Las autoridades fiscales tienen un límite respecto de la documentación que pueden solicitarle al contribuyente para resolver sobre la devolución de impuestos relacionados con el estímulo a la compra de diésel. Por otra parte, un pleno regional analizó el estándar de prueba para determinar la fecha de un pagaré

IVA acreditable en importación de bienes a través de un comisionista

La autoridad fiscal autorizó parcialmente la devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, por considerar que el contribuyente había realizado la importación de bienes y otras erogaciones por conducto de un comisionista. Un tribunal consideró que el impuesto sí es acreditable, si el contribuyente demuestra que él realizó el pagó, aunque el entero se haya efectuado a través de un tercero. Registro: 2032008

Estímulo fiscal para actividades agropecuarias por diésel

Para que proceda el estímulo fiscal por compra de diésel para las empresas que realizan actividades agropecuarias o silvícolas, es suficiente con que presenten su objeto social y los comprobantes de la adquisición del combustible. Las autoridades fiscales no pueden solicitar además, que acrediten que el diesel se adquirió para desarrollar sus actividades, como condición para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios. Registro: 2032007

Prueba documental privada en juicio contencioso administrativo

Cuando en el juicio de nulidad se ofrecen pruebas documentales privadas que obran en el expediente administrativo que se impugna, es necesario que el particular identifique las documentales con claridad, tanto en su contenido como en sus características. No basta un ofrecimiento genérico. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032018

Donación municipal por la construcción de fraccionamientos

El congreso de Aguascalientes está facultado para modificar el límite permitido para sustituir con obras o dinero, la donación de terrenos al municipio, a la que están obligados los constructores que desarrollen fraccionamientos o condominios. Por tanto, la Suprema Corte avaló la reforma legal que redujo a 25% el límite de sustitución, el cual era de 70 y hasta 100% dependiendo del proyecto. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2031992 y 2031993

Procedimiento disciplinario de integrantes del servicio exterior mexicano

El medio de defensa que procede en contra del procedimiento disciplinario de los integrantes del servicio exterior es el juicio contencioso administrativo y no el recurso de revocación, en tanto la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que dichas resoluciones deberán impugnarse “ante los tribunales competentes”, por lo que excluye la procedencia del recurso. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2032011

Recurso contra retención de cuentas bancarias

En contra de la retención de cuentas bancarias, dictada como medida precautoria en el juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, debe agotarse el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo. No obstante que el Código de Comercio señala que dichas medidas son irrecurribles, debe entenderse respecto del recurso de apelación y no del de revocación. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032012

Estándar de prueba para demostrar alteración de un pagaré

El estándar de prueba para demostrar la alteración de un título de crédito en un juicio ejecutivo mercantil se rige por la probabilidad preponderante, es decir, debe declararse probado aquel hecho que resulte más probable a partir del material aportado por las partes.

Registro: 2032004

Requisitos de las pruebas grafoquímicas

Para determinar la datación de tintas de un pagaré, sólo serán válidas las pruebas grafoquímicas que son mínimamente invasivas, objetivas en sus resultados y siguen protocolos estandarizados internacionalmente. Previo a admitir la prueba pericial, el juzgador debe cerciorarse de que sea relevante y fidedigna es decir, que: i) la técnica ha sido sujeta a pruebas empíricas, ii) cuente con revisión por pares, iii) tenga un margen de error conocido, y iv) posea estándares que controlen su aplicación. [Pleno regional] Registros: 2032001, 2032014

Prueba inadmisible para determinar antigüedad

La prueba pericial con ácido clorhídrico es inadmisible para determinar la antigüedad de un pagaré pues requiere el uso de un agente altamente corrosivo que altera irreversiblemente el documento y que no se encuentra avalada científicamente. [Pleno Regional, jurisprudencia] Registro: 2032015

Sentencia condenatoria de prestaciones y retención de ISR

No puede considerarse que la autoridad laboral está obligada a señalar expresamente en el laudo o sentencia, que el patrón deberá retener el impuesto sobre la renta respecto de las prestaciones que pagará al trabajador como consecuencia del juicio. Las partes deben conocer que se trata de una obligación legal y que habrá una diferencia entre el monto bruto y el que efectivamente recibirá el trabajador. [Pleno regional] Registros: 2032021 y 2031994

Derecho a la vivienda de los trabajadores de la CFE

El derecho a la vivienda de los trabajadores puede cumplirse mediante diversas modalidades de financiamiento pactadas entre la parte patronal y los trabajadores. Por tanto, si la Comisión Federal de Electricidad cuenta con un fondo que cubre el derecho a la vivienda de sus trabajadores, está exenta de realizar aportaciones al INFONAVIT, siempre y cuando sean iguales o superiores al 5% del salario del trabajador. Registro: 2032005

Para la investigación de delitos y de prácticas monopólicas, las autoridades pueden intervenir comunicaciones. ¿Cuáles son los alcances de esta atribución y cuál es la efectividad en juicio de las pruebas obtenidas?

