Esta semana llegamos a nuestro blog 250. Gracias por acompañarnos en más de cinco años en los que hemos visto el actuar del Poder Judicial Federal y de la justicia en nuestro país.

Prescripción de créditos fiscales

Para contabilizar el plazo de prescripción, la exigibilidad de un crédito fiscal no depende de la firmeza de la resolución que lo contiene, esto es, de que se haya reconocido su validez, sino de que no haya sido pagado o debidamente garantizado dentro del plazo legal correspondiente, independientemente de que sea impugnado. Registro: 2032409

Definición del tipo penal de peculado

La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del delito de peculado previsto en el Código Penal Federal, al concluir que los conceptos: “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”, no generan confusión ni transgreden el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. [Jurisprudencia] Registro: 2032419

Reserva de identidad de autoridades en prevención de lavado de dinero

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece que deberá mantenerse en reserva la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervienen en actos y resoluciones derivadas de dicha Ley, es una medida necesaria y razonable para proteger la integridad de los servidores públicos y no afecta la seguridad jurídica de los particulares. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032429

Datos de servidores públicos como elemento de validez

La jurisprudencia de la Suprema Corte que estableció que, en las resoluciones judiciales es necesario identificar al funcionario que la emitió, no resulta aplicable para las resoluciones emitidas en prevención de lavado de dinero, ya que esta materia establece requisitos propios de validez.  [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032441

Alcance de la jurisprudencia sobre “jueces sin rostro”

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostuvo que la figura de “jueces sin rostro” es inconvencional, no es trasladable a la materia de prevención de lavado de dinero. Dicha jurisprudencia se refiere a procesos penales en los que, la reserva de datos de los juzgadores derivó en violaciones de derechos humanos.  [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032440

Los criterios de la Corte Interamericana sobre “jueces sin rostro” se desarrollaron en las sentencias de los casos García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú y J. vs. Perú, en los que se analizó esta figura a luz de las garantías judiciales y del principio de legalidad.

Cláusula para modificar la tasa de interés en contratos bancarios

Es nula la cláusula de un contrato de depósito, en la que la institución bancaria  se reservó el derecho a modificar de forma unilateral, la tasa de interés fija convenida inicialmente, si en el contrato no se precisaron los supuestos y condiciones que deben observarse para realizar el ajuste a dichas tasas. Registro: 2032407

Carga de la prueba en compra en línea no reconocida

Los bancos tienen la carga de la prueba para acreditar la fiabilidad de la transacción, cuando se trate de compras realizadas vía internet no reconocidas por el cuentahabiente. La institución bancaria es quien diseña los sistemas de seguridad que protegen sus plataformas digitales de servicios financieros. Registro: 2032418

Notificación de incidente de liquidación de gastos y costas

El auto de admisión del incidente de liquidación de gastos y costas, promovido en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, debe notificarse de forma personal. El incidente es un procedimiento autónomo con una litis propia equiparable a un juicio, por ello su notificación se equipara al emplazamiento a juicio. Registro: 2032414

Efecto liberatorio de oferta de pago para un crédito

Si una persona finiquitó un crédito con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de acuerdo con una oferta realizada en su portal electrónico para el “pago total”, se considera que actuó de buena fe y produce efectos liberatorios. Por tanto, la institución no podrá realizar cobros subsecuentes, a pesar de no haberse cubierto la totalidad del crédito contratado. Registro: 2032432

Vía para modificar el régimen de convivencias

La acción de modificación del régimen de convivencias entre padre e hijo puede ejercerse indistintamente mediante un juicio principal o uno incidental. El legislador no estableció expresamente la forma en que debe tramitarse dicha acción. Registro: 2032435

La Suprema Corte analizó si una mujer debe o no retirarse el velo islámico para la expedición de su pasaporte ¿cuál es el alcance de la libertad religiosa? Además, un tribunal resolvió que una aseguradora cometió actos de discriminación en contra de un matrimonio igualitario.

Expedición de pasaporte y velo islámico

La Suprema Corte sostuvo que las autoridades deben permitir a la persona que solicita un pasaporte, el uso de indumentaria religiosa en su fotografía, si no impide su adecuada identificación. El Estado laico protege el principio de neutralidad a la par de las libertades de las personas. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032380

Interpretación conforme para expedición de pasaporte

Debe realizarse una interpretación conforme de los requisitos para la expedición de pasaportes, en específico de aquel que establece que la persona solicitante debe ser fotografiada con la cabeza descubierta, para permitir el uso del velo islámico.  [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032392

Libertad de conciencia y religiosa

Desde 2013 se protegió a nivel constitucional el derecho a las libertades de convicciones éticas, de conciencia y de religión. La libertad de conciencia protege las creencias que son relevantes en el fuero interno de las personas y abarca el derecho a tener convicciones, a expresarlas o no, y a comportarse conforme a dichas creencias. La libertad religiosa garantiza que las personas puedan profesar una religión si así lo desean. Ambas libertades están protegidas tanto en su dimensión interna como en su manifestación externa. [Pleno, jurisprudencia] Registros: 2032387, 2032388 y 2032389.

