto por emisión de contaminantes a la atmósfera en Nuevo León, son insuficientes las declaraciones en ceros. Se requiere demostrar un acto concreto de aplicación como el pago del impuesto o una determinación por parte de la autoridad, al tratarse de un un sistema normativo de naturaleza heteroaplicativa. Registros: 2032522 y 2032521

Corte de agua a guardería y garantía del interés fiscal

De concederse la suspensión definitiva a una guardería infantil en contra del corte de suministro de agua potable, es posible dispensarla de garantizar el interés fiscal de lo adeudado. Aunque la cantidad no pagada configura un crédito fiscal, deben ponderarse el derecho al agua y el interés superior de la niñez. La falta de suministro de agua afecta la higiene, salud, alimentación y seguridad de niñas y niños. Registro: 2032541

Cargos no reconocidos y dictamen de Condusef

El dictamen de la Condusef tiene carácter de título ejecutivo, si con motivo de transferencias bancarias no reconocidas por la usuaria, la institución financiera no acreditó haber autorizado dichas operaciones de acuerdo con los mecanismos de seguridad que está obligada a implementar en términos del contrato de depósito. Se trata de un incumplimiento de naturaleza contractual. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032547

Seguro de vida en crédito hipotecario

Si la persona que fallece tenía un crédito hipotecario en el que contrató un seguro de vida, el banco está obligado a solicitar el pago de la deuda a la aseguradora, en primer término. Solo podrá ejercer la acción hipotecaria contra la sucesión del deudor, si la aseguradora se niega a pagar por una razón justificada. Registro: 2032537

Responsabilidad del conductor de un autobús en accidente

Si la persona juzgadora considera que se debe eximir de responsabilidad al conductor de un autobús por causar la muerte de una persona adulta mayor que cruzó la calle, alegando que hubo culpa de la víctima, no puede basarse únicamente en lo observado en videos del momento del accidente. La culpa de la víctima debe ser siempre la excepción y nunca la regla, por lo que se requieren pruebas contundentes y claras que demuestren una conducta grave y temeraria por parte de la persona afectada. Registro: 2032536

Ley de Turismo en CDMX incide en derecho de propiedad

La Ley de Turismo de la Ciudad de México, al regular el funcionamiento de las estancias turísticas eventuales, establece un nuevo régimen que incide de manera directa en el derecho de propiedad, ya que establece la obligación de inscribirse en un Padrón de Anfitriones, limita la ocupación del inmueble al 50% de noches al año, así como otros requisitos y sanciones. Por tanto, para promover amparo, no es necesario demostrar una participación activa en las plataformas digitales de servicio de alojamiento. Registro:  2032524 

Interés legítimo en amparo contra Ley de Turismo de la CDMX

Es suficiente con acreditar que se es propietario o poseedor legal de un inmueble ubicado en la Ciudad de México, para reconocer el interés legítimo para promover amparo contra la Ley de Turismo de esta entidad, por su sola entrada en vigor. El interés legítimo en el amparo es un concepto íntimamente vinculado con los derechos de acceso a la justicia y de participación democrática para la protección efectiva de los derechos humanos. Registro: 2032523

Leyes autoaplicativas y estancia turística temporal en la CDMX

El concepto de ley autoaplicativa debe interpretarse conforme al interés legítimo y al derecho de acceso a la justicia. Además de considerar si la norma genera obligaciones inmediatas, debe analizarse si produce una afectación constitucional relevante, potencial o previsible. Se deben evitar interpretaciones formalistas que impidan la procedencia del amparo y dejen a las personas en estado de indefensión. Registro: 2032525

Acceso al expediente clínico y trato digno al paciente

El derecho humano a la salud incluye el derecho a que el paciente tenga acceso a su expediente clínico y a que se ordene la sustitución del médico tratante cuando esté recibiendo malos tratos. Por tanto, cuando la persona juzgadora ordene la suspensión de plano para que un hospital público proporcione atención médica completa al paciente, debe pronunciarse expresamente sobre el acceso al expediente y la sustitución del médico. Registro: 2032540

Negativa a solicitud de beneficios preliberacionales

Procede el amparo indirecto contra la resolución judicial que desecha o niega una solicitud de beneficios preliberacionales, sin necesidad de agotar recursos ordinarios. A pesar de que la persona sentenciada se encuentre privada de su libertad por una condena firme, la negativa del beneficio incide indirectamente en su libertad personal porque lo obliga a continuar en prisión. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032513

El SAT puede revisar por segunda ocasión a la empresa controladora, cuando obtuvo nueva información de otra que forma parte del mismo grupo. Personas que perdieron su vivienda debido a omisiones del Infonavit en los estudios de factibilidad de la construcción, demandan responsabilidad patrimonial del Estado.

