El Pleno analizó diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Se pronunció sobre el derecho de los notarios para acceder a cargos públicos así como el delito contra la función notarial. También se pronunció sobre derechos municipales cuyas cuotas contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

Notarios públicos, libertad de trabajo y acceso a cargos públicos

La Ley del Notariado de Colima efectúa una distinción injustificada al permitir únicamente que el Ejecutivo local otorgue licencia a los titulares de notarías para desempeñar cargos de elección popular y no así para otros cargos dentro de la administración pública. Esta distinción transgrede el derecho constitucional de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, la libertad de trabajo y el principio de progresividad de los derechos humanos. [Pleno] Registros: 2032147, 2032168 y 2032175

Normas con vigencia anual y controversia constitucional

Cuando se reclama en controversia constitucional una norma de vigencia anual y al dictarse sentencia los efectos de la norma ya cesaron, se debe sobreseer el juicio. Si no subsisten consecuencias jurídicas concretas, una declaración de invalidez carecería de eficacia para restituir la esfera competencial de la federación. Registro: 2032156

Derechos por expedición de copias para fines educativos

La disposición municipal que prevé una cuota más alta para la expedición de copias cuando son solicitadas por estudiantes con fines educativos, les impone una carga diferenciada e injustificada que transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. El pago de derechos debe estar relacionado con el costo del servicio prestado. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032162

Derechos por búsqueda de archivos municipales

El servicio de búsqueda de información generada o resguardada por dependencias o archivos municipales es una función ordinaria del personal encargado que no causa costos adicionales al Estado por lo que, el cobro de derechos por este servicio vulnera el principio de proporcionalidad tributaria debido a que no se relaciona con el costo real del servicio. [Pleno, jurisprudencia] Registro: 2032176

Límite a pruebas en el juicio contencioso administrativo federal

Es constitucional que en el juicio contencioso administrativo no se admita como prueba la petición de informes en poder de personas que no sean autoridades. Por tanto, si las partes quieren incorporar información que provenga de terceros, como médicos privados u hospitales privados, tienen diversos medios para hacerlo. Registro: 2032177

Nulidad de transferencias bancarias y terceros que reciben dinero

Cuando en un juicio oral mercantil se demande la nulidad de transferencias bancarias no es necesario llamar a juicio en calidad de tercero a quien recibió la transferencia bancaria. La relación jurídica es entre el titular que desconoce las transferencias y el banco que presta el servicio. [Jurisprudencia] Registro: 2032172

Amparo contra medida prejudicial de bloqueo de cuentas

Cuando se concede como medida prejudicial a un juicio mercantil el bloqueo de cuentas de una persona moral sin notificarle el monto principal reclamado ni se le haya dado a conocer el contenido del expediente que ordena la medida, se actualiza una excepción al principio de definitividad y la persona moral puede reclamar la medida en el juicio de amparo indirecto como tercera extraña a juicio. Registro: 2032164

Delito contra la función notarial

El delito previsto en la Ley del Notariado de Colima que sanciona al servidor público que obstaculice o impida al titular de una notaría ejercer su función pública o no le preste la ayuda que requiera, contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El legislador no definió las conductas prohibidas ni lo elementos del tipo penal por lo que el juzgador tiene un amplio margen de apreciación para determinar si se actualiza la conducta punible. [Pleno, tesis aislada ]Registro: 2032158

Consentimiento tácito de pruebas en audiencia preliminar

En la audiencia preliminar las partes deben manifestar su inconformidad contra lo determinado por la persona juzgadora en cada una de sus etapas, de lo contrario se considerarán consentidas tácitamente. En caso de que las partes no se inconformen en la etapa de admisión y desechamiento de pruebas, no podrán argumentar con posterioridad que determinada prueba no debió admitirse. Registro: 2032152

La Suprema Corte analizó una acción de inconstitucionalidad promovida por dos partidos políticos en Oaxaca contra la reforma constitucional local y la emisión de la ley que regula la revocación de mandato en el estado. En materia civil, la Suprema Corte analizó las sanciones que pueden imponerse por conducir sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Sanciones por conducir sin seguro de daños a terceros

La Suprema Corte analizó las sanciones previstas en Puebla para quienes conduzcan sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Consideró inconstitucional la sanción que permite cancelar la licencia de conducir hasta por diez años, en tanto no es proporcional ni configura una medida idónea para garantizar la seguridad vial. En cambio, validó la multa de 20 a 40 veces la UMA, al ser graduable y calcularse conforme al valor diario, por ser la interpretación menos restrictiva. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2032122 y 2032128

Suspensión de licencia a conductor en estado de ebriedad

Es válido que en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Puebla el legislador establezca como sanción para el conductor de un vehículo que dé positivo ante una prueba de alcoholímetro la suspensión de la licencia de conducir por un año. Si bien en la Constitución Federal se prevé una limitante a la sanciones que puede imponer la autoridad administrativa en reglamentos dicha limitante no aplica al legislador ordinario.  [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2032142 y 2032143

Plazos en procedimiento sancionador ante Condusef

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su texto anterior a la reforma de 2024, no establecía un plazo específico para dictar resolución en el procedimiento sancionador. La Suprema Corte consideró que ello no vulneraba la seguridad jurídica, porque la propia ley fijaba un plazo máximo de cinco años para imponer sanciones. Ese límite operaba como límite la prolongación indefinida del procedimiento. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2032132

Garantía para obtener suspensión de actos que afecten libertad personal

No debe exhibirse garantía económica para que proceda la suspensión en amparo, tratándose de actos que afecten la libertad personal cuando de la demanda y anexos se advierta precariedad económica, marginación o clara desventaja social de quien la solicita. Con ello se garantiza el acceso real y efectivo al juicio de amparo. Registro: 2032144

Requisitos de la revocación de mandato

La regulación local en materia de revocación de mandato debe atender los parámetros de la reforma constitucional federal de diciembre de 2019. Es inconstitucional la disposición en la legislación local de Oaxaca que establece un plazo menor al plazo de tres meses fijado en la constitución cederal para solicitar la revocación de mandato. Asimismo es inconstitucional que se requieran mayores requisitos a los previstos en la constitución cederal, como por ejemplo, porcentajes mínimos de representatividad por municipio. Registros: 2032135 y 2032137

Consulta previa a pueblos y comunidades indígenas

El congreso local de Oaxaca no está obligado a realizar una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto de reformas a la constitución local y la emisión de la ley que regula la revocación de mandato en el estado cuando no impactan de forma diferenciada los derechos o intereses de dichas comunidades. Registro: 2032123

Obligación de convocar a Parlamento abierto

El congreso local de Oaxaca no está obligado a celebrar un parlamento abierto como requisito de validez de reformas locales. Si bien es un mecanismo deseable que fortalece la deliberación pública, la transparencia y la participación ciudadana no es obligatorio. Registro: 2032129

Prescripción laboral y suspensión de plazos judiciales

La suspensión de labores y plazos procesales decretada por órganos del Poder Judicial de la Federación no prorroga la prescripción en las acciones laborales. Si el plazo vence durante la suspensión de plazos, la prescripción se completa el primer día hábil en que se reanuden labores. Registro: 2032133

Aportaciones de trabajadores a fondo de pensiones

La Ley del Instituto de Pensiones de Jalisco permite destinar los fondos de aportación de los afiliados al pago de adeudos que tengan con el Instituto, esto transgrede la seguridad jurídica de los trabajadores. La norma no establece límites en el pago de adeudos y no justifica ni determina bajo qué supuestos puede disponer el Instituto de los fondos. El desvío de las aportaciones a otros propósitos viola el derecho a la seguridad social y afecta el retiro digno del trabajador. Registros: 2032130 y 2032131

Despido de trabajador de banco con tasa preferencial en crédito

Cuando un trabajador de confianza de un banco es despedido sin responsabilidad y con ello pierde la tasa preferencial obtenida en un crédito hipotecario por haber trabajado en el banco, la modificación a las cláusulas del crédito debe estudiarse en la vía laboral y no en la civil. De lo contrario se dejaría en estado de indefensión al trabajador frente a efectos derivados del despido. Registro: 2032124

La Ciudad de México reconoció el derecho humano al cuidado, pero a la fecha no se ha regulado, este derecho protege a las mujeres que realicen labores de cuidado no remunerado. En este blog analizamos el alcance de este derecho y la omisión legislativa. Además, la Suprema Corte se pronunció sobre contribuciones locales relacionadas con energía eléctrica e hidrocarburos.