Responsabilidad de ministerio público por actividad irregular

Si el ministerio público abusó de sus facultades para acusar a una persona como probable responsable del delito de homicidio calificado y ejercer acción penal en su contra, la persona afectada debe acudir a la vía administrativa y no a la civil, para reclamar la responsabilidad patrimonial por la actividad irregular de los funcionarios que le causaron un daño. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032384

Discriminación de aseguradora y daño moral

Una aseguradora cometió actos de discriminación y por tanto, ocasiona un daño moral, si  en el contrato de seguro individual se apartó de las condiciones ofertadas, no cubrió los gastos por parto y por la atención médica derivada de tratamientos para procrear, y además, en le contrato se utilizó un lenguaje discriminatorio para referirse al matrimonio igualitario. Registro: 2032376

Daños punitivos ante discriminación de aseguradora

La denominación sin justificación en el contrato de seguro como “pareja del mismo sexo”, al cónyuge de la persona asegurada, es un acto de discriminación que debe ser sancionado y desincentivado por lo que, en su contra, también proceden los daños punitivos. Registro: 2032390

Resolución que pone fin a procedimiento de verificación del INAI

En contra de la resolución dictada por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que puso fin al procedimiento de verificación y ordenó el inicio del procedimiento sancionador, no procede el juicio de amparo al tratarse de una resolución intraprocesal. El amparo debe promoverse en contra de la resolución que concluya el procedimiento sancionador. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032361

Cosa juzgada en derechos de las infancias

Si se promovieron diversos juicios de amparo, con motivo de un juicio de divorcio y de las medidas provisionales para la guarda y custodia del hijo menor de edad, no basta la existencia de una resolución previa dentro de la cadena procesal, para declarar la cosa juzgada en uno de los juicios de amparo. Cuando se involucren derechos de las infancias y adolescencia, la cosa juzgada aplica de forma excepcional y restrictiva, por lo que el juzgador deberá, previamente, asegurarse del bienestar de la persona menor de edad. Registro: 2032371

Condicionamiento de pensión vitalicia a designación de beneficiario

El requisito previsto en el contrato colectivo de Pemex en el que se condiciona el acceso a la pensión post-mortem vitalicia, a que el trabajador haya designado como beneficiaria a su cónyuge o concubina, contraviene el derecho a la seguridad social. La designación de la persona beneficiaria es un mero trámite administrativo y traslada a la familia las consecuencias de la omisión del trabajador. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032393

Trabajadora desempeña alto puesto y recibe menor salario

La Comisión Federal de Electricidad debe pagar las diferencias salariales a una persona trabajadora, a la que se le encargó que desempeñara funciones de un puesto superior, a pesar de no habérsele otorgado formalmente el nombramiento respectivo. El pago de las diferencias salariales deberá realizarse de manera retroactiva, durante el tiempo que desempeñó el cargo. Registro: 2032378

Plazo especial para prescripción en delito de fraude

Un tribunal validó la legislación de Puebla, que establece que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción penal en el delito de fraude, debe computarse a partir de que la víctima tenga conocimiento del hecho ilícito y del probable responsable. No aplica el plazo genérico de dos años para la prescripción de delitos perseguibles por querella, ya que atendiendo a que a la naturaleza del delito de fraude, el engaño puede permanecer oculto por años. Registro: 2032395

Un tribunal analizó los requisitos del domicilio fiscal de las personas morales y las visitas de verificación de las autoridades fiscales. Respecto de la publicación de la nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México en 2024, un tribunal analizó la constitucionalidad de los artículos que regulan la protección de áreas verdes.

Domicilio fiscal de las personas morales

El domicilio fiscal de una empresa debe ser la principal sede de dirección administrativa o gestión de negocios y, en dicho lugar debe encontrarse la información y documentación que respalde el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de modo que la autoridad fiscal pueda ejercer sus facultades de comprobación. Registro: 2032322

Visita para verificar el domicilio fiscal de una empresa

Las autoridades fiscales pueden realizar una visita para verificar, si el lugar señalado por el contribuyente como domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes, cumple con los requisitos establecidos en la legislación. El ejercicio de dicha facultad no está condicionada a que el contribuyente realice un trámite previo ante las autoridades fiscales. Registro: 2032311

Autoridad obligada a suministrar medicamentos para cáncer

Atendiendo al acuerdo de coordinación celebrado por el estado de Zacatecas, corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar brindar los medicamentos necesarios para el tratamiento de una niña que padece leucemia, a pesar de que la prestación de servicios médicos especializados de tercer nivel, se realice por las instituciones estatales. [Jurisprudencia] Registro: 2032330

Juicio contencioso administrativo contra resolución de Profeco

Procede el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de la Procuraduría Federal del Consumidor, si en el procedimiento de conciliación no se emplazó a una de las empresas proveedoras y se ordenó el archivo del expediente. Se trata de una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que rigen el mecanismo alternativo de solución de controversias. Registro: 2032332

Compensación de áreas verdes en la Ciudad de México

La Ley Ambiental de la Ciudad de México, publicada en 2024, viola el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de progresividad, al modificar la forma en que pueden compensarse las áreas verdes que se ven afectadas por la ejecución de obras públicas, permitiendo que se compensen con una superficie igual, una superficie mayor o bien, por otra en el lugar cercano. La ley anterior otorgaba una mayor protección. Registro: 2032312

Modificación de áreas verdes por obras privadas

La Ley Ambiental de la Ciudad de México viola el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de progresividad, al permitir que las áreas verdes puedan modificarse por la realización de obras privadas. La ley anterior solo permitía la construcción en áreas verdes para la realización de obras públicas. Registro: 2032314