Impuesto sobre nóminas y trabajadoras del hogar

La exención del pago del impuesto sobre nóminas previsto en la Ciudad de México para quienes contraten a personas trabajadoras del hogar, no transgrede el principio de equidad tributaria a pesar de no ser aplicable a empresas. Las dos categorías de empleadores no pueden equipararse, ya que el trabajo del hogar se presta en un espacio de vida familiar sin fines comerciales o lucrativos, mientras que las empresas operan mediante estructuras económicas y centros de trabajo. Registro: 2032496

Nueva revisión de gabinete por información de terceros

Un tribunal se pronunció sobre los casos en que la autoridad fiscal puede ejercer facultades de comprobación sobre conceptos específicos de una contribución, que ya fue previamente revisada, si se comprueben hechos diferentes. Cuando los hechos diferentes provengan de información y documentación de terceros, el Código Fiscal de la Federación no exige que estos medios sean proporcionados por dichos sujetos fuera del ejercicio de una facultad de comprobación. Registro: 2032505

Empresa controladora y segunda auditoría del SAT

El SAT puede realizar una segunda revisión de gabinete a la empresa controladora, si al haber efectuado una auditoría a una de las empresa del grupo, obtuvo información o documentos que se consideran en los supuestos de “hechos diferentes”. El concepto de “terceros” del artículo 53-C del Código Fiscal de la Federación es genérico y válidamente se puede emplear para la información obtenida de terceros relacionados con los contribuyentes que se fiscalizan. Registro: 2032504

Plazo para rendir prueba pericial en juicio contencioso administrativo

El plazo para que la persona perita rinda su dictamen comienza a correr al día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que apercibe a la parte oferente sobre las consecuencias de no presentarlo oportunamente y no, a partir de la aceptación del cargo. Con el apercibimiento se conocen las consecuencias jurídicas de un eventual incumplimiento. Registro: 2032498

Responsabilidad patrimonial del Infonavit por pérdida de vivienda

La responsabilidad patrimonial del Estado puede actualizarse cuando el Infonavit omita revisar la factibilidad del terreno en que construyó las viviendas que después presentaron  daños estructurales y que provocaron su pérdida. Las personas afectadas podrán reclamar la responsabilidad patrimonial por la inobservancia del Infonavit de deberes legales previos a la firma del contrato de compraventa con los afectados, vinculados con su función pública de garantizar vivienda adecuada a las personas trabajadoras. En consecuencia, los daños sufridos no derivan del contrato de compraventa. Registros: 2032502 y 2032503

Momento para contabilizar el plazo para ampliación de demanda

Si después de rendido el informe justificado, el juez requiere a la autoridad responsable a que presente los videos de las audiencias que sirvieron de sustento para la emisión del acto reclamado -una orden de aprehensión-, el quejoso podrá ampliar la demanda, debiéndose contabilizar el plazo desde el momento en que se exhibieron los videos y no a partir de la fecha en que se le notificó el informe justificado. Registro: 2032483

Alcance de protección a persona adulta mayor en juicio

La resolución en la que se revoca una sentencia en materia civil y se ordena reponer el procedimiento por actualizarse un litisconsorcio necesario, no puede considerarse como un acto de imposible reparación para la procedencia del amparo, por el solo hecho de que una de las partes en el juicio de origen sea una persona adulta mayor de edad muy avanzada, que considera que se afectarán sus derechos por la dilación en la tramitación del juicio. Los adultos mayores tienen una tutela reforzada, pero ello no permite equiparar toda prolongación del juicio con una lesión irreparable. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032479