Acceso de la autoridad a correos electrónicos de empleados

Las comunicaciones entabladas por los agentes económicos que corresponden a las actividades de su objeto social, no pueden considerarse como comunicaciones bajo la tutela del artículo 16 constitucional. Por tanto, la facultad otorgada a la entonces Comisión Federal de Competencia Económica para realizar visitas de verificación, le permitía tener acceso a las comunicaciones que tuvieron los empleados a través de correo electrónico. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031959

Congresos locales no tienen competencia en materia procesal civil

El Congreso de Morelos invadió la esfera del Congreso de la Unión al reformar su código procesal local en 2024, para establecer nuevos requisitos de procedencia para el juicio hipotecario. Con la reforma constitucional de 2017, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en materia procesal civil y familiar, mediante el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031972

Intereses moratorios y COVID-19

La suspensión de actividades y plazos procesales en procedimientos judiciales durante la pandemia por COVID-19 no impide que se sigan generando intereses moratorios, ante la falta de cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Los intereses moratorios no dependen del curso de los términos procesales, sino del incumplimiento de una obligación de naturaleza sustantiva. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031967

Sistema de alerta registral de inmuebles en Nayarit

El servicio de alerta registral en Nayarit que permite informar en tiempo real, al propietario, acreedor hipotecario, deudor hipotecario o quien tenga la garantía fiduciaria sobre las solicitudes de inscripción o certificación que ingresen en el Registro Público, tienen un carácter informativo, sin implicar transferencia o revelación de datos personales. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031956

Orden de aprehensión por necesidad de cautela

Es constitucional que un ministerio público solicite una orden de aprehensión por “necesidad de cautela”, cuando justifique que otras medidas resultan insuficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada a la audiencia inicial. Se trata de un medio excepcional que debe ser justificado. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031957

Ministerio público e intervención de comunicaciones

Si el ministerio público sustenta su acusación de manera relevante en la intervención de comunicaciones, debe asumir la carga de perfeccionar en juicio su contenido, acreditando su origen, la identidad de las personas intervinientes y la correcta atribución de las conversaciones, con  medios de prueba idóneos. Registros: 2031978

Regla de ponderación probatoria

Cuando el órgano jurisdiccional valore la eficacia demostrativa de la prueba de escucha o intervención telefónica policial, debe observar la regla de ponderación probatoria a la que hizo referencia el pleno regional en la jurisprudencia para la prueba testimonial. [Jurisprudencia] Registro: 2031979

Infracción de tránsito y juicio de amparo

Cuando se impone una infracción de tránsito al conductor de un vehículo sin que se encuentre presente el propietario del auto, el cómputo del plazo para promover la demanda de amparo empieza a correr en la fecha en que se le notifica la multa al propietario o en la que se hace sabedor y no desde la fecha que consta en la boleta de infracción. No puede afirmarse, sin que medien pruebas, que el conductor informó al propietario sobre la multa. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031977

Infracción de tránsito que no señala medio de defensa procedente

Cuando en la boleta de infracción de tránsito no se señale el medio de defensa que procede, el plazo para interponerlo y la autoridad competente, podrá promoverse demanda de nulidad en cualquier momento. Con esto se fortalece el acceso a la justicia del particular y la certeza jurídica. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031964

Modificación de área natural protegida

El titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no puede modificar el destino y extensión de un área natural protegida en territorio indígena, en el que se pretende construir instalaciones de la Guardia Nacional. La modificación debe realizarse por la autoridad que declaró el terreno como área natural protegida, en este caso, el Ejecutivo Federal. Registro: 2031958

Requisitos en la solicitud de pensión o jubilación

Cuando un derechohabiente del IMSS solicite su pensión por jubilación o vejez, sin cumplir con todos los requisitos y durante el procedimiento se modifique la legislación, deberá cumplir con los requisitos previstos en la legislación vigente. [Jurisprudencia] Registro: 2031974