Energía eléctrica y derechos municipales

Los derechos municipales por licencias de funcionamiento, establecidas en Coahuila, vinculadas con la exploración o extracción de hidrocarburos y la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica son inconstitucionales, al invadir competencias federales. Se trata de áreas estratégicas cuya regulación está reservada a la Federación. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2032089 y 2032092

Omisión de expedir legislación en materia de cuidados 

La Constitución de la Ciudad de México obliga a expedir la normatividad en materia de cuidados, la cual no ha sido emitida, por lo que existe una omisión legislativa absoluta. Las mujeres que realicen labores de cuidado no remunerado cuentan con interés legítimo para promover juicio de amparo al respecto. La falta de esta normatividad impide crear un sistema de corresponsabilidad, asignar recursos y distribuir cargas. Registros: 2032094 y 2032086

Derecho humano al cuidado como derecho “llave” 

El derecho humano al cuidado reconoce que todas las personas en mayor o menor medida requieren de cuidados. La falta de regulación sobre este derecho perpetúa estereotipos de género y un modelo que impone a las mujeres una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, lo que reduce sus posibilidades de formación, desarrollo profesional y transgrede derechos humanos. Registros: 2032085, 2032070, 2032071, 2032072, 2032072,  2032073 y 2032073

Protección judicial reforzada a labores de cuidado

Las labores de cuidado no remuneradas ameritan protección judicial reforzada y deben analizarse con perspectiva de género interseccional. Debe tomarse en consideración la composición e impacto de quien las lleva a cabo e identificar cargas inequitativas, especialmente cuando existe una doble jornada. Registros: 2032096 y 2032095

Fotomultas y responsabilidad solidaria del propietario

Ante la imposibilidad material de identificar al conductor que cometió una infracción de tránsito detectada mediante el sistema de fotomultas, es constitucional que la legislación de Puebla establezca la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo. La medida busca garantizar la movilidad segura, la eficacia de la vigilancia vial y la prevención de impunidad, sin atribuir al propietario la autoría de la infracción. Registros: 2032090 y 2032091

Notificaciones electrónicas para autoridades 

Si la autoridad responsable designó a diversos usuarios para consultar el expediente electrónico, las notificaciones deberán realizarse de forma electrónica, incluso las personales. Registro: 2032098

Pensión por ascendencia ante fallecimiento del trabajador

La pensión por ascendencia del IMSS debe interpretarse de modo que pueda otorgarse a un familiar que, sin ser ascendiente en línea recta, fungió como madre o padre del trabajador fallecido con actividades de crianza y cuidado. La familia debe entenderse en sentido amplio, atendiendo a vínculos reales de crianza, cuidado y dependencia económica. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2032103

Reclamación ante unidad especializada de la aseguradora 

El Pleno Regional resolvió que cuando la persona asegurada presenta su reclamación ante la unidad especializada de la aseguradora y no ante la Condusef, también se suspende la prescripción del plazo para promover acciones derivadas del contrato de seguro. La reclamación ante la unidad especializada es una vía expedita, prevista para atender reclamaciones de los usuarios. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032105

Acción directa contra aseguradora por accidente de tránsito

La persona que resulte dañada en un accidente de tránsito debe acudir mediante la vía civil para reclamar los daños o la indemnización de forma directa a la aseguradora del vehículo responsable. Lo anterior aun y cuando el contrato de seguro sea mercantil, debido a que la fuente de la obligación es la responsabilidad civil derivada del accidente, no la relación contractual aseguradora-asegurado. Registro: 2032068

Plazo máximo de prisión preventiva oficiosa y otras medidas cautelares

La resolución que determina el cese de la prisión preventiva oficiosa, después de haber transcurrido su plazo máximo, y ordena la continuación de la audiencia para definir la imposición de otras medidas cautelares menos restrictivas, no constituye un acto definitivo, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo interpuesto por las víctimas del delito. Registro: 2032108

Cese de prisión preventiva oficiosa

La víctima del delito u ofendido carecen de legitimación para impugnar en amparo la resolución que pone fin a la prisión preventiva oficiosa, una vez transcurrido el plazo máximo para la medida cautelar. La Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas no reconocen ese derecho procesal. Registro: 2032107

Delitos de robo y alteración de medicamentos

La Suprema Corte declaró inconstitucional el Código Penal de Guerrero por tipificar los delitos de robo, alteración, falsificación o comercialización de medicamentos. No obstante hay concurrencia entre la federación y los estados en materia de salubridad general, la Ley General de Salud no delega a los congresos locales la facultad de tipificar tales conductas. [Jurisprudencia] Registro: 2032114

ISR por disminuir precio de venta de un inmueble

Cuando el valor del avalúo de un inmueble, realizado por un corredor público o persona autorizada, exceda en más de un 10% del precio pactado por la operación, el total de la diferencia se considerará ingreso de la persona que adquirió el inmueble y deberá pagar el correspondiente impuesto sobre la renta. La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de la norma que lo establece. Comunicado 39/2026, Proyecto de sentencia

Aumento en retención de impuestos sobre intereses

La Suprema Corte validó la legislación de 2024 que aumentó de 0.15% a 0.5% la tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable a intereses o rendimientos de inversiones financieras. Sostuvo que el Congreso de la Unión puede ajustar las tasas conforme a la política fiscal, por lo que está debidamente justificado y no implica una carga desproporcionada o arbitraria. Comunicado SCJN 5/2026

Reforma fiscal 2026. La tasa de retención se incrementó de nueva cuenta, para quedar en 0.9% anual.

Cambio de RESICO a otro régimen por superar tope de ingresos

La Suprema Corte sostuvo que la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 no viola el principio de subordinación jerárquica al establecer en qué momento el contribuyente pierde el derecho para tributar conforme al régimen simplificado de confianza si sus ingresos son superiores a $3.5 millones de pesos. La regla debe interpretarse en el sentido de que una vez que el contribuyente supere el tope, deberá tributar conforme al nuevo régimen fiscal al siguiente mes, y si ello ocurre ya iniciado del ejercicio fiscal su declaración anual tendrá que presentarse conforme al nuevo régimen. [Jurisprudencia] Registro: 2032043

Inconstitucionalidad en créditos financieros

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece un trato diferenciado al permitir que las instituciones de crédito apliquen el ajuste anual por inflación a ciertos créditos a cargo de personas físicas y no lo prevé para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). [Primera Sala] Registro: 2031058

Impuesto sobre pagos de publicidad en radio y televisión

Las empresas concesionarias de radio y televisión no están sujetas a un régimen de doble tributación, así lo resolvió la Primera Sala al analizar los alcances del impuesto del 25% a los pagos realizados por los particulares que contraten servicios de publicidad en radio y televisión, en relación con el impuesto sobre la renta que pagan dichas empresas. [Jurisprudencia] Registro: 2031087