Áreas verdes mínimas por habitante

Es constitucional la Ley Ambiental de la Ciudad de México al regular la obligación de las alcaldías de contar con un mínimo de 9 m2 de áreas verdes por habitante, aun y cuando no establece de manera expresa la forma en que la autoridad debe crear nuevas áreas verdes, como si lo hacía la ley anterior.  Registro: 2032315

Resolución sobre providencias precautorias en juicio oral mercantil

La regla del artículo 1390 Bis del Código de Comercio que establece que en contra de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, es aplicable a las resoluciones que concedan o nieguen providencias precautorias. Por tanto, pueden ser impugnadas mediante amparo indirecto. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032344

Derecho de petición por correo electrónico

Ante la falta de respuesta de una autoridad a la que se le dirigió una solicitud en ejercicio del derecho de petición, mediante un correo electrónico, el juez de amparo debe recabar de oficio las pruebas necesarias que demuestren que sí fue enviado el correo, cuando la autoridad niegue haberla recibido y exista evidencia que el correo sí fue enviado. Registro: 2032342

Controversia constitucional promovida fuera de plazo

Para contabilizar el plazo para presentar controversia constitucional, la autoridad promovente utilizó el calendario de días inhábiles para procedimientos de acceso a la información, publicado por la Suprema Corte, lo que llevó a la presentación extemporánea. En jurisprudencia se resolvió que dicho calendario no tiene carácter normativo ni suspende los plazos procesales para promover controversias constitucionales. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032320

Principio pro actione no puede invocarse por demanda extemporánea

La Suprema Corte sostuvo que no puede invocarse el principio pro actione por parte de la autoridad, con la intención de que se admitiera la demanda de controversia constitucional presentada fuera de plazo. Dicho principio no puede invocarse para extender plazos procesales vencidos. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032321

Pruebas para acreditar muerte de trabajador y acceder a seguro de vida

Para acreditar la causa de muerte de un trabajador del IMSS por parte de los beneficiarios que buscan recibir el seguro de vida, no es suficiente el acta de defunción, sino que deben aportar medios de prueba técnicos como el informe de autopsia o el certificado médico respectivo. Registro: 2032308

Beneficiarios del trabajador fallecido e interés superior de la niñez

Aun y cuando de las pruebas de ADN se acredite que no existe una relación biológica entre un niño y el trabajador fallecido, el juzgador debe privilegiar los vínculos familiares que existieron entre ellos, para determinar si puede ser considerado beneficiario de la indemnización correspondiente. En atención al interés superior de la niñez, se debe privilegiar el estado de familia consolidado en el tiempo, sobre la verdad biológica. Registro: 2032316

Un pleno regional analizó cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra las reformas en materia de hidrocarburos de 2025. También se definió cuando se comete la falta administrativa de abuso de funciones por servidores públicos.

Multas en prácticas monopólicas absolutas

La Suprema Corte validó la sanción por prácticas monopólicas absolutas, que permite imponer multas de hasta el 10% de los ingresos del agente económico, al considerar que no resulta excesiva ni desproporcionada. Los ingresos acumulables de una empresa constituyen un parámetro objetivo y razonable para la cuantificación de multas por prácticas monopólicas. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032282

Este asunto lo comentamos en el Blog 232

¿Qué ha cambiado? El artículo 127, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia Económica analizado por la Suprema Corte, fue modificado con la reforma de 2025 para aumentar el monto máximo de la multa de 10% a 15% de los ingresos del agente económico que realice una práctica monopólica absoluta.

Reglas para determinar competencia en materias especializadas

La competencia para conocer del amparo indirecto en el que se impugnan varios artículos de la Ley del Sector Hidrocarburos por su publicación y entrada en vigor en 2025, corresponde a los juzgados especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al tratarse de un sistema normativo complejo en el que algunas normas se refieren a cuestiones del derecho administrativo genérico y otras, a aspectos técnicos de la regulación de hidrocarburos. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032284

¿Por qué es importante este asunto? En esta sentencia se mencionan muchos de los asuntos en los que la anterior Suprema Corte analizó cuándo la competencia para conocer del amparo corresponde a juzgados especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, o a juzgados administrativos. Sentencia

Con la reforma de 2025 en energía e hidrocarburos, es posible que se planteen nuevos casos de contradicción de criterios sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente, ya sea en materia administrativa genérica o en materias especializadas.

Excepción al principio de definitividad cuando recurso es inconstitucional

Procede el amparo directo contra una resolución definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora sin que sea necesario agotar el recurso de revisión, si el supuesto de procedencia del recurso fue declarado inconstitucional. Se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad, porque el medio de defensa ordinario carece de fundamentación suficiente. [Jurisprudencia] Registro: 2032289

Invalidez de norma no impugnada en acción de inconstitucionalidad

Puede extenderse la declaratoria de invalidez a una norma no impugnada en una acción de inconstitucionalidad cuando su validez dependa de la propia norma invalidada. En el caso se determinó la invalidez de las normas que prevén los delitos de elaboración, falsificación o posesión de medicamentos clonados y, en alcance, la invalidez de la norma que establece sus agravantes. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032294

Requisitos para modificación de la identidad de género en acta de nacimiento

Es inconstitucional la legislación de Aguascalientes que obliga al trámite de un juicio para la modificación del acta de nacimiento de una persona, por la adecuación de la identidad de género. La Suprema Corte señaló que dichos procedimientos deben ser sencillos y en la vía administrativa. También sostuvo que es inconstitucional la legislación al señalar que en la nueva acta debe realizarse una anotación marginal que revele la identidad de género previa de la persona solicitante. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032296