Identificación de clientes por agentes aduanales

Es improcedente conceder la suspensión provisional contra la reforma legal que entró en vigor en enero de 2026, que obliga a los agentes aduanales a integrar expedientes de identificación de quienes soliciten sus servicios. La medida busca evitar prácticas ilegales que afecten el sistema tributario, la economía y la seguridad nacional, por lo que de concederse la suspensión se afectaría el interés social. Registro: 2032506

Acción procedente para recuperar posesión de domicilio familiar

Es improcedente la acción personal para recuperar la posesión de un inmueble, cuando se promueve por el exconcubino que pretende recuperar el inmueble en el que habitan la madre de su hijo y el menor, y que forma parte de la obligación de proporcionar alimentos. Es necesario tramitar juicio en la vía familiar para garantizar el derecho del hijo menor de edad a recibir alimentos, que incluye el derecho de habitación. Registro: 2032478

Compensación económica solicitada por cónyuge que se dedicó al hogar

Una vez decretado el divorcio, si uno de cónyuges solicita una compensación de bienes y se acredita la dedicación preponderante al trabajo del hogar y se advierte una situación de asimetría patrimonial entre las partes, el juez no podrá negar la solicitud por falta de pruebas, sino que está obligado a allegarse de aquellas que sean necesarias para esclarecer la situación patrimonial de las partes, sin que esto implique sustituirse en la carga de prueba que les corresponde. Registro: 2032484

Aseguramiento de derechos de cobro

No se actualiza la presunción de daños y perjuicios, si con motivo de la suspensión en el juicio de amparo se impide el levantamiento de las providencias precautorias dictadas en un juicio mercantil sobre derechos de cobro, sin paralizar el pago de un crédito líquido y exigible. Los derechos de cobro son expectativas patrimoniales que están sujetas a ciertas condiciones, por tanto, para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, debe probarse directamente el daño, su cuantía, fecha, causa y nexo con la suspensión. Registro: 2032490

2. Portal PLD, e.firma y notificaciones electrónicas

2.1. Portal PLD

Personas y empresas que realizan actividades vulnerables deben darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero en Internet. A pesar de que en la práctica esto ya se realiza, con la reforma a la Ley se incluyó en la lista de obligaciones del artículo 18, que los sujetos deben efectuar su alta y registro ante el SAT, así como mantener actualizada su información.

Al incluirse en la lista del artículo 18, se introduce un cambio importante: la omisión de cumplir con esta obligación se sanciona con multa que puede ir de $23 mil a $234 mil pesos (200 a 2 mil UMAs).

2.2. e.firma

En el Reglamento y en las Reglas se introdujeron modificaciones al uso de la firma electrónica avanzada (e.firma). Se busca implementar un sistema similar al que utiliza el SAT en materia fiscal.

• Para personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas que realizan actividades vulnerables, se prohíbe expresamente el uso de la e.firma del representante legal, apoderado o fideicomitente, para el trámite de alta y registro en el Portal.
• Debe firmarse mediante la e.firma de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica, la misma que se utiliza para trámites fiscales.

2.3. Notificaciones electrónicas

En el Reglamento se introdujo el uso de las notificaciones electrónicas por parte del SAT. Las Reglas señalan que se implementará un sistema de notificaciones electrónicas de requerimientos y resoluciones dirigidos a los sujetos obligados, a través del Portal.

• Nueva regla de control: el sujeto obligado cuenta con tres días hábiles para abrir los documentos digitales desde que se envían, de no hacerlo, la notificación se tiene por realizada al cuarto día hábil. Esta regla ya se utiliza para el buzón tributario.
• Elimina el aviso por correo electrónico en el que la autoridad comunicaba al sujeto obligado que se le realizaría una notificación a través del Portal.
• Prevé el deber de consultar el Portal al menos una vez cada día hábil. Antes, la obligación de consulta era cada quince días.

El SAT tendrá que implementar el sistema de notificaciones electrónicas dentro del plazo de ocho meses siguientes a la entrada en vigor de las Reglas. La fecha límite es el 30 de julio de 2027, por lo que los sujetos obligados deben estar pendientes de su implementación.