Base gravable de ISR en ingresos por jubilación

Para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta por ingresos por concepto de jubilaciones, es posible utilizar el salario mínimo general (SMG) al calcular el monto exento del impuesto, que en términos de la ley es de quince veces el SMG. En este supuesto no existe obligación de realizar el cálculo con las unidades de medida actualizadas (UMAs), en tanto se trata de la interpretación más favorable para las personas adultas mayores pensionadas o jubiladas. Registro: 2031806

Impuesto adicional a dividendos

La Suprema Corte validó el impuesto del 10% adicional, previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el pago de dividendos por parte de la empresa a sus accionistas, bajo la consideración de que no configura una doble tributación ni afecta la proporcionalidad tributaria. Comunicado SCJN 5/2026

Fecha cierta en contrato privado celebrado en el extranjero

Un tribunal colegiado confirmó la negativa de la autoridad fiscal de devolver un saldo a favor por concepto de IVA, en tanto el contribuyente presentó como documentación un contrato privado firmado en el extranjero sin acreditar la fecha cierta. El tribunal retomó la jurisprudencia de la Segunda Sala 2a./J. 161/2019 que define los medios para probar ante la autoridad fiscal, la fecha cierta de documentos privados. Registro: 2031684

Comisiones de plataformas por comercio electrónico

La Suprema Corte validó la cuota del 2% por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México, que desde 2022 deben pagar las plataformas de reparto como Uber o Rappi, por cada intermediación que efectúen. El Pleno afirmó que la cuota es un aprovechamiento destinado a compensar el desgaste y uso intensivo de las calles, vialidades y demás bienes de dominio público, el cual no podrá trasladarse a los usuarios ni repartidores. Comunicado SCJN No. 270/2025, Proyecto de sentencia

Impuesto por arrendamiento de inmuebles

El impuesto establecido en Durango que grava a los arrendadores que reciben rentas por un monto superior a $15 mil pesos mensual, transgrede el principio de equidad tributaria al establecer una diferencia injustificada entre contribuyentes que realizan la misma actividad. Registro: 2031638

Impuesto ambiental en el Estado de México

El impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera del Estado de México invade la esfera competencial de la federación. Este impuesto atribuye al usuario una proporción de contaminación derivada de la producción de energía eléctrica, por tanto, el método de cuantificación se encuentra en el ámbito federal. Además, con fundamento en criterios de la Suprema Corte, los impuestos ambientales locales deben vincularse con fuentes de contaminación situadas en el territorio de la entidad. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031709

Subsidio al predial en CDMX para adultos mayores

El subsidio al impuesto predial publicado en 2021 en la Gaceta de la Ciudad de México en favor de propietarios de la tercera edad de inmuebles con un valor catastral inferior a los $2,167,228.93 pesos no viola el principio de igualdad. El subsidio del 30% busca disminuir las desigualdades sociales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. [Jurisprudencia] Registro: 2031183

Notificación por buzón tributario

Para que la notificación electrónica por buzón tributario sea válida, es suficiente que la autoridad acredite la puesta a disposición del documento en el sistema y el envío del aviso a los medios de contacto que fueron registrados por el persona contribuyente. Por tanto, no es necesario que la autoridad fiscal pruebe que el contribuyente recibió el aviso a su correo o celular. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031716 

Devolución de saldo a favor y cambio de cuenta CLABE

Al realizar la devolución del saldo a favor la autoridad fiscal debe considerar la cuenta CLABE señalada por el contribuyente en la declaración complementaria, si esta fue presentada antes de llevarse a cabo la devolución. La autoridad actuó indebidamente si la devolución se hizo en la cuenta señalada en la primera declaración. Registro: 2031521

Devolución del pago de lo indebido

Antes de solicitar una devolución del pago de lo indebido, el contribuyente deberá presentar declaración complementaria en la que rectifique su situación fiscal. Esto en el supuesto de que la cantidad cuya devolución solicita fue previamente aplicada como deducción para efectos del impuesto sobre la renta. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031322

Multas por declaraciones fiscales extemporáneas

No pueden considerarse como excesivas las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por la presentación extemporánea de declaraciones fiscales a través de medios electrónicos. Estas multas cumplen con la proporcionalidad de las sanciones, al establecer un parámetro mínimo y máximo que permite individualizarlas. [Primera Sala] Registro: 2031076

Plazo para contabilizar prescripción de créditos fiscales

En el supuesto de que el contribuyente presente recurso de revocación en contra de la determinación de un crédito fiscal, el plazo para que opere la prescripción inicia el día siguiente a aquel en que la autoridad notifica la resolución expresa del propio recurso, en sentido desfavorable a la persona contribuyente. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031327

Procedimiento del 69-B a contribuyentes que recibieron facturas

La autoridad fiscal cuenta con facultades amplias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero no son absolutas ni pueden ejercerse discrecional o arbitrariamente. Por tanto, el procedimiento que se sigue a los contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales (EDOS), debe contar con una debida fundamentación y motivación, basada en razones particulares y elementos objetivos que lo justifiquen. Registro: 2031350

Relación entre los dos procedimientos del 69-B

Cuando se declare la nulidad de la resolución por la que se incluyó a un contribuyente en el listado definitivo del 69-B por realizar operaciones presuntamente inexistentes (EFO), pierde sustento la causa legal que justificó que el SAT impusiera una reversión probatoria a cargo del contribuyente que dio efectos fiscales a sus comprobantes (EDO) para demostrar la materialidad de las operaciones declaradas. Registro: 2031349

Materialidad de las operaciones en la prestación de servicios

El contribuyente que recibió servicios de una empresa fantasma (EFO) y que pretende acreditar la materialidad de las operaciones a través de fotografías, debe ofrecerlas debidamente certificadas para acreditar el lugar, tiempo y circunstancias en que se tomaron. Registro: 2031360

Cancelación de RFC de sociedades fusionadas y presunción de inexistencia

La Primera Sala validó el requisito contenido en el Código Fiscal de la Federación que establece que, para que proceda la cancelación del RFC por fusión de sociedades las empresas no deben encontrarse en los listados de contribuyentes en presunción de inexistencia de operaciones ni tener relaciones con dichos contribuyentes. Este requisito no afecta de manera desmedida el derecho a la cancelación del RFC. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2031063

Análisis de actuación de visitadores que exceden sus facultades

Cuando los visitadores se extralimitan en sus facultades al valorar documentos, libros o registros del contribuyente en una de las actas levantadas en la visita domiciliaria, el juzgador tiene la obligación de analizar y determinar si la valoración se realizó solo en una parte del acta o de forma parcial respecto de algunos elementos.  [Pleno regional] Registro: 2031787

Juzgador debe analizar trascendencia de la violación cometida por visitadores

Si bien la extralimitación de los visitadores al valorar pruebas en el acta circunstanciada o incluso al determinar un crédito fiscal, se considera un exceso de atribuciones, para definir el tipo de nulidad que procede, absoluta o para efectos, el juzgador deberá valorar la actuación ilegal, su sistematicidad, la gravedad de la conducta del visitador y su trascendencia a la resolución determinante, por ejemplo, si indujeron indebidamente a la autoridad liquidadora. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031786

Plazo máximo de duración de revisión de gabinete

La revisión de gabinete se compone de dos fases, la primera, de verificación de las obligaciones tributarias que concluye con la notificación del oficio de observaciones y la segunda, de determinación o liquidación, cuyos plazos son independientes entre sí. El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación que establece el plazo de duración máxima de doce meses, se refiere a la primera fase. Registros: 2031744 y 2031743

Declaración anual complementaria en facultades de comprobación

Una vez iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente podrá modificar lo declarado mediante declaraciones complementarias, solo en los supuestos permitidos por el  Código Fiscal de la Federación. Si en la misma declaración se manifiesta una reducción de la pérdida cambiaria, la disminución de ingresos acumulables y el incremento en las deducciones autorizadas, no podrá ser considerada por la autoridad, ya que los últimos dos aspectos no están dentro de los supuestos permitidos por el Código. Registro: 2031799