Falta administrativa grave por abuso de funciones

La falta administrativa de abuso de funciones prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se actualiza cuando se acredita uno de los cuatro supuestos previstos en la ley, sin que sea necesario que se cumpla con todos los supuestos ya que son excluyentes entre sí. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032278

Suspensión de fusión de sociedades mercantiles

La acción de oposición al acuerdo de fusión, que pueden ejercer los acreedores de las sociedades que se fusionan dentro de los tres meses siguientes al acuerdo, no viola el derecho de asociación. Se trata de una medida que brinda certeza jurídica a los acreedores de las empresas, respecto a sus créditos pendientes de solventar. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032290

Causales de nulidad de registro de marca no definidos en ley

La causal de nulidad del registro de una marca consistente en que se haya otorgado por “error”, “inadvertencia” o “diferencia de apreciación” de la autoridad cuando exista una marca similar, no transgrede el principio de seguridad jurídica, aun y cuando dichos conceptos no estén definidos en ley. Esto se debe a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe seguir un procedimiento en el que escuche a las partes y analice los supuestos del caso concreto. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032298

Interpretación conforme a declaraciones por escrito

Debe realizarse una interpretación conforme del supuesto que permite incorporar al juicio mediante lectura, las declaraciones previas de un testigo, cuando “haya perdido la capacidad para declarar en juicio”. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales es ambiguo al establecer este supuesto de excepción, se actualiza cuando la persona se encuentre en imposibilidad física o psíquica para deponer. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032291

Validez de declaración rendida por testigo víctima de desaparición

En el caso concreto, la persona víctima del delito de tentativa de homicidio rindió su declaración en contra del imputado y posteriormente fue víctima de desaparición, por lo que debe entenderse que perdió la capacidad de declarar en juicio y sí podrá incorporarse a juicio la declaración que rindió al momento de la comisión del delito. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032292

Requisitos para cumplir con principios del sistema penal acusatorio

Para asegurar que se cumple con los principios de contradicción e inmediación, la declaración previa incorporada mediante lectura debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones: i) haber sido sometida al ejercicio contradictorio en una etapa previa a la audiencia de juicio o, ii) no constituir un elemento decisivo para justificar la sentencia. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032291

La Suprema Corte reconoció el derecho humano a la protesta social al analizar la restricción que se impuso a las manifestaciones en un estado. Un Pleno Regional analizó las notificaciones electrónicas por buzón tributario y la contratación temporal de docentes en escuelas privadas.

Notificación electrónica por buzón tributario

Para que las notificaciones realizadas mediante buzón tributario sean válidas, no es requisito que la constancia cuente con la hora en que la autoridad envió el aviso al correo electrónico, ya que los plazos se cuentan en días completos. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032265

Créditos contra la masa y arrendamiento de inmueble

Los adeudos por arrendamiento generados antes de la declaración de concurso mercantil, no son créditos contra la masa, aunque el inmueble arrendado sea necesario para la operación ordinaria de la empresa. Los créditos contra la masa tienen una preferencia de pago y son aquellos que se contraen con posterioridad al inicio del concurso mercantil y que tienen como finalidad mantener el funcionamiento de la empresa o bien, dar trámite al concurso. Registro: 2032255

Restricciones al derecho a manifestarse

La Suprema Corte declaró inconstitucional la legislación de Sonora de 2024, que estableció como requisito para realizar manifestaciones en la vía pública, contar con autorización y aviso previo, al considerar que viola el derecho a la protesta social pacífica e implica un régimen de control previo. [Pleno, jurisprudencia] Registros: 2032258 y 2032271

Derecho humano a la protesta social

Para la Suprema Corte, debe reconocerse el derecho humano a la protesta como un derecho autónomo, que tiene una relación de interdependencia con las libertades de expresión, de reunión, de información y de asociación. Registro:  2032259

Protesta social y rendición de cuentas

Este derecho es estructural para la democracia y tiene relación con los derechos que permiten la deliberación pública, la rendición de cuentas y la democracia. En consecuencia, toda norma que interfiera en el ejercicio de la protesta social pacífica debe analizarse bajo el estándar más estricto disponible en el orden constitucional. [Pleno, jurisprudencia] Registro:  2032257

Interpretación conforme de requisitos para manifestaciones

El requisito de dar aviso a la autoridad previo a una manifestación o protesta solo puede considerarse constitucional si se lleva a cabo una interpretación conforme en el sentido de que el aviso previo debe entenderse como un mecanismo para permitir que se tomen medidas razonables de protección y logística. Por tanto, la falta de aviso no faculta a la autoridad para impedir o disolver la manifestación. [Pleno, jurisprudencia] Registro:  2032270

Contratación temporal de maestros

Las instituciones privadas pueden contratar a docentes de forma temporal, por un ciclo escolar, cuando acrediten que al finalizar el ciclo se extinguió la materia de trabajo, de lo contrario debe considerarse que la relación laboral subsiste. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032253

Omisión de revisar desempeño de administrador de Centro de Justicia Penal

No procede el juicio de amparo promovido contra el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, en su carácter de órgano auxiliar del Tribunal de Disciplina Judicial, por la omisión de vigilar o revisar el desempeño del administrador de un Centro de Justicia Penal Federal es improcedente, porque está directamente relacionada con funciones de evaluación del desempeño, vigilancia y disciplina. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032256

