El objetivo primordial de estas reformas es fortalecer la lucha de México contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurar la estabilidad del sistema financiero y la salud de la economía nacional. También se señala que México debe dar cumplimiento a las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo a nuestro país en 2018, por deficiencias en la aplicación de medidas preventivas y de supervisión, entre otras cuestiones.

Principales cambios propuestos respecto a la legislación vigente

1. Actividades vulnerables y obligaciones específicas

Se propone ampliar el alcance de las Actividades vulnerables, modificar los umbrales financieros y aumentar las obligaciones de identificación y reportes.

• Actividades vulnerables. Se amplía la definición de algunas Actividades vulnerables:
  1. En desarrollos inmobiliarios se adiciona la realización de actividades de construcción y la recepción de recursos para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios.
  2. En la comercialización de activos virtuales (criptomonedas) se incluyen las operaciones que se realicen con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción.

• Para donativos recibidos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, se amplían los sujetos obligados.
• Organizaciones sin fines de lucro (OSFL). La reforma propone una definición amplia de las organizaciones incluidas en el concepto “asociaciones y sociedades sin fines de lucro” para incluir a asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, iglesias, partidos políticos, agrupaciones políticas, colegios de profesionistas y sindicatos. La recepción de donativos por parte de las OSFL es considerada una Actividad vulnerable.
• Modificación de umbrales. Para la comercialización de activos virtuales, el umbral de aviso se reduce de 645 UMAs a 210 UMAs por operación (de $72.9 mil a $23.7 mil pesos) y se añade una obligación de reportar cuando las operaciones generen un cobro por servicio, cuya comisión sea de 4 UMAs ($452 pesos), independientemente del monto de la operación.
• Notarios y corredores públicos. Se busca homologar los umbrales de reporte para notarios y corredores públicos, eliminando asimetrías. Se modifica la redacción para notarios, eliminando el término «certificaciones» y ampliando el alcance a «cualquier otro acto que conlleve a su formalización». Además, se reducen los umbrales de aviso para algunas operaciones realizadas por notarios, como la constitución de personas morales y fideicomisos, de 8,025 UMAs a 4,000 UMAs (de $907.9 mil a $452.5 mil pesos).
• Obligación de identificación y debida diligencia. Se exige a quienes realicen actividades vulnerables la obligación de identificar y conocer de manera directa a sus clientes o usuarios, basándose en documentos o medios de identificación oficiales. Para personas morales o fideicomisos, se deben recabar documentos que identifiquen al Beneficiario controlador. Para personas físicas, se requiere una declaración sobre la existencia de un Beneficiario controlador y la documentación correspondiente, todo conforme a reglas generales.
• Reportes de operaciones sospechosas. Se amplía la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas para incluir tanto las transacciones concluidas como las intentadas, incluso si no se concretan, con un plazo de 24 horas para su presentación.
• Sistemas automatizados y Enfoque basado en riesgo. Se establece la obligación de implementar sistemas automatizados para el monitoreo permanente de transacciones y para identificar aquellas fuera del perfil transaccional de los clientes. También se exige realizar evaluaciones periódicas de riesgos basadas en un Enfoque basado en riesgo (EBR).
• Custodia de información. Se amplía el plazo de conservación de la información y documentación de soporte de la actividad vulnerable de cinco a diez años.

2. Nuevas definiciones de conceptos clave

Se modifican definiciones de conceptos clave, lo cual se traduce en mayores obligaciones para los sujetos a los que aplica esta ley.

• Beneficiario controlador. Se amplía el concepto para requerir su identificación y reporte en todas las actividades vulnerables, y se ajusta el porcentaje de participación accionaria de más del cincuenta por ciento (50%) a más del veinticinco por ciento (25%) para considerar control efectivo, alineándose con estándares internacionales. La definición también equipara «beneficiario controlador» con «beneficiario final» y «propietario real».
• Relación de negocios. La definición se actualiza para incluir tanto relaciones formales y habituales como transacciones ocasionales, y se añade la obligación de verificar y documentar la identidad de los beneficiarios finales.
• Persona políticamente expuesta. Se incorpora una definición que obliga a quienes realizan actividades vulnerables a identificar y monitorear las operaciones con estos clientes, incluyendo la implementación de manuales de políticas internas y sistemas automatizados de seguimiento.
• Se introduce la definición de “riesgo» en el contexto de la probabilidad de que las Actividades vulnerables sean utilizadas para actos u operaciones ilícitas.
• Representante encargada de cumplimiento. Se define a la persona designada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el cumplimiento de las obligaciones de la ley.
• Unidad de medida y actualización (UMA). Se reemplaza el salario mínimo por el valor diario de la UMA en los cálculos de umbrales de identificación, aviso y multas, en cumplimiento a la reforma constitucional de 2016.