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La Suprema Corte validó la transferencia de recursos de los trabajadores, de las afores al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la misma sesión, validó el bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Un tribunal sostuvo que no todas las comunicaciones entre un cliente y su abogado tienen el carácter de confidenciales.

Suprema Corte valida bloqueo de cuentas de la UIF y niega suspensión definitiva

La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias derivado de investigaciones de origen nacional, siempre que se sustenten en indicios razonables y suficientes sobre la posible existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En consecuencia, no procede la suspensión definitiva en contra del bloqueo de cuentas bancarias, incluso cuando la orden provenga de una autoridad nacional.

En este asunto se consideró lo previsto en la fracción XIV, del artículo 129 de la Ley de Amparo, reformado en octubre de 2025. Además, se abandonaron las jurisprudencias 2a./J. 87/2019 y 2a./J. 117/2024 emitidas por la extinta Segunda Sala. Proyecto, Comunicado 114/2026

Listado de personas bloqueadas de la UIF  y suspensión

No procede conceder la suspensión provisional en contra de la inclusión en la lista de personas bloqueadas que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera con base en la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior debido a que la Ley de Amparo expresamente así lo señala en su artículo 129. La finalidad es evitar la dispersión de recursos aparentemente ilícitos sin que sea necesario que se acredite, en cierto grado, la comisión de algún hecho constitutivo de delito. Registro: 2032474

Surtimiento de efectos de la suspensión

La suspensión surte sus efectos desde el momento en que la persona juzgadora lo autoriza con su firma electrónica certificada, independientemente de que sea notificada con posterioridad a las partes. No puede considerarse que hubo incumplimiento de la suspensión si el acto se ejecutó previo a la concesión de la suspensión. Registro: 2032472

Plazo de ocho años para promover amparo penal

La persona que impugne la sentencia en la que se le impuso una pena de prisión, cuenta con un plazo de hasta ocho años para reclamarla a través de amparo directo, a pesar de haber permanecido en libertad durante el proceso. El plazo no está condicionado a que la persona sentenciada haya estado en prisión preventiva durante el proceso penal. Registro: 2032447

Visitadores y valoración de información en visitas domiciliarias

Los visitadores tienen la facultad de valorar los documentos e información obtenida durante la visita domiciliaria y de señalar que no se desvirtuaron los hechos y omisiones detectados, en términos del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, es válido que los visitadores asienten en el acta final, que el salario base de cotización de los trabajadores era diferente a aquel conforme al que el patrón cubrió las aportaciones obrero-patronales correspondientes. Registro: 2032477

Pago de lo indebido y devolución con intereses

El pago de una multa de tránsito municipal que posteriormente es declarada nula constituye pago de lo indebido, por lo tanto, la autoridad debe pagar intereses al contribuyente desde el momento en que pagó la multa hasta aquel en que la autoridad efectúe la devolución.  [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: 2032457

Límite a la protección de comunicaciones cliente-abogado

No todas las comunicaciones entre un cliente y su abogado tienen el carácter de confidenciales, así lo resolvió un tribunal respecto de información obtenida por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica en una investigación por prácticas monopólicas. La protección se limita a consultas o consejos jurídicos, es decir, cuando el abogado emite un criterio jurídico autónomo para asesorar a su cliente. Por tanto, se deberá atender al contenido de la comunicación para acreditar que el profesionista actuó como consejero legal. Registro: 2032454

Transferencia de recursos de afores a nuevo Fondo para el Bienestar

La Suprema Corte validó el proceso legislativo que llevó a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, a través de la modificación de diversas leyes. También se pronunció sobre la validez de las disposiciones que permiten que las afores transmitan al referido Fondo, los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores que no reclamen sus recursos al cumplir cierta edad, 70 años para los afiliados al IMSS y 75 para los afiliados al ISSSTE

De acuerdo con el Pleno, la transferencia de recursos no implica que los trabajadores dejen de ser los beneficiarios de los recursos, sino únicamente cambia la institución que los administrará. Comunicado No. 114/2026