Juzgado omite pronunciarse sobre suspensión

Si el juez se pronuncia sobre la presentación de la demanda de amparo indirecto pero omite manifestarse sobre la suspensión de plano o provisional solicitada, el quejoso cuenta con dos días para promover recurso de queja contra la omisión, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos el proveído en el que el juez debió pronunciarse. No puede considerarse que el quejoso puede promover el recurso en cualquier momento ya que ello solo aplica cuando se omite dar trámite a la demanda de amparo. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032275

Suministro constante de medicamento

Cuando se conceda la protección constitucional a un derechohabiente, contra la omisión del IMSS de proporcionarle un medicamento que le fue prescrito y que debe suministrarse cada 12 horas y se le entregue solo una vez, no puede considerarse que cesaron los efectos del acto reclamado. El IMSS debe acreditar que adoptó las medidas necesarias para garantizar el tratamiento. Registro: 2032262

Un tribunal analizó qué sucede cuando el arrendatario no emite recibos por el pago de la renta de un inmueble. La Suprema Corte validó el plazo de gracia que otorga la ley para solicitar la renovación del registro de una marca.

Procedencia del recurso de revisión fiscal

Si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declara la nulidad de una resolución por indebida fundamentación y motivación, pero se advierte que en la sentencia se realizó el estudio de fondo del asunto, sí procede el recurso de revisión fiscal. Los agravios sobre aspectos de forma serán inoperantes. Registro: 2032238

Presunción de pago en renta de inmuebles

Si en el contrato de arrendamiento se pacta que las rentas deben cubrirse mediante cheque o depósito bancario y el arrendatario paga la renta de forma distinta, por ejemplo, en efectivo, ante la falta de recibos emitidos por el arrendador no podrá presumirse que sí se pagó la renta. Lo anterior debido a que el arrendatario se apartó de las formas de pago pactadas. Registro: 2032235

Cuantificación del daño moral y situación económica de la víctima

La compensación del daño moral en su vertiente extrapatrimonial busca mitigar las lesiones a los afectos, sentimientos o psique de las víctimas, por lo que no puede considerarse la situación económica de la víctima para cuantificar la indemnización. Su situación económica no tiene relación con el dolor sufrido y considerarla afecta el principio de igualdad. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032225

Constancia de antecedentes penales en delitos graves

La Suprema Corte validó que en la constancia de antecedentes penales se mantenga la información sobre la comisión de delitos graves, a pesar de que la persona sentenciada ya haya cumplido con la pena impuesta. Si bien esto no sucede en el caso de delitos no graves, la medida está justificada para proteger a la sociedad y no constituye un trato discriminatorio.

No se afecta la protección de datos personales pues se trata de información confidencial que solo se expide al titular y tampoco la reinserción social, ya que la persona podrá laborar en aquellos lugares que no le requieran la constancia. [Pleno, jurisprudencia] Registros: 2032220, 2032221 y 2032222

Este asunto lo comentamos en el Blog 225.

Renovación de registro de marca

La Suprema Corte validó el plazo de gracia que tienen los titulares de una marca para solicitar la renovación, dentro de los seis meses posteriores al plazo de vencimiento, el cual es oponible a terceros que busquen registrar una marca similar. Esta norma no afecta el derecho a la igualdad ya que el titular de la marca tiene una situación jurídica distinta a un tercero. Por otra parte, la ley es clara al disponer que si transcurre el plazo de gracia sin que se solicite la renovación, se extingue el derecho del titular y opera la caducidad del registro. [Pleno, jurisprudencia] Registros: 2032239 y 2032240

Licencias de construcción para obras públicas estatales

La legislación estatal de Campeche, que exceptúa a las obras públicas de interés estatal de gran impacto de obtener licencia de construcción, invade la esfera de los municipios, que son los competentes para legislar en materia de licencias y permisos de construcción.

Dicha legislación también es inconstitucional en tanto ordena a los municipios a adecuar su normativa en relación con la obtención de licencias o permisos de construcción, al afectar su autonomía. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032229 y 2032231

Obra pública de interés estatal de gran impacto

El Pleno sostuvo que la categoría de obra pública de interés estatal de gran impacto, prevista en la legislación de Campeche, es constitucional, ya que se trata de una definición que por sí misma no vulnera las facultades de los municipios. [Pleno, jurisprudencia] 2032230

Límite a pruebas ante falta de contestación de demanda

Las pruebas en contrario que pueden rendirse en el juicio laboral cuando se omite dar contestación a la demanda, deben estar dirigidas exclusivamente a desvirtuar los hechos que se tuvieron por presuntivamente ciertos, por lo que no son compatibles con la excepción de rescisión. Dichas pruebas solo pueden tener como finalidad demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. Registro: 2032236

Designación de intérprete y defensor a personas indígenas

Las personas indígenas tienen derecho a ser asistidos en todo momento por intérpretes y por defensores especializados en su cultura y lengua cuando promuevan juicio de amparo. En caso de que no cuente con dicha asistencia, la persona juzgadora debe cerciorarse de designar uno, incluso desde el momento de la admisión de la demanda. Registro: 2032215

El Pleno de la Suprema Corte analizó diversas normas de Hidalgo y Veracruz en relación con la responsabilidad penal de personas morales, delitos cometidos por servidores públicos y contribuciones municipales. Las normas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en acciones de inconstitucionalidad.