Cumplimiento al recurso de revocación y derecho de audiencia

Es constitucional el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación que establece que en cumplimiento de un recurso de revocación, la autoridad fiscal puede solicitar información o documentación de terceros, sin que esté obligada a hacerlo del conocimiento del contribuyente. Este precepto no viola la garantía de audiencia del contribuyente, quien podrá defenderse al momento en que la autoridad le notifique la resolución dictada en cumplimiento al recurso. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031932

Procedimiento para cumplimiento del recurso de revocación

La Suprema Corte sostuvo que no es necesario que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación especifique el procedimiento mediante el cual se solicitará información a terceros para dar cumplimiento al recurso de revocación, como sí sucede cuando se regulan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, por tanto, dicho precepto no viola el principio de seguridad jurídica. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031933

Enajenación de bienes embargados por el fisco

Las autoridades aduaneras embargaron mercancía perecedera a una empresa con motivo de diversos créditos fiscales, que fueron declarados nulos posteriormente. Al solicitar la devolución, los bienes ya habían sido enajenados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por lo que se le devolvió el valor de la venta de los bienes, que fue menor al valor de la mercancía declarado en el procedimiento administrativo en materia aduanera. La Suprema Corte sostuvo que son constitucionales los preceptos que señalan que el Instituto solo podrá pagar hasta la cantidad del valor de venta de los bienes, a pesar de que se haya declarado la nulidad de los créditos fiscales que dieron origen al embargo. [Jurisprudencia] Registros: 2031875 y 2031876

Duración de concesiones mineras

La Suprema Corte sostuvo que la reforma de 2023 a la Ley Minera, que redujo la duración de la concesiones mineras de 50 a 30 años y la prórroga de 50 a 25 años, no es contraria al principio de irretroactividad, ya que a pesar de que un particular cuente con una concesión minera, esto no implica que tuviera un derecho a la prórroga, en los términos de la legislación anterior a la reforma.

También se confirmó la constitucionalidad del artículo transitorio que obliga a los concesionarios a otorgar una garantía por posibles afectaciones sociales que pudieran causarse por la actividad minera. [Jurisprudencia] Registros: 2031892 y 2031893

Exclusividad del Estado en explotación de litio

La Suprema Corte también validó la reforma a la Ley Minera de 2023 en la que se reservaron al Estado la exploración y explotación del litio, se prohibió el otorgamiento de concesiones a particulares, se establecieron como zonas de reserva minera aquellas en las que existan yacimientos de dicho metal y se creó un organismo público descentralizado encargado de estas actividades. Se sostuvo que el litio fue incorporado expresamente al régimen de área estratégica y de exclusividad federal, lo cual se consolidó con la reforma constitucional de octubre de 2024. [Suprema Corte] Comunicado 50/2026, Proyecto de sentencia

Donación de propiedad en la que habita menor con discapacidad

Una persona donó a su nueva esposa la casa en la que habitaban su hijo menor de edad con discapacidad y su ex esposa, a quienes estaba obligado a pagarles alimentos. La donataria del inmueble ejerció acción reivindicatoria. La Suprema Corte sostuvo que el juzgador que conozca de la acción debe analizarla con perspectiva de infancia y adolescencia e incluso, recabar pruebas de forma oficiosa para ponderar si se afectan los derechos del hijo menor de edad, en particular el de recibir alimentos en su forma de casa habitación. [Jurisprudencia] Registro: 2031879

Ministerio público comete delito de cohecho

La Suprema Corte avaló la constitucionalidad del delito de cohecho previsto en el Código Penal del Estado de México. Comete el delito quien solicite u obtenga una dádiva siendo que, para quien haya solicitado una dádiva, el monto solicitado será la base para la pena que se le deberá imponer aun cuando no haya obtenido la dádiva.[Jurisprudencia] Registro: 2031887

Derecho a la reinserción social y delito de feminicidio

Cuando una persona joven, mayor de edad, comete el delito de feminicidio, no puede solicitar que en la individualización de la pena se considere su derecho a la reinserción social. El derecho humano a la reinserción no es un criterio para individualizar la pena, es una directriz del sistema penitenciario. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2031900 y 2031901