Se niega pago “automático” de intereses en devolución

En el supuesto de que un contribuyente obtenga una sentencia que declare la nulidad de un crédito fiscal, sin que se haya obligado a la devolución del monto previamente pagado, la autoridad fiscal no tendrá que realizar el pago de intereses en favor del contribuyente. [Suprema Corte] Comunicado 38/2026, Proyecto de sentencia

Con este asunto, se deja atrás el criterio de la Primera Sala que señalaba que al actualizarse un pago de lo indebido, la autoridad fiscal debía pagar intereses al contribuyente sin que fuera requisito que en la sentencia se hubiese obligado a la devolución del crédito fiscal previamente pagado. Sentencia

Legitimación del jefe del SAT en revisión fiscal

​​El jefe del Servicio de Administración Tributaria carece de legitimación para interponer recurso de revisión fiscal si no fue parte en el juicio contencioso administrativo federal. Solo podrá hacerlo en ciertos casos de excepción, por ejemplo, si la resolución declarada nula fue emitida por autoridades locales actuando en coordinación respecto de ingresos federales. [Jurisprudencia] Registro: 2031555

Cumplimiento al recurso de revocación y derecho de audiencia

Es constitucional el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación que establece que en cumplimiento de un recurso de revocación, la autoridad fiscal puede solicitar información o documentación de terceros, sin que esté obligada a hacerlo del conocimiento del contribuyente. Este precepto no viola la garantía de audiencia del contribuyente, quien podrá defenderse al momento en que la autoridad le notifique la resolución dictada en cumplimiento al recurso. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031932

Procedimiento para cumplimiento del recurso de revocación

La Suprema Corte sostuvo que no es necesario que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación especifique el procedimiento mediante el cual se solicitará información a terceros para dar cumplimiento al recurso de revocación, como sí sucede cuando se regulan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, por tanto, dicho precepto no viola el principio de seguridad jurídica. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031933

Pago de contribuciones durante suspensión definitiva en amparo

Un contribuyente promovió amparo en contra de la limitante para aplicar la compensación universal de contribuciones federales. Bajo la suspensión definitiva otorgada en amparo, realizó la compensación del impuesto sobre la renta a su cargo, con un saldo a favor de IVA. La compensación universal efectuada por el contribuyente durante la vigencia de la suspensión definitiva es válida aun cuando después se le niegue la protección constitucional. Registro: 2031412

Suspensión en procedimientos relacionados con delitos fiscales

Procede otorgar la suspensión para que las autoridades fiscales de Nuevo León se abstengan de emitir la resolución, en el procedimiento para comprobar la posible comisión de delitos fiscales. De acuerdo con el Código Fiscal del estado es posible detener el dictado de la resolución, hasta que se resuelva el juicio de amparo. Registro: 2031700

A la fecha está pendiente que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en 2023, entre en vigor. Sin embargo, se ha presentado en tribunales la disyuntiva sobre si este Código ya es aplicable de manera supletoria a otras leyes. Te presentamos dos criterios sobre este tema. Además, un tribunal analizó la responsabilidad penal de una empresa, cuando la imputación no incluye a una persona física.

No supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no puede ser aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no encontrarse vigente. Para su aplicación es necesario que el Congreso de la Unión emita la declaratoria de vigencia del Código o bien, que llegue  la fecha límite para su entrada en vigor, el 1o de abril de 2027. Registro: 2032065

Con un criterio distinto, un pleno regional emitió jurisprudencia en la que consideró que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí debe aplicarse supletoriamente a la Ley de Amparo, aun y cuando no se haya emitido la declaratoria de inicio de vigencia. Este criterio lo comentamos en el Blog 238.

Supuesto de improcedencia de la revisión fiscal

Aun cuando la sentencia reclamada verse sobre el cálculo de los incrementos de una pensión de jubilación que otorga el ISSSTE, si en el juicio contencioso administrativo se declaró la nulidad del acto impugnado por indebida fundamentación y motivación, no procede el recurso de revisión fiscal, en tanto se trata de vicios formales. Registro: 2032064

Amparo contra procedimiento legislativo en reforma constitucional

Si bien la Ley de Amparo establece la improcedencia del amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Federal y en consecuencia, la demanda debe desecharse de plano, esta regla no es aplicable al supuesto en que se cuestione una reforma constitucional por vicios del procedimiento legislativo que precede a su emisión. Por tanto, no debe desecharse de plano la demanda porque no existe una norma que prevea ese supuesto. Pleno regional, Registro: 2032054

Competencia por territorio en amparo por la construcción de una presa

Si se reclama en amparo la construcción de una presa en el estado de Guanajuato, el juez competente es el de dicho estado, en tanto se trata del lugar en que tendrá ejecución el proyecto. A pesar de que el quejoso haya señalado en la demanda que la obra afectaría el suministro de agua en Jalisco, esto no puede considerarse para reconocer la competencia de los jueces de ese estado, ya que la competencia no puede fijarse en razón de lo que aleguen las partes. Jurisprudencia, Registro: 2032051

Suspensión para expedir una incapacidad médica

Procede la suspensión con efectos restitutorios para ordenar provisionalmente la expedición de una incapacidad médica, cuando la persona quejosa tiene un estado clínico incapacitante derivado de un riesgo de trabajo y aporta elementos de prueba que permiten advertir la situación de su estado de salud. Registro: 2032066

Responsabilidad penal de una empresa por el robo de un vehículo

Para la procedencia de la responsabilidad penal de una persona jurídica no es requisito la imputación, previa o concurrente, de una persona física, de acuerdo con el modelo de imputación directa previsto en el Código Penal Federal y en el de la Ciudad de México. En consecuencia, sí procede la imputación a una empresa por el delito de robo calificado, derivado del apoderamiento de un vehículo sin consentimiento de su propietario. Registro: 2032062

Discriminación judicial en el procedimiento penal a persona con discapacidad

La negativa de un juez de control de realizar ajustes razonables al procedimiento, debido a la discapacidad de la víctima, puede ser reclamada en juicio de amparo indirecto. En el caso, la juez de control prolongó la audiencia de juicio por más de seis horas sin considerar que la víctima padecía ​​esclerosis y que podría sufrir dolor y otros padecimientos. La condición de salud que provoca discapacidad debe ser considerada para evitar que el derecho de acceso a la justicia se menoscabe por barreras que impacten de manera directa los derechos sustantivos de la víctima. Registro: 2032047

Emplazamiento a juicio civil con persona distinta al demandado

Para el emplazamiento al juicio civil, el código procesal civil de San Luis Potosí establece que cuando el actuario no localice al interesado podrá dejar el citatorio o la cédula de notificación con un pariente, un doméstico o con cualquier otra persona que viva en la casa. En el último supuesto, el actuario debe cerciorarse de que la persona con quien se practique la diligencia efectivamente viva en el domicilio. Registro: 2032053

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su gobierno está analizando la posibilidad de posponer a 2028, la segunda elección judicial, sin que exista una propuesta concreta. Mientras tanto, un grupo de legisladores de su propio partido, presentó en días pasados una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de perfeccionar el nuevo sistema judicial.

1.   ¿Qué se modificó con la reforma judicial de 2024?

La reforma constitucional al poder judicial fue planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, justificando que ésta era la única forma de combatir la corrupción. Sin embargo, desde su aprobación la reforma ha recibido numerosas críticas.