3. Facultades y coordinación de autoridades

Se busca optimizar la supervisión y aumentar la efectividad del sistema de prevención de lavado de dinero, ampliando las facultades de la SHCP y reforzando la cooperación interinstitucional.

• Se le otorgan nuevas facultades a la SHCP para establecer requisitos de alta y registro en el sistema electrónico para actividades vulnerables y entidades colegiadas.
• Se fortalece la cooperación interinstitucional, incluyendo la coordinación de la SHCP con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con la Guardia Nacional.
• Se faculta a la SHCP y a la Fiscalía General de la República (FGR) para recabar y corroborar información de registros públicos, bases de datos e identificaciones oficiales de autoridades federales, locales o municipales, y celebrar convenios para sistemas de consulta remota.
• La SHCP deberá denunciar ante la FGR cualquier acto u operación que pueda constituir un delito federal. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá informar semestralmente a la SHCP sobre el estado de las denuncias.
• Se incorpora la obligación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, locales, municipales, organismos autónomos y empresas productivas del Estado de proporcionar información requerida por la SHCP. Esto incluye información de partidos políticos, sindicatos y organismos reguladores energéticos.
• La SHCP elaborará y mantendrá un listado de Personas políticamente expuestas y las entidades públicas deberán remitir sus propios listados.

4. Capacitación, protección de identidad y auditorías

Se buscan implementar medidas clave en materia de capacitación y protección de identidad de los encargados de cumplimiento, así como  la obligación de realizar auditorías.

• Se establece la obligatoriedad de programas de capacitación anuales para el personal involucrado en actividades vulnerables, incluyendo a directivos, administradores únicos y representantes de cumplimiento, así como para las autoridades involucradas en el tema.
• En cuanto a la supervisión, se exige la realización de auditorías internas o externas para evaluar la efectividad del cumplimiento de las obligaciones, permitiendo auditorías internas para sujetos de riesgo bajo o medio y exigiendo externas para aquellos de alto riesgo.
• Para garantizar la seguridad de los profesionales, se implementan medidas para proteger la identidad de los oficiales de cumplimiento de entidades financieras y de los representantes encargados de cumplimiento de actividades vulnerables.

5. Fortalecimiento de sanciones

Estas reformas buscan asegurar la efectividad del sistema mediante la imposición de sanciones proporcionales y disuasivas, incluyendo la revocación de permisos para quienes realicen Actividades vulnerables y no cumplan con sus obligaciones de prevención.

• Se incluyen sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de reporte y prevención, incluyendo la revocación de permisos para actividades vulnerables como juegos y sorteos, blindaje y traslado de dinero.
• Se elimina el dolo como elemento del tipo penal previsto en la Ley Antilavado en el que se sanciona a quien modifique o altere datos o información para ser incluida en los avisos (artículo 62). Se prevé que el delito admitirá la comisión culposa, pero solo cuando medie un error de tipo vencible, corregido espontáneamente antes de que la autoridad tenga conocimiento.
• En el referido delito, se incluye un nuevo supuesto de comisión, cuando en los avisos se presenten documentos o imágenes ilegibles que impidan el conocimiento efectivo de su contenido.
• Se permite la regularización espontánea de infracciones por única ocasión con abstención de sanción, y en casos posteriores, una reducción de hasta el 50% de las multas si la regularización es espontánea y previa al inicio de la verificación.
• En cuanto a notarios y corredores públicos, si la SHCP identifica «notorias deficiencias» en el cumplimiento de la ley, informará a la autoridad competente para que inicie el procedimiento sancionador. Se definen «notorias deficiencias» en el dictamen.
• La SHCP es reconocida como víctima u ofendido en los delitos de lavado de dinero en los que se utilicen servicios del sistema financiero (artículo 400 Bis, CPF).

¿Dónde está la reforma en el proceso legislativo?