Condena por falta de inscripción al IMSS a trabajadora del hogar

La condena a la inscripción en instituciones de seguridad social y al pago de las aportaciones de una persona trabajadora del hogar debe imponerse a partir del 2 de julio de 2021, fecha en que inició la vigencia de la reforma que estableció la obligación de incorporación a dicho régimen. Por tanto, no podrá obligarse al patrón a realizar la inscripción y el pago retroactivo de las cuotas, desde la fecha en que ingresó a laborar la trabajadora, en caso de haber sucedido en fecha anterior. Registro: 2032461

Preguntas del juzgador durante interrogatorio en juicio oral

La persona juzgadora puede formular válidamente preguntas aclaratorias durante el desarrollo de un interrogatorio, sin que esto transgreda el principio de contradicción ni el de imparcialidad. Las preguntas deben limitarse a aclarar las respuestas manifestadas por el declarante, por lo que el juzgador no debe asumir funciones inquisitivas, modificar la dinámica adversarial, introducir elementos o hipótesis ajenas al debate. [Pleno, Jurisprudencia] Registros: 2032463 y 2032464

Vía oral mercantil en arrendamientos comerciales

Las controversias derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles comerciales deben tramitarse en la vía oral mercantil y no en la civil, a través del juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral regulado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es de aplicación supletoria al Código de Comercio. De esta forma se asegura el principio de celeridad que rige en materia mercantil. Registro: 2032449

Responsabilidad penal por desaparición forzada

En el proceso penal por el delito de desaparición forzada de personas, no puede atribuírsele -en automático- responsabilidad a los superiores jerárquicos, por considerar que conocieron o debieron conocer de la privación de la libertad de la víctima ejecutada por agentes subordinados.

Es necesario demostrar, más allá de toda duda razonable: i) que existe control efectivo sobre quien realizó la conducta, ii) el conocimiento real del superior o razones suficientes para conocer de los hechos, iii) la omisión de adoptar las medidas necesarias para prevenir el delito, hacerlo cesar o avisar a la autoridad, iv) la existencia de un nexo entre el incumplimiento del deber de control y la comisión del delito. Registro: 2032453

Obligación de preservar el lugar de los hechos

La Suprema Corte resolvió que la obligación que tienen los miembros de la policía de preservar el lugar de los hechos y garantizar la integridad de los indicios, no invade las facultades de investigación otorgadas al ministerio público y a otras autoridades. Si bien, la rectoría de la investigación de los delitos corresponde al ministerio público, actúa de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional y la policía. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: 2032444

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita estableció, en julio de 2025, nuevas obligaciones generales y definiciones de conceptos clave. El Reglamento, modificado en marzo de 2026, junto con las Reglas, definen los parámetros técnicos, metodologías y plazos para su ejecución.

En PDeA Abogados elaboramos una guía práctica -que se publicará en varias entregas-, dirigida a quienes realizan actividades vulnerables, sobre los siguientes temas:

• Alta, registro y notificaciones electrónicas
• El enfoque basado en riesgos (EBR)
• Identificación de clientes y expediente único
• Clasificación del grado de riesgo de los clientes
• Personas políticamente expuestas (PEPs)
• Identificación del beneficiario controlador
• Plazos y formas para la presentación de avisos
• Manual de políticas internas
• Mecanismos automatizados y auditoría de cumplimiento

El primer reto para personas y empresas que están sujetas a esta legislación, es comprender el calendario de cumplimiento que establecen las Reglas para cada una de las nuevas obligaciones:

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Esta semana llegamos a nuestro blog 250. Gracias por acompañarnos en más de cinco años en los que hemos visto el actuar del Poder Judicial Federal y de la justicia en nuestro país.

Prescripción de créditos fiscales

Para contabilizar el plazo de prescripción, la exigibilidad de un crédito fiscal no depende de la firmeza de la resolución que lo contiene, esto es, de que se haya reconocido su validez, sino de que no haya sido pagado o debidamente garantizado dentro del plazo legal correspondiente, independientemente de que sea impugnado. Registro: 2032409

Definición del tipo penal de peculado

La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del delito de peculado previsto en el Código Penal Federal, al concluir que los conceptos: “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”, no generan confusión ni transgreden el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. [Jurisprudencia] Registro: 2032419