Con el nuevo sistema, la designación de los integrantes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados fue transformada radicalmente, implementando un sistema para la elección por voto popular, en lugar de la carrera judicial o los concursos de oposición, como sucedía antes. Además, se estableció que todos los jueces y magistrados federales y locales, así como los ministros de la Suprema Corte que ya se encontraban en funciones, serían destituidos y reemplazados por aquellos designados por elección popular.

La primera elección judicial tuvo lugar en junio de 2025, con la selección de los nueve ministros de la Suprema Corte, el 50% de los magistrados y jueces federales (464 magistrados de circuito y 386 jueces), siete magistrados de tribunales electorales y los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En la contienda de 2025 también se eligieron 1,800 magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial local en 19 estados. Todos ellos asumieron sus cargos en septiembre de 2025.

En las próximas elecciones judiciales, previstas para del 1 de junio de 2027, se seleccionará el 50% restante de magistrados y jueces federales, magistrados de tribunales electorales y numerosos jueces locales, con lo que habrá una renovación total de los funcionarios judiciales.

Bajo el sistema anterior, los jueces y magistrados federales eran seleccionados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación, mediante un sistema de evaluación. Con la reforma de 2024, tanto el CJF como el sistema de evaluación fueron eliminados. Ahora, los candidatos deben ser preseleccionados por uno de los tres comités, uno de cada poder -ejecutivo, legislativo y judicial-. Con la reforma, el poder judicial perdió independencia respecto de los demás poderes del Estado.

Los requisitos para postularse se redujeron significativamente, los candidatos no requieren de experiencia judicial para ser candidatos a jueces, magistrados o ministros. Cualquier persona con un promedio de calificaciones de 8/10 en la licenciatura de Derecho y cartas de recomendación puede contender.

La Suprema Corte de Justicia también fue reestructurada, reduciendo el número de ministros de once a nueve y eliminando las dos salas, que permitían la distribución de asuntos con el Pleno. El órgano de gobierno del Poder Judicial Federal se dividió en dos, creando un Órgano de Administración Judicial y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad para supervisar, revisar y sancionar las decisiones de los funcionarios judiciales.

2.   Poder judicial como obstáculo para la inversión

Desde hace años, el sistema judicial mexicano ha enfrentado importantes retos, sin embargo, desde que en septiembre de 2025 tomaron sus cargos los ministros, magistrado y jueces electos, se ha hecho evidente que esta reforma no ha resuelto los problemas sistémicos de la justicia en México, por el contrario, ha aumentado la preocupación sobre la independencia y el profesionalismo del poder judicial.

La necesidad de atender los riesgos y problemas del nuevo sistema judicial se han expuesto desde diversos sectores de la sociedad, empresarios, academia, organismos internacionales e incluso, miembros de los gobiernos de EE.UU. y Canadá, pero en fecha reciente ha tenido mayor relevancia frente a las revisiones del T-MEC y a los planes de la presidenta Sheinbaum para atraer inversión al país.

Es ampliamente reconocido que un poder judicial independiente es un factor que favorece los proyectos de inversión. Para México, las tres principales agencias de calificación -Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s-, mantienen una calificación de grado de inversión medio-bajo para la deuda soberana. En el más reciente reporte de Fitch del 10 abril de 2026, se menciona que “La administración de Sheinbaum está tratando de aumentar la inversión, pero esto podría verse obstaculizado por las preocupaciones del sector privado sobre las reformas institucionales, especialmente la relevante reforma judicial”. Desde noviembre de 2024, Moody’s proyectó una perspectiva negativa, destacando que la reforma constitucional del poder judicial planteaba riesgos para el sistema de pesos y contrapesos de México.

En el “Reporte sobre el Panorama de Inversión en México para 2025”, del Departamento de Estado de EE.UU., se resaltó la preocupación frente al sistema judicial mexicano, previendo que podría afectar la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales. También se señaló que la situación del poder judicial ha generado dudas sobre el panorama de inversión, particularmente en los sectores de energía, agricultura y gestión de pensiones para el empleo formal. Además, los inversionistas estadounidenses expresaron incertidumbre sobre la evolución de las políticas bilaterales y el resultado de la revisión del T-MEC de 2026.

En la comparecencia de Michael Kozak, Subsecretario de Estado para los Asuntos de América Occidental de EE.UU., ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el 17 de abril de 2026, hizo público que él, junto con inversionistas norteamericanos, han dialogado en repetidas ocasiones con México sobre la necesidad de jueces calificados, independientes y que no estén controlados por los cárteles o por países como China. Reconoció que es un tema preocupante y señaló que si el gobierno de México quiere atraer inversión, es necesario que exista confianza en su poder judicial.

3.   ¿Cuáles son los riesgos para las empresas?

Después de las primeras elecciones judiciales, el poder judicial mexicano se ha vuelto más susceptible a la influencia política. Algunos de los nuevos ministros de la Suprema Corte forman parte de Morena, el partido gobernante, o bien, mantienen relación estrecha con el expresidente López Obrador o con la presidenta Sheinbaum. Esta situación ha tenido una repercusión en los nuevos criterios de la Suprema Corte, que han favorecido la interpretación de normas o la resolución de asuntos en línea con los intereses del actual gobierno, ejemplo de ello se ha presentado en temas fiscales.

También existe preocupación respecto a la capacidad y profesionalismo de los nuevos juzgadores, particularmente en áreas que requieren especialización y conocimientos técnicos, como competencia económica, telecomunicaciones y energía. Estas áreas se relacionan directamente con proyectos de inversión.

4.   ¿Qué busca resolver la nueva Iniciativa?

En la Iniciativa de reforma presentada por el grupo de legisladores del partido Morena se menciona que las modificaciones buscan perfeccionar el modelo de elección judicial y robustecer la confianza ciudadana en el poder judicial, como pilar fundamental del estado de derecho. Sin embargo, las propuestas no podrían resolver de fondo los problemas del nuevo sistema.

Los aspectos en los que se centra la Iniciativa y en los que justifica la propuesta son:

Evaluación. La experiencia del proceso electoral de 2025 demostró que pedir promedios académicos mínimos o cartas de recomendación es insuficiente para medir las competencias técnicas de los candidatos, como la argumentación jurídica, la interpretación de normas y la perspectiva de derechos humanos. Además, en la elección pasada, la revisión de miles de expedientes saturó a los comités de selección.

Empalme de elecciones. En 2027 se elegirá a la segunda mitad de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, en el mismo proceso electoral en el que se elegirá a gobernadores y otros funcionarios de los estados. La Iniciativa señala que esto generará riesgos graves como un menor análisis de los perfiles técnicos de los candidatos judiciales, desinformación en los votantes, politización de las candidaturas y una fuerte presión operativa sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cargas de trabajo y vacantes. La nueva Suprema Corte enfrenta altas cargas de trabajo. Respecto de jueces y magistrados, se menciona que el diseño actual no permite cubrir de manera ágil las ausencias prolongadas o vacantes definitivas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de la justicia.

5.   ¿Cuáles son las soluciones que propone la Iniciativa?

Tras identificar algunas deficiencias del modelo actual, en particular la insuficiencia de los requisitos técnicos y el riesgo de politización por la concurrencia electoral, la Iniciativa propone reestructurar la selección de juzgadores sobre tres ejes: la profesionalización obligatoria, la centralización de la evaluación y la desvinculación política del calendario electoral.

Nueva fecha y despolitización. Para evitar la concurrencia con procesos políticos, se propone recorrer la próxima elección judicial hasta junio de 2028, con lo que se dará más tiempo para la deliberación pública y permitirá que el INE tenga un rol preponderante y más ordenado.

Certificación y comité único. Para la selección de funcionarios judiciales se pedirá una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial mediante exámenes estandarizados. También se eliminarán los tres comités de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para crear un solo Comité Único de Evaluación, que estaría integrado por representantes de los tres poderes.