En sesión extraordinaria del 25 de junio de 2025, el Senado aprobó el dictamen con propuesta de reforma a la Ley Antilavado y al CPF. Como resultado de la discusión se eliminaron dos aspectos del dictamen:

• Se había propuesto que la Ley Antilavado señalara en su objeto que incluía la prevención y detección del financiamiento al terrorismo, además de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• En el CPF se había incluido dentro del listado de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, el delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento (artículo 11 Bis).

Con las modificaciones antes señaladas, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados y se espera que sea aprobado en el periodo extraordinario que inició el 23 de junio y concluirá el 2 de julio de 2025.

Consideraciones sobre la implementación de la reforma

Los artículos transitorios propuestos establecen cuáles serían los plazos para la entrada en vigor de la reforma y las obligaciones de diversas autoridades para su implementación.

• Entrada en vigor del Decreto. El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con algunas excepciones.
• Entrada en vigor de nuevas obligaciones. Las obligaciones establecidas en las fracciones VII a XI del artículo 18 de la Ley entrarán en vigor en los plazos que establezcan las reglas de carácter general.
• Modificación de reglas de carácter general. La SHCP, previa opinión del Servicio de Administración Tributaria, modificará las reglas de carácter general de la Ley Antilavado.
• Periodo anual para capacitación y auditoría. El periodo anual para los programas de capacitación y las auditorías se entenderá por año calendario. El primer periodo comenzará el 1 de enero del año siguiente a la publicación del decreto.
• Programa para organizaciones sin fines de lucro. Durante los primeros seis meses a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general de la Ley, la UIF en coordinación con el SAT implementará: i) un programa de capacitación y orientación para las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, para el correcto cumplimiento de sus obligaciones y, ii) medidas simplificadas de cumplimiento, de acuerdo con su nivel de riesgo.
• Notarios y corredores públicos. Los Congresos de los estados deberán realizar las reformas conducentes para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 58 de la Ley Antilavado, dentro de los 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Fecha: 25 de junio de 2025

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La Segunda Sala analizó la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2022 que aumentó a 12 días el periodo mínimo de vacaciones de los trabajadores. También se pronunció sobre dos prestaciones laborales que pueden reclamarse en juicio sin que sea necesario acudir a la conciliación prejudicial.

Negativa del aviso de cancelación de RFC y juicio contencioso administrativo

El acuse de respuesta que emitió el SAT en el que señala que el contribuyente no cumple con los requisitos para presentar el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, es una resolución definitiva contra la que procede el juicio contencioso administrativo federal. Ante la falta de presentación del aviso, la autoridad fiscal calificaría la fusión como una enajenación. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: 2029252

Tarifa progresiva de aportaciones patronales de vejez y cesantía

La Segunda Sala avaló la reforma de 2020 a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que estableció una tarifa progresiva, en vez de una fija, para calcular el monto de las aportaciones patronales en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Registro: 2029233

Tarifa progresiva. Se trata de una medida adecuada y proporcional, en tanto es un instrumento de política pública que permite que las aportaciones sean acordes a la capacidad contributiva del patrón y se otorgue una pensión digna a los trabajadores. Registro: 2029232

Elementos esenciales de las aportaciones patronales. La Segunda Sala sostuvo que la Ley del Seguro Social no contiene la totalidad de dichos elementos (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y fecha o época de pago), pero que pueden identificarse a través de un análisis sistemático de dicha ley. Registro: 2029231

Reclamo de prestaciones que no requieren conciliación prejudicial

Es innecesario agotar la conciliación prejudicial cuando se reclamen, únicamente y de forma conjunta, las siguientes prestaciones: 1) la designación de beneficiarios del trabajador fallecido, y 2) la entrega del saldo de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: 2029253

Excepción a conciliación prejudicial: Nuevo patrón demandado

Cuando en el juicio laboral se advierte que quien fue señalado como tercero interesado, en realidad tiene el carácter de patrón y por tanto, de demandado, no será necesario que respecto de él se agote la etapa previa de conciliación. Solo se le deberá correr traslado de la demanda, respetando los plazos, sin suspender el procedimiento. Registro: 2029238

SCJN avaló aumento del periodo vacacional

La Segunda Sala avaló la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2022 por la que se aumentó a 12 días el periodo mínimo de vacaciones de los trabajadores que tengan más de un año laborando, en tanto genera mejores condiciones laborales para el trabajador. No es posible sostener que los patrones tienen un derecho a que las condiciones contractuales permanezcan inamovibles, sin que deben sujetarse al texto legal vigente. Comunicado No. 273/2024

Investigación ministerial: aseguramiento registral de un inmueble

Para que el ministerio público realice el aseguramiento registral o catastral de un inmueble, es necesario que cuente con autorización judicial previa. Si bien este acto de investigación no se encuentra listado expresamente entre aquellos que requieren autorización judicial, es un acto de molestia que afecta de forma temporal el derecho de propiedad. [Pleno Regional, Jurisprudencia]. Registro: 2029235

Declaración de sustracción a la acción de la justicia ¿solo procede contra el imputado?