Cobro municipal por alumbrado público

El Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de los cobros por el servicio de alumbrado público establecidos como derechos por varios municipios de Hidalgo, ya que consideran como base imponible el consumo de energía eléctrica de las personas usuarias, cuya regulación corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032187

Impuesto adicional a contribuciones municipales

Es inconstitucional el impuesto adicional que grava el cumplimiento en el pago de impuestos, derechos y productos municipales, establecido en Veracruz, en tanto no revela una manifestación de riqueza ni guarda relación con la capacidad contributiva del contribuyente. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032199

Se niega pago “automático” de intereses en devolución

Si en una sentencia se declara la nulidad de un crédito fiscal previamente pagado por el contribuyente, solo procederá el pago de intereses por concepto de pago de lo indebido si la sentencia se pronuncia expresamente sobre el derecho del contribuyente para obtener la devolución de las cantidades pagadas indebidamente. Así lo resolvió el Pleno al conocer de una contradicción de criterios entre las extintas salas de la Suprema Corte. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032200

Este asunto se resolvió en sesión del 2 de marzo y lo comentamos en el Blog 232.

Delito fiscal de una empresa y responsabilidad penal

Es inconstitucional la legislación de un municipio de Veracruz que establece que ante la comisión de un delito fiscal por medio de una persona moral, sólo será responsable su representante legal, sin necesidad de acreditar su participación. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario que se realice un análisis individualizado respecto de cada persona física que pudo estar involucrada en el delito, entre ellos los socios y administradores. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032206

Libertad condicional y garantía del interés fiscal

Los municipios no pueden legislar en materia de ejecución penal al tratarse de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por tanto, es inconstitucional la norma de un municipio de Veracruz, que establece que la persona condenada por delitos fiscales debe acreditar que cubrió o garantizó el interés fiscal, para que se le conceda la libertad condicional u otros beneficios penales,. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032188

Presunción de inocencia de servidores públicos

La norma de un municipio de Veracruz que suspende los derechos laborales de un servidor público cuando se dicte en su contra un auto de vinculación a proceso por un delito fiscal, transgrede el principio de presunción de inocencia. La norma impone una sanción automática y anticipada antes de que exista una sentencia condenatoria firme. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032207

Amparo contra citatorio para comparecer como testigo

No procede el juicio de amparo en contra del citatorio del ministerio público para comparecer como testigo en la fase inicial de una investigación. La citación es de orden público y tiene como finalidad recabar información para la carpeta de investigación, lo cual es parte de la función de investigación del ministerio público. Registro: 2032192

Amparo contra regla de la Resolución Miscélanea Fiscal

Para promover demanda de amparo indirecto en contra del sistema normativo conformado por un artículo del Código Fiscal de la Federación y su regla correspondiente de la Resolución Miscelánea Fiscal, se debe considerar que la Resolución tiene una vigencia anual, por lo que cada año que inicia su vigencia puede promoverse juicio de amparo por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, aun y cuando no haya sido modificado su contenido. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032193

Recuperación de costo por envío de información

La norma de un municipio de Veracruz que prevé el cobro por la búsqueda de documentos viola el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, pero es constitucional aquella que establece el cobro por el costo del envío de la información. [Pleno, jurisprudencia] Registros: 2032194 y 2032195

Pago de fianza por servidor público

La obligación impuesta a servidores públicos municipales, de pagar con recursos propios las fianzas destinadas a garantizar el desempeño de su encargo, es una restricción indebida al derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032185

El Pleno analizó diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Se pronunció sobre el derecho de los notarios para acceder a cargos públicos así como el delito contra la función notarial. También se pronunció sobre derechos municipales cuyas cuotas contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

Notarios públicos, libertad de trabajo y acceso a cargos públicos

La Ley del Notariado de Colima efectúa una distinción injustificada al permitir únicamente que el Ejecutivo local otorgue licencia a los titulares de notarías para desempeñar cargos de elección popular y no así para otros cargos dentro de la administración pública. Esta distinción transgrede el derecho constitucional de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, la libertad de trabajo y el principio de progresividad de los derechos humanos. [Pleno] Registros: 2032147, 2032168 y 2032175

Normas con vigencia anual y controversia constitucional

Cuando se reclama en controversia constitucional una norma de vigencia anual y al dictarse sentencia los efectos de la norma ya cesaron, se debe sobreseer el juicio. Si no subsisten consecuencias jurídicas concretas, una declaración de invalidez carecería de eficacia para restituir la esfera competencial de la federación. Registro: 2032156

Derechos por expedición de copias para fines educativos

La disposición municipal que prevé una cuota más alta para la expedición de copias cuando son solicitadas por estudiantes con fines educativos, les impone una carga diferenciada e injustificada que transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. El pago de derechos debe estar relacionado con el costo del servicio prestado. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032162

Derechos por búsqueda de archivos municipales

El servicio de búsqueda de información generada o resguardada por dependencias o archivos municipales es una función ordinaria del personal encargado que no causa costos adicionales al Estado por lo que, el cobro de derechos por este servicio vulnera el principio de proporcionalidad tributaria debido a que no se relaciona con el costo real del servicio. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032176

Límite a pruebas en el juicio contencioso administrativo federal

Es constitucional que en el juicio contencioso administrativo no se admita como prueba la petición de informes en poder de personas que no sean autoridades. Por tanto, si las partes quieren incorporar información que provenga de terceros, como médicos privados u hospitales privados, tienen diversos medios para hacerlo. Registro: 2032177