Poderes judiciales locales. Para la elección de jueces y magistrados locales, también será necesaria la certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Eficiencia. Para agilizar la solución de asuntos, la Suprema Corte funcionará en Pleno y en dos secciones. Habrá un nuevo esquema para que el Órgano de Administración Judicial cubra vacantes con prontitud. En el caso de renuncias o separación definitiva de funcionarios judiciales, se propone que el Senado elija a la persona sustituta.

Sistema de precedentes. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia solo serán obligatorias para el resto de los órganos jurisdiccionales si se publica una tesis. Con esto se dejaría atrás el sistema de precedentes actual en el que las sentencias son obligatorias con alcanzar la votación de la mayoría de los ministros.

La propuesta busca modificar los requisitos para ser electo ministro, magistrado o juez, eliminando el requisito de ser mexicano por nacimiento, para permitir contender a las personas que han sido naturalizadas mexicanas. En el documento no se expone cuáles son las razones de esta propuesta.

En la Iniciativa se menciona que una vez aprobadas las reformas constitucionales, podría impulsarse un Observatorio Ciudadano para evaluar públicamente el desempeño de las personas juzgadoras, sin embargo, no queda previsto en el texto constitucional que se pretende reformar.

6.   Siguientes pasos

Ante cuestionamientos durante una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum ha respondido que están analizando si es conveniente o no aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, sin que a la fecha exista una propuesta concreta del Ejecutivo Federal. Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo pública la petición de ese órgano para que la elección judicial se realice en 2028, considerando que esto beneficiaría a la ciudadanía.

Sin embargo, la presión sobre el gobierno federal para que existan condiciones de certidumbre para los inversionistas, podría obligar a una reforma judicial que no se limite solamente a cambiar la fecha de la elección de jueces y magistrados, sino a una que resuelva la falta de credibilidad en la justicia mexicana. La Iniciativa de reforma recientemente presentada, puede ser un avance en abrir el debate público, pero será necesario observar si logra avanzar en el proceso legislativo y si recibe el visto bueno de quienes han subrayado la necesidad de un cambio.

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Although President Claudia Sheinbaum has stated that her government is still analyzing the possibility of postponing the 2027 judicial election until 2028, a group of lawmakers from her own party, Morena, recently introduced a bill to modify certain aspects of the previous reform. It is unclear if the new bill will be approved, but its existence shows that the Mexican government has real concerns about the new justice system.

1. What Changed with the Judicial Reform?

As part of former President Andrés Manuel López Obrador agenda, the Mexican Judiciary was dramatically reshaped by a constitutional reform in 2024, which was presented as the only way to combat corruption. This reform has received criticism from numerous voices.

With the new system, the entire judiciary is now popularly elected rather than appointed through promotions or competitive examinations, not only for the Federal Judiciary Branch, but also for the judiciary of the 32 states. This means that all sitting judges will be dismissed and replaced through popular vote in two stages. 

The first election took place in June 2025, with the selection of all nine Supreme Court justices, 50% of federal magistrates and judges -464 circuit court magistrates and 386 judges-, seven magistrates from electoral courts, and the members of the new Judicial Discipline Tribunal. At the same time, 1,800 judges and other officials from the local judiciary branch were elected in 19 states. All of them took office last September.

The upcoming judicial election on June 1st., 2027, will involve a total renewal of the judicial system, selecting the remaining 50% of magistrates and federal judges, magistrates of electoral courts, and numerous local judges.

Under the previous system, judges were selected by the judiciary’s self-governing body —Consejo de la Judicatura Federal (CJF)— based on an evaluation system. Both the CJF and the evaluation system were eliminated. Now, in order to run, candidates must be preselected by one of the three committees, one from each government branch —Executive, Legislative, and Judiciary—. With this modification, the judiciary lost independence from the other branches of government.

The requirements to run were significantly reduced, as candidates no longer need prior experience in the judicial system. Anyone with a grade point average of 8/10 on law studies and letters of recommendation can become a judge. 

The Supreme Court was restructured, reducing the number of justices from 11 to 9, and eliminating the two thematic chambers, which had allowed for the distribution of cases between the plenary —full court— and the two sections. The governing body of the Federal Judiciary was split in two, creating a Judicial Administration Body, and a new Judicial Disciplinary Court with the authority to supervise, review, and sanction judges’ decisions. 

2. The Judiciary as an Obstacle to Investment

The Mexican justice system faces many long-standing issues, but since elected justices, magistrates and judges have taken office in September 2025, it has shown that this reform does not address any of the key systemic problems; on the contrary, it has increased concern about the independence and professionalism of the judiciary.

Various sectors of society, academia, international organizations, the private sector, and members of the U.S. and Canada governments have expressed the need to address the risks and challenges posed by the new judicial system. In recent weeks, these concerns have been raised in light of the USMCA negotiations, along with the intent of President Claudia Sheinbaum’s to attract investment to Mexico.

It has been widely recognized that an independent judiciary is a factor that fosters investment projects. The three major rating agencies —Fitch, Moody’s, and Standard & Poor’s— maintain medium-to-low investment-grade ratings for Mexican sovereign debt. In Fitch’s most recent report dated April 10, 2026, it is said that “The Sheinbaum administration is trying to increase investment, but this could be deterred by private-sector concerns about institutional reforms, especially a major judicial overhaul”. As early as November 2024, Moody’s “projected a negative outlook, highlighting that the enacted constitutional overhaul of the judiciary poses risks to Mexico’s checks and balances.”

The U.S. Department of State’s report “2025 Investment Climate: Mexico” also highlighted concerns regarding the Mexican judicial system, noting that these could undermine the predictability and impartiality of judicial decisions. It mentions that “investors report that recent policy and regulatory changes, including constitutional changes to Mexico’s judiciary, have created doubts about the investment climate, particularly in the energy, agriculture, and formal employment pensions management sectors.” Additionally, U.S. investors expressed uncertainty regarding the evolution of bilateral policies and the outcome of the 2026 USMCA review.

During a House Foreign Affairs Committee hearing, on April 17, 2026, Michael Kozak, U.S. Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, publicly stated that he and U.S. investors have repeatedly discussed with Mexico the need for qualified, independent judges who are not controlled by cartels or by countries like China. He acknowledged that this is a matter of concern and noted that if the Mexican government wants to attract investment, there must be confidence in its judiciary system.

3. What are the Primary Risks for Companies?

Following the initial elections, Mexico’s judiciary has become more susceptible to political influence. Several Supreme Court justices, elected in 2025, are members of Morena, the ruling party, or closely aligned with former President López Obrador or President Sheinbaum. This alignment has become evident in areas like tax matters, where the new Supreme Court has issued rulings consistent with the views of the current presidential administration.

There are also concerns regarding the competence of the new judges and magistrates, particularly in areas requiring specialization and technical expertise, such as antitrust law, telecommunications, and energy. These issues directly impact investment projects.

4. What are the Key Points of Morena Lawmakers’ New Bill?

The Bill seeks to refine the judicial election model and strengthen public confidence in the judiciary as a fundamental pillar of the rule of law, but it is limited on addressing the problems that have been identified. This proposal focuses on:

Evaluation. The experience of the 2025 electoral process demonstrated that just requiring minimum academic grade point averages or letters of recommendation for the candidates to attend the election is insufficient to measure technical competencies, such as legal argumentation, interpretation of laws, and a human rights perspective. Furthermore, in the past election, the review of thousands of files overwhelmed the selection committees.