El juez podrá dictar la declaratoria de sustracción a la acción de la justicia en contra de cierta persona, sin que sea necesario que previamente se le haya formulado la imputación. Con esta jurisprudencia del Pleno Regional deja atrás el criterio que establecía que dicha declaratoria solo podía dictarse respecto de quienes ya tuvieran la calidad de imputado. La referida declaratoria dará lugar al libramiento de una orden de aprehensión. [Pleno Regional, Jurisprudencia]. Registro: 2029262

¿Celeridad procesal? en el juicio contencioso administrativo

El auto por el que se tiene por no presentada la demanda, debido a que el demandante cumplió de forma parcial con un requerimiento, deberá dictarse al día siguiente a aquel en que se presentó el escrito, y no un mes después, como sucedió en el caso que se comenta. Registro: 2029243

La Primera Sala se pronunció sobre la constitucionalidad del procedimiento para acreditar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) pagado en el extranjero, las obligaciones de los juzgadores cuando se argumenta tortura y la falta de legitimación del Ministerio Público para promover el juicio de amparo. En materia de concursos mercantiles, un Pleno Regional analizó la procedencia de la suspensión en la etapa de quiebra.

Ingresos exentos de ISR deben calcularse conforme a la UMA

A diversos contribuyentes se les negó la devolución de saldo a favor de ingresos exentos del pago de ISR por concepto de jubilaciones, pensiones, retiro, primas de antigüedad e indemnizaciones debido a que lo habían calculado conforme al salario mínimo y debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). [Jurisprudencia] ]Registros: 2029120

Límites al acreditamiento de ISR pagado en el extranjero

Con la reforma de 2014 a la Ley del ISR se condicionó el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero de personas morales al cumplimiento de determinados requisitos. La Primera Sala sostuvo que la medida es constitucional en tanto evita que se mezclen los pagos realizados en diversos países. [Primera Sala] Registro: 2029121

Contribuyente no localizado en domicilio fiscal y suspensión en amparo

No procede conceder la suspensión definitiva en contra de los efectos de la resolución que determina a un contribuyente como no localizado en su domicilio fiscal. Lo anterior con la finalidad de que el contribuyente no evada las facultades de investigación, comprobación y ejecución del SAT, y afecte con ello el orden público e interés social. Registro: 2029145

Valoración de prueba de cargo obtenida con tortura

El sentenciado argumentó que para condenarlo se valoró la declaración del coinculpado obtenida bajo tortura. Ante el argumento de tortura el órgano jurisdiccional está obligado a realizar un análisis oficioso. Toda persona tiene derecho a ser juzgado a partir de pruebas obtenidas de forma lícita, por lo que aquella prueba obtenida bajo tortura debe ser excluida como prueba de cargo. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: 2029152, 2029151 y 2029150

¿El Ministerio Público puede promover juicio de amparo?

El Ministerio Público es el órgano encargado de la persecución y acusación del delito pero no es titular ni representante de los derechos afectados por el delito. Por ello carece de legitimación para promover el juicio de amparo, incluso cuando de no promoverlo quede firme una sentencia absolutoria. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2029026

Empresas productivas subsidiarias de la CFE

Las empresas productivas subsidiarias de la CFE forman parte de una nueva organización de la administración federal y se consideran personas morales oficiales por lo que están exentas de exhibir garantía para que se le conceda la suspensión en amparo directo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: 2029112

Suspensión provisional en derecho de petición

No procede conceder la suspensión provisional para efectos de que se dé respuesta a una solicitud realizada mediante el derecho de petición. Lo anterior debido a que de concederla tendría efectos restitutorios y no sería un beneficio transitorio. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: 2029149

No procede conceder la suspensión contra actos en etapa de quiebra

La paralización de la venta de los activos de la persona en quiebra causa múltiples afectaciones que se agravan cada día afectando el interés social y el orden público, por lo que en contra de los efectos de la etapa de quiebra no procede conceder la suspensión en el juicio de amparo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia]. Registro: 2029135

Un TCC analizó cuándo se puede solicitar la devolución de IVA trasladado; en otro caso se analizó la solicitud de devolución de pago de lo indebido. La Primera Sala analizó la inconstitucionalidad de una norma en desuso.