Prescripción de la acción penal y seguridad jurídica

La Suprema Corte sostuvo que la interrupción de la prescripción de la acción penal, por actuaciones del ministerio público, prevista en el Código Penal del Estado de México, únicamente es admisible cuando se trate de actos de investigación encaminados a generar elementos de prueba para esclarecer los hechos denunciados. [Jurisprudencia] Registro: 2031911

Intervención de comunicaciones privadas en los estados

Conforme a la Constitución Federal, únicamente pueden solicitar la intervención de comunicaciones privadas, el titular del ministerio público de cada entidad federativa y las autoridades facultadas por el Congreso de la Unión. Por tanto, en una ley de Quintana Roo no puede otorgarse dicha facultad al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ni delegarse a autoridades de menor rango. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registros: 2031912 y 2031913

Geolocalización en tiempo real

Por lo que hace a la geolocalización en tiempo real, la facultad otorgada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo se consideró inconstitucional por no haberse acotado a casos de urgencia. La medida solo debe utilizarse tratándose de delitos graves en los que se ponga en riesgo la vida. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031918

En la demanda inicial, los quejosos sostuvieron que este gravamen implicaba una doble tributación, no admitía deducciones y contravenía el principio de irretroactividad:

• Doble tributación y confiscatoriedad: Afirmaron que el sistema grava dos veces la misma fuente de riqueza (los dividendos). Señalaron que, en una primera instancia, los ingresos deben acumularse en la declaración anual y gravarse con la tarifa progresiva (que llega hasta el 35%), y por otra parte, se impone un pago definitivo del 10% retenido por la empresa. Alegaron que esto genera una tasa efectiva ruinosa de hasta el 42% que pone en peligro su subsistencia digna.
• Falta de mecanismos protectores: Argumentaron que la retención del 10% es una tasa fija aplicable por igual a todos los contribuyentes sin importar sus características, que no permite deducciones personales, violando con ello la equidad y proporcionalidad tributaria.
• Violación al principio de irretroactividad: Sostuvieron que las fracciones XXV y XXX del Artículo Noveno Transitorio violan la irretroactividad al modificar las reglas para determinar el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) respecto a las utilidades generadas entre 2001 y 2013. Se quejaron de que la norma los obliga retroactivamente a disminuir pérdidas o partidas no deducibles del saldo de la CUFIN generada antes de la reforma.

En primera instancia el juzgado de distrito concedió el amparo a los quejosos. Posteriormente el asunto llegó a la Suprema Corte, quien bajo las siguientes consideraciones rechazó los argumentos de los quejosos:

• Sistema de Integración Plena. La legislación mexicana utiliza un «sistema de integración plena» cuyo propósito es precisamente evitar la doble tributación económica entre la empresa y el accionista. La mecánica exige que la persona física acumule los dividendos a sus demás ingresos y determine su impuesto bajo la tarifa del artículo 152, pero le otorga el derecho de acreditar (restar) el impuesto del 30% que la empresa ya pagó a nivel corporativo. Esto neutraliza cualquier posible duplicidad en la tributación general y respeta la capacidad contributiva real.
• Proporcionalidad tributaria. La retención del 10% prevista en el artículo 140, es un pago directo, de naturaleza cedular, aplicado sobre la utilidad distribuida. La SCJN aclaró que los quejosos parten de una premisa falsa al afirmar que pagan el 35% de la tarifa anual más el 10% de la retención sobre la misma base.

Para desvirtuar la supuesta «doble tributación», la SCJN recurrió al artículo 150 de la LISR, el cual señala expresamente que las personas físicas no están obligadas a pagar su impuesto anual respecto de aquellos ingresos por los que ya se haya pagado un impuesto definitivo. Dado que la propia ley clasifica la retención del 10% como un pago definitivo, ese monto específico no se vuelve a sumar para la tarifa general del ejercicio, eliminando cualquier carga ruinosa o duplicada.

• Principio de irretroactividad. En cuanto a la queja sobre la cuenta CUFIN, la SCJN resolvió que las disposiciones transitorias no violan derechos adquiridos. La obligación de disminuir la Utilidad Fiscal Neta (UFIN) negativa del saldo de la CUFIN al 31 de diciembre de 2013 no afecta las utilidades generadas en el pasado de forma arbitraria; su único fin es actualizar la realidad económica de la empresa en el momento en que materialmente se repartan los dividendos. Este mecanismo simplemente empata la utilidad contable con la utilidad fiscal, asegurando que las ganancias que no pagaron impuestos lo hagan al distribuirse, sin modificar consecuencias jurídicas consumadas en el pasado.