Reserva de identidad de autoridades en prevención de lavado de dinero

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece que deberá mantenerse en reserva la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervienen en actos y resoluciones derivadas de dicha Ley, es una medida necesaria y razonable para proteger la integridad de los servidores públicos y no afecta la seguridad jurídica de los particulares. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032429

Datos de servidores públicos como elemento de validez

La jurisprudencia de la Suprema Corte que estableció que, en las resoluciones judiciales es necesario identificar al funcionario que la emitió, no resulta aplicable para las resoluciones emitidas en prevención de lavado de dinero, ya que esta materia establece requisitos propios de validez.  [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032441

Alcance de la jurisprudencia sobre “jueces sin rostro”

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostuvo que la figura de “jueces sin rostro” es inconvencional, no es trasladable a la materia de prevención de lavado de dinero. Dicha jurisprudencia se refiere a procesos penales en los que, la reserva de datos de los juzgadores derivó en violaciones de derechos humanos.  [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032440

Los criterios de la Corte Interamericana sobre “jueces sin rostro” se desarrollaron en las sentencias de los casos García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú y J. vs. Perú, en los que se analizó esta figura a luz de las garantías judiciales y del principio de legalidad.

Cláusula para modificar la tasa de interés en contratos bancarios

Es nula la cláusula de un contrato de depósito, en la que la institución bancaria  se reservó el derecho a modificar de forma unilateral, la tasa de interés fija convenida inicialmente, si en el contrato no se precisaron los supuestos y condiciones que deben observarse para realizar el ajuste a dichas tasas. Registro: 2032407

Carga de la prueba en compra en línea no reconocida

Los bancos tienen la carga de la prueba para acreditar la fiabilidad de la transacción, cuando se trate de compras realizadas vía internet no reconocidas por el cuentahabiente. La institución bancaria es quien diseña los sistemas de seguridad que protegen sus plataformas digitales de servicios financieros. Registro: 2032418

Notificación de incidente de liquidación de gastos y costas

El auto de admisión del incidente de liquidación de gastos y costas, promovido en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, debe notificarse de forma personal. El incidente es un procedimiento autónomo con una litis propia equiparable a un juicio, por ello su notificación se equipara al emplazamiento a juicio. Registro: 2032414

Efecto liberatorio de oferta de pago para un crédito

Si una persona finiquitó un crédito con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de acuerdo con una oferta realizada en su portal electrónico para el “pago total”, se considera que actuó de buena fe y produce efectos liberatorios. Por tanto, la institución no podrá realizar cobros subsecuentes, a pesar de no haberse cubierto la totalidad del crédito contratado. Registro: 2032432

Vía para modificar el régimen de convivencias

La acción de modificación del régimen de convivencias entre padre e hijo puede ejercerse indistintamente mediante un juicio principal o uno incidental. El legislador no estableció expresamente la forma en que debe tramitarse dicha acción. Registro: 2032435

La Suprema Corte analizó si una mujer debe o no retirarse el velo islámico para la expedición de su pasaporte ¿cuál es el alcance de la libertad religiosa? Además, un tribunal resolvió que una aseguradora cometió actos de discriminación en contra de un matrimonio igualitario.

Expedición de pasaporte y velo islámico

La Suprema Corte sostuvo que las autoridades deben permitir a la persona que solicita un pasaporte, el uso de indumentaria religiosa en su fotografía, si no impide su adecuada identificación. El Estado laico protege el principio de neutralidad a la par de las libertades de las personas. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032380

Interpretación conforme para expedición de pasaporte

Debe realizarse una interpretación conforme de los requisitos para la expedición de pasaportes, en específico de aquel que establece que la persona solicitante debe ser fotografiada con la cabeza descubierta, para permitir el uso del velo islámico.  [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032392

Libertad de conciencia y religiosa

Desde 2013 se protegió a nivel constitucional el derecho a las libertades de convicciones éticas, de conciencia y de religión. La libertad de conciencia protege las creencias que son relevantes en el fuero interno de las personas y abarca el derecho a tener convicciones, a expresarlas o no, y a comportarse conforme a dichas creencias. La libertad religiosa garantiza que las personas puedan profesar una religión si así lo desean. Ambas libertades están protegidas tanto en su dimensión interna como en su manifestación externa. [Pleno, jurisprudencia] Registros: 2032387, 2032388 y 2032389.