Nulidad de transferencias bancarias y terceros que reciben dinero

Cuando en un juicio oral mercantil se demande la nulidad de transferencias bancarias no es necesario llamar a juicio en calidad de tercero a quien recibió la transferencia bancaria. La relación jurídica es entre el titular que desconoce las transferencias y el banco que presta el servicio. [Jurisprudencia] Registro: 2032172

Amparo contra medida prejudicial de bloqueo de cuentas

Cuando se concede como medida prejudicial a un juicio mercantil el bloqueo de cuentas de una persona moral sin notificarle el monto principal reclamado ni se le haya dado a conocer el contenido del expediente que ordena la medida, se actualiza una excepción al principio de definitividad y la persona moral puede reclamar la medida en el juicio de amparo indirecto como tercera extraña a juicio. Registro: 2032164

Delito contra la función notarial

El delito previsto en la Ley del Notariado de Colima que sanciona al servidor público que obstaculice o impida al titular de una notaría ejercer su función pública o no le preste la ayuda que requiera, contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El legislador no definió las conductas prohibidas ni lo elementos del tipo penal por lo que el juzgador tiene un amplio margen de apreciación para determinar si se actualiza la conducta punible. [Pleno, tesis aislada ]Registro: 2032158

Consentimiento tácito de pruebas en audiencia preliminar

En la audiencia preliminar las partes deben manifestar su inconformidad contra lo determinado por la persona juzgadora en cada una de sus etapas, de lo contrario se considerarán consentidas tácitamente. En caso de que las partes no se inconformen en la etapa de admisión y desechamiento de pruebas, no podrán argumentar con posterioridad que determinada prueba no debió admitirse. Registro: 2032152

La Suprema Corte analizó una acción de inconstitucionalidad promovida por dos partidos políticos en Oaxaca contra la reforma constitucional local y la emisión de la ley que regula la revocación de mandato en el estado. En materia civil, la Suprema Corte analizó las sanciones que pueden imponerse por conducir sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Sanciones por conducir sin seguro de daños a terceros

La Suprema Corte analizó las sanciones previstas en Puebla para quienes conduzcan sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Consideró inconstitucional la sanción que permite cancelar la licencia de conducir hasta por diez años, en tanto no es proporcional ni configura una medida idónea para garantizar la seguridad vial. En cambio, validó la multa de 20 a 40 veces la UMA, al ser graduable y calcularse conforme al valor diario, por ser la interpretación menos restrictiva. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2032122 y 2032128

Suspensión de licencia a conductor en estado de ebriedad

Es válido que en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Puebla el legislador establezca como sanción para el conductor de un vehículo que dé positivo ante una prueba de alcoholímetro la suspensión de la licencia de conducir por un año. Si bien en la Constitución Federal se prevé una limitante a la sanciones que puede imponer la autoridad administrativa en reglamentos dicha limitante no aplica al legislador ordinario.  [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2032142 y 2032143

Plazos en procedimiento sancionador ante Condusef

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su texto anterior a la reforma de 2024, no establecía un plazo específico para dictar resolución en el procedimiento sancionador. La Suprema Corte consideró que ello no vulneraba la seguridad jurídica, porque la propia ley fijaba un plazo máximo de cinco años para imponer sanciones. Ese límite operaba como límite la prolongación indefinida del procedimiento. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2032132

Garantía para obtener suspensión de actos que afecten libertad personal

No debe exhibirse garantía económica para que proceda la suspensión en amparo, tratándose de actos que afecten la libertad personal cuando de la demanda y anexos se advierta precariedad económica, marginación o clara desventaja social de quien la solicita. Con ello se garantiza el acceso real y efectivo al juicio de amparo. Registro: 2032144

Requisitos de la revocación de mandato

La regulación local en materia de revocación de mandato debe atender los parámetros de la reforma constitucional federal de diciembre de 2019. Es inconstitucional la disposición en la legislación local de Oaxaca que establece un plazo menor al plazo de tres meses fijado en la constitución cederal para solicitar la revocación de mandato. Asimismo es inconstitucional que se requieran mayores requisitos a los previstos en la constitución cederal, como por ejemplo, porcentajes mínimos de representatividad por municipio. Registros: 2032135 y 2032137

Consulta previa a pueblos y comunidades indígenas

El congreso local de Oaxaca no está obligado a realizar una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto de reformas a la constitución local y la emisión de la ley que regula la revocación de mandato en el estado cuando no impactan de forma diferenciada los derechos o intereses de dichas comunidades. Registro: 2032123

Obligación de convocar a Parlamento abierto

El congreso local de Oaxaca no está obligado a celebrar un parlamento abierto como requisito de validez de reformas locales. Si bien es un mecanismo deseable que fortalece la deliberación pública, la transparencia y la participación ciudadana no es obligatorio. Registro: 2032129

Prescripción laboral y suspensión de plazos judiciales

La suspensión de labores y plazos procesales decretada por órganos del Poder Judicial de la Federación no prorroga la prescripción en las acciones laborales. Si el plazo vence durante la suspensión de plazos, la prescripción se completa el primer día hábil en que se reanuden labores. Registro: 2032133

Aportaciones de trabajadores a fondo de pensiones

La Ley del Instituto de Pensiones de Jalisco permite destinar los fondos de aportación de los afiliados al pago de adeudos que tengan con el Instituto, esto transgrede la seguridad jurídica de los trabajadores. La norma no establece límites en el pago de adeudos y no justifica ni determina bajo qué supuestos puede disponer el Instituto de los fondos. El desvío de las aportaciones a otros propósitos viola el derecho a la seguridad social y afecta el retiro digno del trabajador. Registros: 2032130 y 2032131