Conforme a las consideraciones anteriores, el Pleno de la Suprema Corte revocó la sentencia que había concedido el amparo y negó la protección constitucional a los quejosos. Con ello, confirmó la validez del sistema normativo que regula la tributación de dividendos en la LISR vigente desde 2014.

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La Suprema Corte declaró inválidas las leyes de transparencia y protección de datos personales de Puebla y Chiapas, por permitir a las autoridades locales revisar solicitudes de información y datos personales relacionadas con partidos políticos y sindicatos. Desde 2024, es una atribución exclusiva de las autoridades federales.

Pago de derechos en venta de alcohol

Para el pago de derechos por revalidación anual de permisos para la venta de alcohol, la ley de Nayarit contiene dos artículos que se contradicen en cuanto al momento en que debe pagarse dicha contribución. Esto no permite identificar un elemento esencial del tributo, la época de pago, por lo que es contrario al principio de legalidad tributaria. [Jurisprudencia] Registro: 2031858

Hecho delictivo y orden de aprehensión

De acuerdo con la Constitución Federal, al emitir una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, la fiscalía debe cumplir con el requisito de encuadrar la conducta atribuida con un hecho delictivo, al menos con una mínima suficiencia probatoria. Con ello se protege la libertad de las personas, la certeza jurídica y el principio de ultima ratio. [Tribunales colegiados, Jurisprudencia] Registro: 2031833

Culpa o dolo: reclasificación en el delito de homicidio

Si como resultado de una discusión, una persona causó la muerte de otra y no se acreditó, más allá de toda duda razonable, que actuó con dolo y el tribunal de enjuiciamiento advierte que el imputado actuó considerando que era improbable causar la muerte de la otra persona, es posible reclasificar la forma de comisión del delito a culpa consciente. Registro: 2031824

Acceso a la información de partidos políticos y sindicatos

La Suprema Corte declaró inválidas diversas disposiciones de las leyes de transparencia y protección de datos personales de Puebla y Chiapas, por permitir a las autoridades locales revisar solicitudes de información y datos personales relacionadas con partidos políticos y sindicatos. Con la reforma constitucional de 2024 se concentraron estas atribuciones en el ámbito federal y las únicas autoridades garantes frente a estos sujetos son el Instituto Nacional Electoral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. [Suprema Corte, Comunicado 42/2026, Proyecto de sentencia Puebla, Proyecto de sentencia Chiapas]

Representación de niño que fue víctima de un delito

En caso de que la madre de un niño víctima de un delito promueva juicio de amparo en su representación, y de la demanda de amparo se desprende un posible conflicto de interés por parte de la madre, el juez debe dar intervención a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que se designe un representante especial suplente. En caso de que el juez no lo haga, deberá reponerse el procedimiento. Registro: 2031842

Bloqueo de cuenta bancaria por posible riesgo financiero

El bloqueo de una cuenta bancaria o la suspensión de los fondos realizada por el banco, por considerar que se efectuó una operación que podía implicar un riesgo financiero, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, si se realizó con fundamento en el contrato de prestación de servicios y en lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito. La actuación del banco se debe a la voluntad de las partes y no a una potestad pública. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031849

Registro y definición de enfermedades raras

La obligación de establecer los procedimientos para el registro y definición de las enfermedades raras recae en las instituciones de salud que asumieron las facultades de la ahora extinta Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras. Por tanto, deben atender la petición de una persona menor de edad de incluir la «Fibrodisplasia Osificante Progresiva» como enfermedad rara, a fin de garantizar el derecho a la salud. Registro: 2031801

Prescripción de la responsabilidad patrimonial del Estado

Tratándose del daño físico o psíquico causado por una descarga eléctrica del cableado de luz, la prescripción para que la persona afectada reclame la indemnización corre desde el día siguiente a aquél en que se produjo el daño o bien, si sus efectos son continuos, desde que éstos cesan. Esta interpretación atiende al principio pro persona, ya que evita que la responsabilidad prescriba antes de que el afectado conozca la magnitud de la lesión. El criterio es acorde con lo resuelto por la Segunda Sala en el amparo en revisión 764/2018. Registro: 2031868

