Compraventa de palabra y delitos fiscales

Por Mariana Ruiz y Denise Tron

El SAT embargó un bien que el contribuyente ya había vendido “de palabra”, el comprador no pudo defenderse a través del juicio de amparo, así lo resolvió un tribunal. En otro criterio se definió en qué casos se configura el delito por desocupar el domicilio fiscal. Un Pleno de Circuito analizó el caso de un servidor público al que se le redujo el aguinaldo sin aviso previo.

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Particulares que actúan como autoridad

Go Karts

Los comisarios de la Comisión Nacional de Kartismo, A.C. actúan como autoridad cuando organizan y califican las competencias oficiales, sancionan a los participantes o ejercen otra función esencial. [Pleno de Circuito, jurisprudencia] Registro: 2025818

Universidad pública

La recomendación del Comité Académico de una universidad pública de dar de baja a un alumno, es un acto de autoridad porque limita el acceso a la educación superior. [Pleno de Circuito, jurisprudencia] Registro: 2025792

Fecha cierta en compraventas de palabra

El reconocimiento en juicio civil de una compraventa “de palabra” de un bien, no convalida la fecha en que se realizó. Se tendrá por fecha cierta del contrato aquella en que se dicte la sentencia de reconocimiento de la compraventa. Si antes del dictado de la sentencia, el SAT embarga el bien por un crédito fiscal del entonces vendedor, el comprador no podrá ir al amparo para defenderse. Registro: 2025810

Delito por desocupar el domicilio fiscal

Se considera delito si el contribuyente deja su domicilio fiscal y no da aviso del nuevo domicilio, después de que el SAT le notificó un requerimiento de información. No es necesario que transcurra un año para configurarse el delito, pues este requisito se refiere a otro supuesto regulado en el Código Fiscal de la Federación. Registro: 2025803

Diferencias entre expediente físico y electrónico

Si al recibir las constancias de un juicio de amparo el tribunal colegiado advierte que el expediente físico no coincide con el expediente electrónico, tendrá que analizarse si es necesario reponer el procedimiento o si es suficiente con que se integre debidamente el expediente físico.

En el caso analizado por el tribunal, tramitado durante la pandemia, el expediente físico no tenía la constancia de la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se ordenó reponer el procedimiento. Registros: 2025807, 2025806 y 2025805

Ratificación de la demanda por madre de menor

Durante la pandemia, el juzgado ordenó la ratificación de la demanda de amparo promovida por una madre, como representante legal de su hijo, sin embargo, negó la solicitud de la quejosa de ratificar la demanda a través de una videoconferencia. El tribunal resolvió que atendiendo al interés superior del menor o por una situación de desigualdad de género (madre cuidadora), los jueces deben habilitar este medio. Registro: 2025822

Los anteriores criterios tendrán que reinterpretarse con el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que entró en vigor el 7 de noviembre de 2022. El Acuerdo introdujo nuevas disposiciones relacionadas con el uso de medios electrónicos y soluciones digitales:

• Elimina el uso de los libros físicos para el control de expedientes.
• Promueve el uso del expediente electrónico.
• Faculta a todos los órganos jurisdiccionales para realizar diligencias por videoconferencia.

Pruebas para cargos no reconocidos

Un usuario demandó a su banco por cargos no reconocidos, entre las pruebas aportó un “log de transacciones” que es una base de datos sobre los movimientos en el sistema. El tribunal resolvió que este tipo de pruebas técnicas requieren ser analizadas por un perito en materia informática y no podrán ser interpretadas directamente por el juez. Registro: 2025812