Ahorro para el retiro: plazo para imponer multa
El artículo 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro regula el procedimiento para imponer una multa pero no contempla el plazo para su imposición. La Primera Sala sostuvo que ello no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica debido a que el plazo aplicable es el genérico de cuatro meses y se encuentra previsto en otro artículo de la Ley. [Jurisprudencia]. Registro: 2026785

Pago de sobrecosto de agua en CDMX
En la CDMX se estableció un sobrecosto de los servicios de agua para aquellos usuarios de determinadas colonias con un consumo mayor a 60,000 litros. La Primera Sala validó esta medida porque persigue fomenta el uso consciente de agua, está dirigida a las colonias con mayor desarrollo económico y no transgrede el principio de igualdad. Registro: 2026754

Solicitud de devolución de impuesto al valor agregado (IVA) trasladado
Cuando el contribuyente que enajena un bien o presta un servicio y traslada al adquirente el pago de IVA, puede solicitar la devolución de saldo a favor desde que traslada el impuesto al contribuyente que lo retiene. No es necesario que espere a que el contribuyente que adquirió el bien o servicio declare y entere el impuesto. Registro: 2026765

Solicitud de devolución de pago de lo indebido
Cuando se solicita la devolución del impuesto sobre la renta (ISR) pagado sobre un ingreso exento, como lo es el ahorro para el retiro, no es necesario que el contribuyente presente su declaración anual de ISR. En la devolución de pago de lo indebido, la cantidad es pagada por error y no existe una obligación tributaria. Registro: 2026757

¿Qué valor probatorio tiene la copia simple de una sentencia?
Las sentencias emitidas en juicio de forma electrónica cuentan con elementos que permiten garantizar su autenticidad y fiabilidad, como por ejemplo, la firma electrónica del emisor, certificados digitales y códigos QR. Si se exhibe en juicio la sentencia en copia simple y su contenido no ha sido alterado tiene pleno valor probatorio. Registro: 2026752

Juez competente ante omisión de cuidar el medio ambiente
La omisión de vigilar, proteger y preservar el medio ambiente tiene efectos positivos en tanto afecta el lugar donde se encuentra el bien que no ha sido preservado, por ejemplo un acuífero. Por consecuencia, tiene competencia para conocer la demanda de amparo el juez de distrito en la jurisdicción donde se encuentra el acuífero. Registro: 2026742

¿Las normas en desuso u obsoletas son constitucionales?
Una Ley vigente desde los años setenta en Baja California establece que en asuntos de cuantía indeterminada los honorarios de los abogados deben ser de hasta cinco pesos. La Primera Sala declaró inconstitucional la norma por estar en desuso y transgredir el derecho humano a una tutela judicial efectiva. Lo anterior por tratarse de cantidades injustas que impiden el pago de costas declaradas en sentencia. [Jurisprudencia] Registros: 2026756 y 2026750

Reclamo de pensión de vejez al IMSS
El derechohabiente del IMSS que reclame en juicio el otorgamiento y pago de una pensión de vejez debe exhibir la negativa del instituto de otorgar la pensión o bien, la solicitud efectuada. Dichos documentos son base de la acción y necesarios para integrar la litis, de no aportarse en juicio la acción será improcedente. [Segunda Sala, jurisprudencia]. Registro: 2026747

Información bancaria en proceso penal: impugnable en amparo
Si al iniciarse el juicio penal el juez admite como pruebas ofrecidas por el Ministerio Público los estados de cuenta bancarios de la persona imputada, éste podrá promover amparo para que se revise si deben o no admitirse dichas pruebas. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2026460

Media aritmética para que proceda suspensión condicional del proceso
La Primera Sala sostuvo que para que proceda la suspensión condicional del proceso, el delito y sus agravantes señalados en el auto de vinculación a proceso deben considerarse como una unidad y tener una media aritmética menor a cinco años. [Jurisprudencia] Registro: 2026479
Conceptos jurídicos:
La suspensión condicional del proceso es una forma anticipada de terminación del procedimiento penal que contempla la reparación del daño a la víctima y puede extinguir la acción penal.
La media aritmética de la pena se obtiene al sumar la pena mínima y máxima del delito, y dividirlo entre dos.