Responsabilidad de ministerio público por actividad irregular

Si el ministerio público abusó de sus facultades para acusar a una persona como probable responsable del delito de homicidio calificado y ejercer acción penal en su contra, la persona afectada debe acudir a la vía administrativa y no a la civil, para reclamar la responsabilidad patrimonial por la actividad irregular de los funcionarios que le causaron un daño. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032384

Discriminación de aseguradora y daño moral

Una aseguradora cometió actos de discriminación y por tanto, ocasiona un daño moral, si  en el contrato de seguro individual se apartó de las condiciones ofertadas, no cubrió los gastos por parto y por la atención médica derivada de tratamientos para procrear, y además, en le contrato se utilizó un lenguaje discriminatorio para referirse al matrimonio igualitario. Registro: 2032376

Daños punitivos ante discriminación de aseguradora

La denominación sin justificación en el contrato de seguro como “pareja del mismo sexo”, al cónyuge de la persona asegurada, es un acto de discriminación que debe ser sancionado y desincentivado por lo que, en su contra, también proceden los daños punitivos. Registro: 2032390

Resolución que pone fin a procedimiento de verificación del INAI

En contra de la resolución dictada por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que puso fin al procedimiento de verificación y ordenó el inicio del procedimiento sancionador, no procede el juicio de amparo al tratarse de una resolución intraprocesal. El amparo debe promoverse en contra de la resolución que concluya el procedimiento sancionador. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032361

Cosa juzgada en derechos de las infancias

Si se promovieron diversos juicios de amparo, con motivo de un juicio de divorcio y de las medidas provisionales para la guarda y custodia del hijo menor de edad, no basta la existencia de una resolución previa dentro de la cadena procesal, para declarar la cosa juzgada en uno de los juicios de amparo. Cuando se involucren derechos de las infancias y adolescencia, la cosa juzgada aplica de forma excepcional y restrictiva, por lo que el juzgador deberá, previamente, asegurarse del bienestar de la persona menor de edad. Registro: 2032371

Condicionamiento de pensión vitalicia a designación de beneficiario

El requisito previsto en el contrato colectivo de Pemex en el que se condiciona el acceso a la pensión post-mortem vitalicia, a que el trabajador haya designado como beneficiaria a su cónyuge o concubina, contraviene el derecho a la seguridad social. La designación de la persona beneficiaria es un mero trámite administrativo y traslada a la familia las consecuencias de la omisión del trabajador. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032393

Trabajadora desempeña alto puesto y recibe menor salario

La Comisión Federal de Electricidad debe pagar las diferencias salariales a una persona trabajadora, a la que se le encargó que desempeñara funciones de un puesto superior, a pesar de no habérsele otorgado formalmente el nombramiento respectivo. El pago de las diferencias salariales deberá realizarse de manera retroactiva, durante el tiempo que desempeñó el cargo. Registro: 2032378

Plazo especial para prescripción en delito de fraude

Un tribunal validó la legislación de Puebla, que establece que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción penal en el delito de fraude, debe computarse a partir de que la víctima tenga conocimiento del hecho ilícito y del probable responsable. No aplica el plazo genérico de dos años para la prescripción de delitos perseguibles por querella, ya que atendiendo a que a la naturaleza del delito de fraude, el engaño puede permanecer oculto por años. Registro: 2032395

Un tribunal analizó los requisitos del domicilio fiscal de las personas morales y las visitas de verificación de las autoridades fiscales. Respecto de la publicación de la nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México en 2024, un tribunal analizó la constitucionalidad de los artículos que regulan la protección de áreas verdes.