Despido de trabajador de banco con tasa preferencial en crédito

Cuando un trabajador de confianza de un banco es despedido sin responsabilidad y con ello pierde la tasa preferencial obtenida en un crédito hipotecario por haber trabajado en el banco, la modificación a las cláusulas del crédito debe estudiarse en la vía laboral y no en la civil. De lo contrario se dejaría en estado de indefensión al trabajador frente a efectos derivados del despido. Registro: 2032124

La Ciudad de México reconoció el derecho humano al cuidado, pero a la fecha no se ha regulado, este derecho protege a las mujeres que realicen labores de cuidado no remunerado. En este blog analizamos el alcance de este derecho y la omisión legislativa. Además, la Suprema Corte se pronunció sobre contribuciones locales relacionadas con energía eléctrica e hidrocarburos.

Energía eléctrica y derechos municipales

Los derechos municipales por licencias de funcionamiento, establecidas en Coahuila, vinculadas con la exploración o extracción de hidrocarburos y la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica son inconstitucionales, al invadir competencias federales. Se trata de áreas estratégicas cuya regulación está reservada a la Federación. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2032089 y 2032092

Omisión de expedir legislación en materia de cuidados 

La Constitución de la Ciudad de México obliga a expedir la normatividad en materia de cuidados, la cual no ha sido emitida, por lo que existe una omisión legislativa absoluta. Las mujeres que realicen labores de cuidado no remunerado cuentan con interés legítimo para promover juicio de amparo al respecto. La falta de esta normatividad impide crear un sistema de corresponsabilidad, asignar recursos y distribuir cargas. Registros: 2032094 y 2032086

Derecho humano al cuidado como derecho “llave” 

El derecho humano al cuidado reconoce que todas las personas en mayor o menor medida requieren de cuidados. La falta de regulación sobre este derecho perpetúa estereotipos de género y un modelo que impone a las mujeres una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, lo que reduce sus posibilidades de formación, desarrollo profesional y transgrede derechos humanos. Registros: 2032085, 2032070, 2032071, 2032072, 2032072,  2032073 y 2032073

Protección judicial reforzada a labores de cuidado

Las labores de cuidado no remuneradas ameritan protección judicial reforzada y deben analizarse con perspectiva de género interseccional. Debe tomarse en consideración la composición e impacto de quien las lleva a cabo e identificar cargas inequitativas, especialmente cuando existe una doble jornada. Registros: 2032096 y 2032095

Fotomultas y responsabilidad solidaria del propietario

Ante la imposibilidad material de identificar al conductor que cometió una infracción de tránsito detectada mediante el sistema de fotomultas, es constitucional que la legislación de Puebla establezca la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo. La medida busca garantizar la movilidad segura, la eficacia de la vigilancia vial y la prevención de impunidad, sin atribuir al propietario la autoría de la infracción. Registros: 2032090 y 2032091

Notificaciones electrónicas para autoridades 

Si la autoridad responsable designó a diversos usuarios para consultar el expediente electrónico, las notificaciones deberán realizarse de forma electrónica, incluso las personales. Registro: 2032098

Pensión por ascendencia ante fallecimiento del trabajador

La pensión por ascendencia del IMSS debe interpretarse de modo que pueda otorgarse a un familiar que, sin ser ascendiente en línea recta, fungió como madre o padre del trabajador fallecido con actividades de crianza y cuidado. La familia debe entenderse en sentido amplio, atendiendo a vínculos reales de crianza, cuidado y dependencia económica. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2032103

Reclamación ante unidad especializada de la aseguradora 

El Pleno Regional resolvió que cuando la persona asegurada presenta su reclamación ante la unidad especializada de la aseguradora y no ante la Condusef, también se suspende la prescripción del plazo para promover acciones derivadas del contrato de seguro. La reclamación ante la unidad especializada es una vía expedita, prevista para atender reclamaciones de los usuarios. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032105

Acción directa contra aseguradora por accidente de tránsito

La persona que resulte dañada en un accidente de tránsito debe acudir mediante la vía civil para reclamar los daños o la indemnización de forma directa a la aseguradora del vehículo responsable. Lo anterior aun y cuando el contrato de seguro sea mercantil, debido a que la fuente de la obligación es la responsabilidad civil derivada del accidente, no la relación contractual aseguradora-asegurado. Registro: 2032068

Plazo máximo de prisión preventiva oficiosa y otras medidas cautelares

La resolución que determina el cese de la prisión preventiva oficiosa, después de haber transcurrido su plazo máximo, y ordena la continuación de la audiencia para definir la imposición de otras medidas cautelares menos restrictivas, no constituye un acto definitivo, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo interpuesto por las víctimas del delito. Registro: 2032108

Cese de prisión preventiva oficiosa

La víctima del delito u ofendido carecen de legitimación para impugnar en amparo la resolución que pone fin a la prisión preventiva oficiosa, una vez transcurrido el plazo máximo para la medida cautelar. La Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas no reconocen ese derecho procesal. Registro: 2032107

Delitos de robo y alteración de medicamentos

La Suprema Corte declaró inconstitucional el Código Penal de Guerrero por tipificar los delitos de robo, alteración, falsificación o comercialización de medicamentos. No obstante hay concurrencia entre la federación y los estados en materia de salubridad general, la Ley General de Salud no delega a los congresos locales la facultad de tipificar tales conductas. [Jurisprudencia] Registro: 2032114