¿Qué pasa si el juez o secretario no firman la sentencia el mismo día que se emite?
Los tribunales llegaron a una contradicción de criterios y la Segunda Sala resolvió que la firma en fecha posterior a la emisión de la sentencia e incluso en día inhábil, transgrede el principio de seguridad jurídica, pero no afecta derechos sustantivos ni amerita revocar la sentencia y reponer el procedimiento. [Jurisprudencia]  Registro: 2026455

Suspensión para otorgar medicamentos
Un tribunal resolvió que la suspensión debe concederse de oficio y de plano cuando se afecte la vida, aun y cuando ello pueda dejar sin materia el juicio y tenga efectos restitutorios. En este amparo, el quejoso reclamó al IMSS la falta de tratamiento médico y la transgresión al derecho a la salud. Registro: 2026480

Relación de trabajo entre los músicos de un mariachi
Entre los integrantes de un mariachi no existe una relación de trabajo a pesar de que uno de ellos sea el encargado de contratar con los clientes y repartir los ingresos. Por la actividad que realizan, no hay una relación de subordinación entre los músicos, por lo que uno de ellos no puede demandar al resto por despido injustificado. Registro: 2026461

Dependencia pública responde con evasivas sobre horario laboral
Una servidora pública demandó a dos dependencias de gobierno el pago de horas extras trabajadas y señaló cuál fue el horario en que laboró. Las dependencias contestaron la demanda con evasivas, sin precisar el horario de la trabajadora, por lo que el tribunal resolvió que en este caso debe tenerse por cierto que la trabajadora laboró las horas extras. Registro: 2026456

Pensión compensatoria para la mujer
Una mujer demandó el divorció y solicitó que el esposo le pagara una pensión compensatoria. La Primera Sala resolvió que esta pensión puede otorgarse bajo dos supuestos: i) cuando tenga necesidad de recibir alimentos (asistencial) y ii) cuando se deba compensar el desequilibrio económico en que queda la mujer después de la separación (resarcitoria).
Finalidades distintas. En juicio se deben analizar los dos supuestos, asistencial y resarcitoria, y determinar si recibe la pensión por los dos supuestos o solo por uno de ellos.
Carga de la prueba. Cuando se solicite la pensión resarcitoria argumentando haberse dedicado al cuidado de los hijos o labores del hogar, se presume cierta la afirmación de la mujer y se revierte la carga de la prueba al esposo.
¿Hay un desequilibrio patrimonial? Para determinarlo el tribunal debe conocer la situación patrimonial del matrimonio, incluyendo no solo los ingresos del esposo, sino también los bienes que forman parte de la sociedad conyugal.
¿Aplicación retroactiva? Aun cuando la figura de la pensión compensatoria se incorporó en el Código Civil después de que inició el juicio, sí podrá ser solicitada por la esposa. Registro: 2026450, 2026468, 2026469 y 2026470

Apoderado vende inmueble después de la muerte del propietario del bien
En este caso, la venta será nula. Una vez que falleció la persona que otorgó un poder, el apoderado solo podrá realizar actos de administración sobre el inmueble, pero no podrá ejercer el poder para actos de dominio, ni siquiera si el poder había sido otorgado como irrevocable.
Registro: 2026464

Decomiso de mercancía “pirata” 
En una visita de inspección, el IMPI encontró que en un establecimiento había mercancías “pirata” y fueron aseguradas. La inspección se realizó sin cumplir con las formalidades previstas en la ley y fue declarada inválida. Esta situación no impide que el IMPI sancione al establecimiento, sin embargo, no podrá utilizar como pruebas los elementos recabados en la visita de inspección. Registro: 2026451

Dos juicios de nulidad contra la misma resolución
Si se presenta un segundo juicio de nulidad en contra de una resolución administrativa por negativa ficta, deberá admitirse a trámite, si el primer juicio fue sobreseído porque la autoridad no contestó la demanda y no exhibió la resolución. Registro: 2026472