Domicilio fiscal de las personas morales

El domicilio fiscal de una empresa debe ser la principal sede de dirección administrativa o gestión de negocios y, en dicho lugar debe encontrarse la información y documentación que respalde el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de modo que la autoridad fiscal pueda ejercer sus facultades de comprobación. Registro: 2032322

Visita para verificar el domicilio fiscal de una empresa

Las autoridades fiscales pueden realizar una visita para verificar, si el lugar señalado por el contribuyente como domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes, cumple con los requisitos establecidos en la legislación. El ejercicio de dicha facultad no está condicionada a que el contribuyente realice un trámite previo ante las autoridades fiscales. Registro: 2032311

Autoridad obligada a suministrar medicamentos para cáncer

Atendiendo al acuerdo de coordinación celebrado por el estado de Zacatecas, corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar brindar los medicamentos necesarios para el tratamiento de una niña que padece leucemia, a pesar de que la prestación de servicios médicos especializados de tercer nivel, se realice por las instituciones estatales. [Jurisprudencia] Registro: 2032330

Juicio contencioso administrativo contra resolución de Profeco

Procede el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de la Procuraduría Federal del Consumidor, si en el procedimiento de conciliación no se emplazó a una de las empresas proveedoras y se ordenó el archivo del expediente. Se trata de una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que rigen el mecanismo alternativo de solución de controversias. Registro: 2032332

Compensación de áreas verdes en la Ciudad de México

La Ley Ambiental de la Ciudad de México, publicada en 2024, viola el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de progresividad, al modificar la forma en que pueden compensarse las áreas verdes que se ven afectadas por la ejecución de obras públicas, permitiendo que se compensen con una superficie igual, una superficie mayor o bien, por otra en el lugar cercano. La ley anterior otorgaba una mayor protección. Registro: 2032312

Modificación de áreas verdes por obras privadas

La Ley Ambiental de la Ciudad de México viola el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de progresividad, al permitir que las áreas verdes puedan modificarse por la realización de obras privadas. La ley anterior solo permitía la construcción en áreas verdes para la realización de obras públicas. Registro: 2032314

Áreas verdes mínimas por habitante

Es constitucional la Ley Ambiental de la Ciudad de México al regular la obligación de las alcaldías de contar con un mínimo de 9 m2 de áreas verdes por habitante, aun y cuando no establece de manera expresa la forma en que la autoridad debe crear nuevas áreas verdes, como si lo hacía la ley anterior.  Registro: 2032315

Resolución sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil

La regla del artículo 1390 Bis del Código de Comercio que establece que en contra de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, es aplicable a las resoluciones que concedan o nieguen providencias precautorias. Por tanto, pueden ser impugnadas mediante amparo indirecto. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032344

Derecho de petición por correo electrónico

Ante la falta de respuesta de una autoridad a la que se le dirigió una solicitud en ejercicio del derecho de petición, mediante un correo electrónico, el juez de amparo debe recabar de oficio las pruebas necesarias que demuestren que sí fue enviado el correo, cuando la autoridad niegue haberla recibido y exista evidencia que el correo sí fue enviado. Registro: 2032342

Controversia constitucional promovida fuera de plazo

Para contabilizar el plazo para presentar controversia constitucional, la autoridad promovente utilizó el calendario de días inhábiles para procedimientos de acceso a la información, publicado por la Suprema Corte, lo que llevó a la presentación extemporánea. En jurisprudencia se resolvió que dicho calendario no tiene carácter normativo ni suspende los plazos procesales para promover controversias constitucionales. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032320

Principio pro actione no puede invocarse por demanda extemporánea

La Suprema Corte sostuvo que no puede invocarse el principio pro actione por parte de la autoridad, con la intención de que se admitiera la demanda de controversia constitucional presentada fuera de plazo. Dicho principio no puede invocarse para extender plazos procesales vencidos. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032321

Pruebas para acreditar muerte de trabajador y acceder a seguro de vida

Para acreditar la causa de muerte de un trabajador del IMSS por parte de los beneficiarios que buscan recibir el seguro de vida, no es suficiente el acta de defunción, sino que deben aportar medios de prueba técnicos como el informe de autopsia o el certificado médico respectivo. Registro: 2032308

Beneficiarios del trabajador fallecido e interés superior de la niñez

Aun y cuando de las pruebas de ADN se acredite que no existe una relación biológica entre un niño y el trabajador fallecido, el juzgador debe privilegiar los vínculos familiares que existieron entre ellos, para determinar si puede ser considerado beneficiario de la indemnización correspondiente. En atención al interés superior de la niñez, se debe privilegiar el estado de familia consolidado en el tiempo, sobre la verdad biológica. Registro: 2032316