Overlapping elections. In 2027, the second half of judges and magistrates of the Federal Judicial Branch will be elected in the same electoral process as governors and other public servants. The Bill states that this will create serious risks: less scrutiny of candidates’ professional qualifications, misinformation among voters, the politicization of candidacies, and significant operational pressure on the Instituto Nacional Electoral (INE, National Electoral Institute), the Mexican authority in charge of federal elections.

Workloads and vacancies.  Under the new organization, the Supreme Court is facing heavy workloads. Also mentions that the current design does not allow prolonged absences or permanent vacancies from the Supreme Court justices, magistrates, and judges to be covered quickly, thereby putting the continuity of justice at risk.

5. What are the Solutions Proposed by the Bill?

After identifying some of the current model’s deficiencies, particularly inadequate technical requirements and the risk of politicization from concurrent elections, the Bill proposes a set of solutions aimed at restructuring the selection of judges around three core pillars: mandatory professionalization, centralized evaluation, and political de-linking of the electoral calendar. 

New date and depoliticization. To avoid overlap with political processes, it is proposed to postpone the next judicial election until June 2028, thereby allowing more time for public deliberation and enabling the INE to play a more prominent and orderly role.

Certification and a new committee. For the selection of justices, magistrates and judges, a certification of competencies issued by the National School of Judicial Training through standardized exams will be required. The three committees from each of the Executive, Legislative, and Judicial branches will also be eliminated to create a single Evaluation Committee that would be composed of representatives from the three branches. 

Local judicial branches. For the election of local judges, certification of qualifications issued by the National School of Judicial Training will also be required.

Efficiency. To expedite matters, the Supreme Court will operate in plenary and in two sections. A new framework will be established to enable the Judicial Administration Body to fill vacancies promptly. In the event of resignations or permanent removal of judicial officials, the Senate will be able to elect a replacement. 

Precedent System. The rulings of the Supreme Court of Justice will be binding on other courts only if a legal opinion is published. This would move away from the current precedent system.

The Bill states that once the constitutional reforms are approved, a Citizen Observatory could be established to publicly evaluate the performance of judges, although this proposal is not provided for in any constitutional provision. 

The proposal intends to modify the requirements for judicial candidacy, eliminating birthright citizenship and allowing naturalized Mexican citizens to hold a position in the judiciary. The initiative does not explain the reasons behind this change.

6. Next Steps

In response to questions raised during the morning press conference, President Claudia Sheinbaum stated that her government is evaluating whether or not it would be appropriate to postpone the 2027 judicial election to 2028, although to date there is no concrete proposal from the federal government. For her part, the head of the president of the Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, made public the institute’s request that the judicial election be held in 2028, considering that this would benefit the process.

However, pressure on the federal government to provide certainty for investors could compel a judicial reform that goes beyond merely changing the date of the election for judges and magistrates, extending to one that addresses the lack of credibility in the Mexican justice system. The Bill introduced may be a step forward in opening public debate, but it remains to be seen whether it will advance through the legislative process and gain the approval of those who have emphasized the need for change.

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La Suprema Corte validó el supuesto en que se pierde el derecho para tributar conforme al régimen simplificado de confianza. Un pleno regional analizó la compensación que debe realizarse a las víctimas del delito y los supuestos en que procede.

Cambio de RESICO a otro régimen por superar tope de ingresos

La Suprema Corte sostuvo que la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 no viola el principio de subordinación jerárquica al establecer en qué momento el contribuyente pierde el derecho para tributar conforme al régimen simplificado de confianza si sus ingresos son superiores a $3.5 millones de pesos. La regla debe interpretarse en el sentido de que una vez que el contribuyente supere el tope, deberá tributar conforme al nuevo régimen fiscal al siguiente mes, y si ello ocurre ya iniciado del ejercicio fiscal su declaración anual tendrá que presentarse conforme al nuevo régimen. [Jurisprudencia] Registro: 2032043

La anterior Segunda Sala analizó la misma Resolución pero para el caso de que el contribuyente pierda el beneficio del régimen simplificado de confianza al no cumplir con uno de los requisitos de permanencia. En este caso, consideró que sí se vulneraba el principio de subordinación jerárquica. Registro: 2030870 Este criterio lo comentamos en el Blog 208.

Retención inconstitucional de aportación del trabajador no pensionado

La legislación municipal de Torreón, Coahuila dispone que el funcionario público que se separe de su puesto, sin tener derecho al pago de una pensión, podrá obtener el 50% de las cuotas de aportación que haya efectuado al fondo de pensiones municipal. Si bien la medida busca lograr solvencia en los sistemas de pensiones del estado, lo cierto es que existen medidas menos lesivas. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032027

Aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aplica de forma supletoria a la Ley de Amparo, aun y cuando no se haya emitido la declaratoria de inicio de vigencia. La gradualidad en la aplicación de este Código refiere al supuesto en que sea la legislación que rige el procedimiento ordinario, pero no para su aplicación como norma supletoria. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032044

Contradicción de criterios improcedente

No puede considerarse que existe una contradicción de criterios, si uno de los órganos se limitó a sustentar su decisión en lo establecido en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin emitir un criterio propio. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2032033

Inocencia de servidor público en procedimiento de responsabilidad administrativa

Para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda analizar de oficio y de forma preferente las violaciones de fondo que deriven en la inocencia de la persona servidora pública presunta responsable, está condicionado a que ésta sea quien interponga el recurso de apelación. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032028

Verificaciones sin orden escrita

La autoridad administrativa puede realizar entrevistas en la vía pública al personal de una empresa de seguridad privada y recabar información, sin que sea necesario que cuente con una orden de verificación, ya que no se considera un acto de molestia. Por tanto, es válida la resolución por la que se sanciona a la empresa, que se basa en el acta circunstanciada levantada con motivo de las entrevistas. No se trata de una prueba ilícita. Registro: 2032025

Acción indemnizatoria contra aseguradora contratada por CFE

Cuando las personas afectadas por accidentes causados por cables de energía eléctrica, ejerzan directamente acción indemnizatoria contra la aseguradora contratada por la de la Comisión Federal de Electricidad y reclamen el seguro por responsabilidad, deben acudir ante tribunales del fuero común en tanto la acción involucra derechos de particulares que no pueden considerarse una controversia nacional. [Tribunales, jurisprudencia] Registro: 2032024

En la acción indemnizatoria no debe llamarse a la Comisión Federal de Electricidad como litisconsorte pasiva necesario o tercera, ya que se trata de un derecho exclusivo de la persona afectada frente a la aseguradora. Registro: 2032029

Compensación a víctimas por reparación integral del daño

La compensación directa a la víctima del delito está a cargo del sentenciado y es procedente en todo tipo de delitos, incluso en aquellos no graves. Caso distinto es el de la compensación subsidiaria, la cual corresponde cubrir al Estado y solo procede en ciertos supuestos, entre ellos, que se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032030

Las autoridades fiscales tienen un límite respecto de la documentación que pueden solicitarle al contribuyente para resolver sobre la devolución de impuestos relacionados con el estímulo a la compra de diésel. Por otra parte, un pleno regional analizó el estándar de prueba para determinar la fecha de un pagaré

IVA acreditable en importación de bienes a través de un comisionista

La autoridad fiscal autorizó parcialmente la devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, por considerar que el contribuyente había realizado la importación de bienes y otras erogaciones por conducto de un comisionista. Un tribunal consideró que el impuesto sí es acreditable, si el contribuyente demuestra que él realizó el pagó, aunque el entero se haya efectuado a través de un tercero. Registro: 2032008

Estímulo fiscal para actividades agropecuarias por diésel

Para que proceda el estímulo fiscal por compra de diésel para las empresas que realizan actividades agropecuarias o silvícolas, es suficiente con que presenten su objeto social y los comprobantes de la adquisición del combustible. Las autoridades fiscales no pueden solicitar además, que acrediten que el diesel se adquirió para desarrollar sus actividades, como condición para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios. Registro: 2032007