Condonación del pago de derechos y aprovechamientos
Un tribunal resolvió que la condonación de contribuciones para proyectos de desarrollo habitacional que recibieron financiamiento del gobierno de la CDMX, otorgado en 2017, no transgrede el principio de igualdad, a pesar de que este beneficio no lo tuvieron otros proyectos. Lo anterior, porque la finalidad de la medida fue apoyar a personas de bajos recursos. Registro: 2025922

Derechos de una comunidad indígena
Un grupo de ejidatarios firmó un contrato con una empresa de hidrocarburos para que pudiera realizar construcciones de ductos en tierras ejidales, en violación a los derechos del resto de los ejidatarios, quienes interpusieron juicio. Al resolver, el tribunal analizó los alcances de la impartición de justicia cuando se trate de grupos indígenas:
El derecho de ser asistido por un intérprete. Este derecho puede extenderse a actos jurídicos fuera de juicio, por ejemplo, a las asambleas ejidales y en las negociaciones para firmar un contrato, si con estos actos se afectan los derechos de una comunidad indígena.
Estandar para analizar el acceso pleno a la justicia. El juez debe tutelar de manera especial los derechos de una comunidad indígena, como requisito para considerar que se respetó su derecho de acceso a la justicia. Registros: 2025921 y 2025927

Reparación a víctimas de Guardería ABC
No procede el pago de una indemnización por daño a la integridad física cuando el menor falleció a causa del incendio. Este tipo de indemnización solo puede otorgarse cuando la persona que sufrió el daño sigue viva. En caso de fallecimiento, el daño que le causó la muerte al menor debe considerarse dentro de la indemnización por daño moral. Lo contrario implicaría una duplicidad en la indemnización.
En este criterio se distinguen tres tipos de reparación: por daño a la integridad física, por daño moral y por lucro cesante. Registros: 2025919 y 2025935

¿La jurisprudencia aplica de forma retroactiva?
Si al momento en que el juez interpreta una norma no existe jurisprudencia sobre el tema y posteriormente la Suprema Corte emite una jurisprudencia con un criterio distinto al del juez, ésta no podrá ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de alguna de las partes. [Pleno de circuito, jurisprudencia] Registro: 2025929

Notario puede ir al amparo
En caso de que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio se niegue a inscribir una escritura pública relacionada con un inmueble, el notario tiene legitimación para acudir al juicio de amparo. Registro: 2025931

Actuaciones que no interrumpen la caducidad
En un juicio ejecutivo mercantil en el que estaba pendiente el emplazamiento del demandado a través de un exhorto, se declaró la caducidad por inactividad. El tribunal consideró que a pesar de que la parte actora presentó varios escritos señalando el domicilio del demandado, estos no fueron suficientes para interrumpir la caducidad porque dicha actuación ya había sido acordada por el juzgado. Registro: 2025918

Retención de bienes como medida cautelar
Si la persona que promueve juicio ejecutivo mercantil solicita que se retengan los bienes del demandado en el escrito de demanda, entonces tendrá que llamarse a juicio al demandado previo a asegurar los bienes. Registro: 2025930

Pagaré condicionado
Si en el texto del pagaré se señala que su cobro está sujeto a una condición, entonces no tienen naturaleza de un título de crédito que trae aparejada ejecución, porque no cumple con el requisito de pago incondicional. Registro: 2025932

Imitador de imagen y canción para spot publicitario
La letra de una canción de Ricardo Arjona fue modificada y utilizada sin autorización por la empresa automotriz Toyota en una campaña de publicidad, en la que incluso apareció una persona parecida al cantante.
La Primera Sala de la SCJN resolvió que el derecho a la propia imagen no se refiere únicamente al retrato de las personas, abarca toda representación gráfica de la persona. Se transgrede cuando con la imitación se obtiene un beneficio económico.
Se solicitó una indemnización del 40% del precio final de los autos vendidos, lo cual no fue concedido por la Primera Sala, al considerar que no es posible determinar que la totalidad de ventas fueron consecuencia de la campaña publicitaria. Queda pendiente que se cuantifique la indemnización con base en pruebas y dictámenes de peritos. Comunicado No. 042/2023

¿La autoridad debe atender peticiones por twitter?
La Primera Sala resolvió que las peticiones que se envíen a una autoridad a través de twitter, están protegidas dentro del derecho de petición, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. La autoridad sea la titular de la cuenta de twitter.
2. La autoridad haya habilitado la cuenta para su actuar oficial, lo cual puede ser probado con hechos, por ejemplo, que en otras ocasiones haya dado respuesta a otras peticiones.
3. Que el mensaje del usuario sea una petición y no solo una opinión.
Por tanto, deberá analizarse caso por caso, dependiendo del uso que la autoridad le ha dado a la red social. Comunicado No. 031/2023

En enero de 2023 la Corte Interamericana se pronunció sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

 ¿La prisión preventiva oficiosa es una pena anticipada?