Prueba documental privada en juicio contencioso administrativo

Cuando en el juicio de nulidad se ofrecen pruebas documentales privadas que obran en el expediente administrativo que se impugna, es necesario que el particular identifique las documentales con claridad, tanto en su contenido como en sus características. No basta un ofrecimiento genérico. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032018

Donación municipal por la construcción de fraccionamientos

El congreso de Aguascalientes está facultado para modificar el límite permitido para sustituir con obras o dinero, la donación de terrenos al municipio, a la que están obligados los constructores que desarrollen fraccionamientos o condominios. Por tanto, la Suprema Corte avaló la reforma legal que redujo a 25% el límite de sustitución, el cual era de 70 y hasta 100% dependiendo del proyecto. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2031992 y 2031993

Procedimiento disciplinario de integrantes del servicio exterior mexicano

El medio de defensa que procede en contra del procedimiento disciplinario de los integrantes del servicio exterior es el juicio contencioso administrativo y no el recurso de revocación, en tanto la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que dichas resoluciones deberán impugnarse “ante los tribunales competentes”, por lo que excluye la procedencia del recurso. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032011

Recurso contra retención de cuentas bancarias

En contra de la retención de cuentas bancarias, dictada como medida precautoria en el juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, debe agotarse el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo. No obstante que el Código de Comercio señala que dichas medidas son irrecurribles, debe entenderse respecto del recurso de apelación y no del de revocación. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032012

Estándar de prueba para demostrar alteración de un pagaré

El estándar de prueba para demostrar la alteración de un título de crédito en un juicio ejecutivo mercantil se rige por la probabilidad preponderante, es decir, debe declararse probado aquel hecho que resulte más probable a partir del material aportado por las partes.

Registro: 2032004

Requisitos de las pruebas grafoquímicas

Para determinar la datación de tintas de un pagaré, sólo serán válidas las pruebas grafoquímicas que son mínimamente invasivas, objetivas en sus resultados y siguen protocolos estandarizados internacionalmente. Previo a admitir la prueba pericial, el juzgador debe cerciorarse de que sea relevante y fidedigna es decir, que: i) la técnica ha sido sujeta a pruebas empíricas, ii) cuente con revisión por pares, iii) tenga un margen de error conocido, y iv) posea estándares que controlen su aplicación. [Pleno regional] Registros: 2032001, 2032014

Prueba inadmisible para determinar antigüedad

La prueba pericial con ácido clorhídrico es inadmisible para determinar la antigüedad de un pagaré pues requiere el uso de un agente altamente corrosivo que altera irreversiblemente el documento y que no se encuentra avalada científicamente. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032015

Sentencia condenatoria de prestaciones y retención de ISR

No puede considerarse que la autoridad laboral está obligada a señalar expresamente en el laudo o sentencia, que el patrón deberá retener el impuesto sobre la renta respecto de las prestaciones que pagará al trabajador como consecuencia del juicio. Las partes deben conocer que se trata de una obligación legal y que habrá una diferencia entre el monto bruto y el que efectivamente recibirá el trabajador. [Pleno regional] Registros: 2032021 y 2031994

Derecho a la vivienda de los trabajadores de la CFE

El derecho a la vivienda de los trabajadores puede cumplirse mediante diversas modalidades de financiamiento pactadas entre la parte patronal y los trabajadores. Por tanto, si la Comisión Federal de Electricidad cuenta con un fondo que cubre el derecho a la vivienda de sus trabajadores, está exenta de realizar aportaciones al INFONAVIT, siempre y cuando sean iguales o superiores al 5% del salario del trabajador. Registro: 2032005

Para la investigación de delitos y de prácticas monopólicas, las autoridades pueden intervenir comunicaciones. ¿Cuáles son los alcances de esta atribución y cuál es la efectividad en juicio de las pruebas obtenidas?

Acceso de la autoridad a correos electrónicos de empleados

Las comunicaciones entabladas por los agentes económicos que corresponden a las actividades de su objeto social, no pueden considerarse como comunicaciones bajo la tutela del artículo 16 constitucional. Por tanto, la facultad otorgada a la entonces Comisión Federal de Competencia Económica para realizar visitas de verificación, le permitía tener acceso a las comunicaciones que tuvieron los empleados a través de correo electrónico. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031959

Congresos locales no tienen competencia en materia procesal civil

El Congreso de Morelos invadió la esfera del Congreso de la Unión al reformar su código procesal local en 2024, para establecer nuevos requisitos de procedencia para el juicio hipotecario. Con la reforma constitucional de 2017, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en materia procesal civil y familiar, mediante el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031972

Intereses moratorios y COVID-19

La suspensión de actividades y plazos procesales en procedimientos judiciales durante la pandemia por COVID-19 no impide que se sigan generando intereses moratorios, ante la falta de cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Los intereses moratorios no dependen del curso de los términos procesales, sino del incumplimiento de una obligación de naturaleza sustantiva. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031967

Sistema de alerta registral de inmuebles en Nayarit

El servicio de alerta registral en Nayarit que permite informar en tiempo real, al propietario, acreedor hipotecario, deudor hipotecario o quien tenga la garantía fiduciaria sobre las solicitudes de inscripción o certificación que ingresen en el Registro Público, tienen un carácter informativo, sin implicar transferencia o revelación de datos personales. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031956

Orden de aprehensión por necesidad de cautela

Es constitucional que un ministerio público solicite una orden de aprehensión por “necesidad de cautela”, cuando justifique que otras medidas resultan insuficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada a la audiencia inicial. Se trata de un medio excepcional que debe ser justificado. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031957

Ministerio público e intervención de comunicaciones

Si el ministerio público sustenta su acusación de manera relevante en la intervención de comunicaciones, debe asumir la carga de perfeccionar en juicio su contenido, acreditando su origen, la identidad de las personas intervinientes y la correcta atribución de las conversaciones, con  medios de prueba idóneos. Registros: 2031978

Regla de ponderación probatoria

Cuando el órgano jurisdiccional valore la eficacia demostrativa de la prueba de escucha o intervención telefónica policial, debe observar la regla de ponderación probatoria a la que hizo referencia el pleno regional en la jurisprudencia para la prueba testimonial. [Jurisprudencia] Registro: 2031979

Infracción de tránsito y juicio de amparo

Cuando se impone una infracción de tránsito al conductor de un vehículo sin que se encuentre presente el propietario del auto, el cómputo del plazo para promover la demanda de amparo empieza a correr en la fecha en que se le notifica la multa al propietario o en la que se hace sabedor y no desde la fecha que consta en la boleta de infracción. No puede afirmarse, sin que medien pruebas, que el conductor informó al propietario sobre la multa. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031977

Infracción de tránsito que no señala medio de defensa procedente

Cuando en la boleta de infracción de tránsito no se señale el medio de defensa que procede, el plazo para interponerlo y la autoridad competente, podrá promoverse demanda de nulidad en cualquier momento. Con esto se fortalece el acceso a la justicia del particular y la certeza jurídica. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031964

Modificación de área natural protegida

El titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no puede modificar el destino y extensión de un área natural protegida en territorio indígena, en el que se pretende construir instalaciones de la Guardia Nacional. La modificación debe realizarse por la autoridad que declaró el terreno como área natural protegida, en este caso, el Ejecutivo Federal. Registro: 2031958

Requisitos en la solicitud de pensión o jubilación

Cuando un derechohabiente del IMSS solicite su pensión por jubilación o vejez, sin cumplir con todos los requisitos y durante el procedimiento se modifique la legislación, deberá cumplir con los requisitos previstos en la legislación vigente. [Jurisprudencia] Registro: 2031974