 ¿Qué hará la SCJN para cumplir el fallo de la Corte Interamericana?

Escucha el nuevo episodio del podcast “La otra Corte” en el que Luis Pérez de Acha explica este tema. Da click en la imagen.

Defraudación fiscal equiparada
La Primera Sala confirmó que la defraudación fiscal equiparada no viola el principio de exacta aplicación de la ley, cuando el delito se comete por declarar deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos. No es necesario que la norma establezca a qué tipo de declaraciones se refiere o los plazos de presentación, estos elementos están definidos en la legislación fiscal. [Jurisprudencia] Registro: 2025892

Equidad tributaria en impuestos locales
Dos tribunales analizaron el principio de equidad tributaria. En Durango, respecto de un estímulo fiscal para disminuir el impuesto sobre nóminas a ciertos contribuyentes. En el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal de Sonora, por la exención otorgada a las asociaciones con fines no lucrativos. En ambos casos se consideró que no se viola el principio de equidad tributaria. Registros: 2025899 y 2025909

Alcances de la reconsideración administrativa
La Segunda Sala resolvió sobre el alcance de la reconsideración administrativa, al establecer que el SAT solo podrá revisar la resolución final dictada en el procedimiento fiscalizador y no los actos previos. [Jurisprudencia] Registro: 2025907
La reconsideración administrativa se utiliza cuando el contribuyente no se defendió en tiempo a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, y se le solicita al SAT que analice nuevamente una resolución dictada por esta autoridad. La Segunda Sala ya había resuelto que en este procedimiento, el contribuyente no puede aportar nuevas pruebas. Registro: 2023305

Eliminar apellido paterno de acta de nacimiento
Dos hermanos fueron a juicio para solicitar que se eliminara de su acta de nacimiento el apellido de su padre, porque éste los había abandonado, sin embargo la legislación civil no prevé una acción específica para esto. Un Tribunal de Chihuahua resolvió que  el juicio debía admitirse, para proteger el derecho a la identidad y el acceso a la justicia. Registro: 2025887

Estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso
El juez de control está obligado a analizar y valorar las pruebas ofrecidas por el imputado, antes de que se resuelva si se le vincula o no al proceso penal. El juez no puede argumentar que en este momento del proceso existe un “estándar probatorio reducido” como justificación para no analizar las pruebas. Registro: 2025895

Compra de cocaína ¿es delito?
No comete el delito de narcomenudeo la persona que compra droga para consumo personal, siempre que la cantidad adquirida esté por debajo de los montos máximos permitidos en la Ley General de Salud y además, que no haya sido comprada en una escuela, reclusorio, estación de policía o cerca de estos lugares. Registro: 2025896

Interrupción de la audiencia de juicio oral
La audiencia de juicio oral solo podrá suspenderse por razones excepcionales, señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por 10 días naturales. Si la audiencia no se reanuda en ese plazo, todo lo actuado se considerará nulo y el juicio deberá reiniciarse ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto. Registro: 2025882, 2025883

Retención de migrantes por autoridades mexicanas
Un grupo de migrantes fueron privados de su libertad por el Instituto Nacional de Migración en una estación migratoria. Un tribunal resolvió que cuando la detención no esté relacionada con un delito, en el juicio de amparo se debe conceder la suspensión de oficio y de plano para que sean puestos en libertad. Registro: 2025911

Tráfico de personas indocumentadas
La Primera Sala de la SCJN confirmó la constitucionalidad de las penas previstas en la Ley de Migración para el delito de tráfico de personas indocumentadas, en tanto buscan proteger los derechos humanos de los migrantes y el respeto a la seguridad nacional. Registros: 2025913, 2025914

Embargo desde emplazamiento a juicio
La Primera Sala validó el derecho que tiene la persona que demanda en un juicio ejecutivo mercantil, para solicitar que se realice el embargo de los bienes del demandado desde el momento en que se le emplaza a juicio. El embargo podrá realizarse si ya se había requerido el pago al deudor o si los bienes otorgados en garantía no son suficientes. Registro: 2025894