Principios penales en el derecho administrativo sancionador
En la interpretación de los principios del derecho administrativo sancionador, pueden utilizarse los principios sustantivos del derecho penal, siempre que sean compatibles con la naturaleza punitiva de la sanción administrativa. La aplicación de los principios no es automática y debe verificarse en cada caso. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031857

Bienes adquiridos previo al matrimonio en Veracruz

Es constitucional la norma que establece que, salvo disposición en contrario, no son parte de los bienes de la sociedad conyugal aquellos adquiridos por los cónyuges previo al matrimonio. La disposición busca proteger el patrimonio de las personas adquirido antes del matrimonio y no configura estereotipos de género ni discrimina en función del género a las mujeres. Registro: 2031870

¿Qué pasa si una empresa no presenta su declaración anual en marzo?

En México, las personas morales deben presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta a más tardar el 31 de marzo ante el Servicio de Administración Tributaria.

La falta de cumplimiento de esta obligación no es un simple retraso administrativo. El Código Fiscal de la Federación lo sanciona como una infracción fiscal que puede generar consecuencias económicas, operativas y legales.

La omisión de declaraciones es una infracción fiscal

El Código Fiscal de la Federación establece que no presentar declaraciones, hacerlo fuera de plazo o después de un requerimiento de la autoridad fiscal constituye una infracción.

También se considera como infracción que la declaración se presente con información incompleta, con errores, en forma distinta a lo que establece la legislación o bien, el no hacerlo a través de los medios electrónicos obligatorios.

Es importante considerar que las infracciones se actualizan a pesar de que no exista un impuesto a cargo del contribuyente.

Multas del SAT por no presentar la declaración anual

Las multas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, pueden alcanzar los siguientes montos:

• No presentar declaraciones: de $2,050 a $25,360 por cada obligación no declarada.
• No presentar declaraciones a través de los medios electrónicos obligatorios o presentarlas fuera del plazo y no cumplir con los requerimientos de la autoridad: de $20,790 a $41,590.
• Incumplir los requerimientos de la autoridad para presentar declaraciones: de $2,050 a $50,710.
• Presentar declaraciones incompletas, con errores, sin firma o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales: $6,230 a $20,790.

Las multas no serán impuestas si el contribuyente regulariza su situación antes de que las autoridades fiscales lo detecten, esto se conoce como cumplimiento espontáneo. La legislación también prevé supuestos en los que las multas pueden reducirse, por ejemplo por un pronto pago de las mismas.

Cancelación de sellos digitales: el mayor riesgo operativo

Uno de los riesgos más relevantes —y menos comprendidos— es la restricción temporal o cancelación de certificados de sello digital. El Servicio de Administración Tributaria puede aplicar esta medida cuando detecta incumplimientos fiscales reiterados, incluyendo la omisión de declaraciones.

¿Por qué es tan grave la cancelación de certificados? Porque implica que la empresa no puede emitir comprobantes fiscales, pierde la capacidad de cobrar y ve afectada su operación comercial. En términos reales, la empresa puede quedar prácticamente paralizada.

Si el contribuyente omite la presentación de la declaración anual, una vez que haya transcurrido un mes posterior a la fecha límite en que estaba obligado a presentarla, esto podría dar lugar a que la autoridad iniciará el procedimiento de restricción temporal. En este procedimiento, el contribuyente debe aclarar su situación y corregirla, en caso de no lograrlo, se cancelarán sus certificados de sello digital.

Marzo: oportunidad para revisar el cumplimiento fiscal

Más allá de presentar la declaración anual, marzo es un buen momento para que las empresas revisen la situación fiscal y tengan la certeza de que están al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

En el contexto actual, caracterizado por una fiscalización cada vez más automatizada, no presentar declaraciones fiscales representa un riesgo creciente. El Servicio de Administración Tributaria detecta de manera automática el incumplimiento de obligaciones cuya temporalidad está marcada en la legislación, como es la declaración anual de personas morales.

Cumplir oportunamente con la declaración anual no sólo evita sanciones. También protege la operación, la liquidez y la estabilidad jurídica de las empresas.

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La Suprema Corte reconoció el derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir atención por parte de fiscalías especializadas. Los tribunales analizaron los elementos para acreditar el delito de feminicidio y los derechos de hijas e hijos de una mujer víctima de este delito.

Declaración anual complementaria en facultades de comprobación

Una vez iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente podrá modificar lo declarado mediante declaraciones complementarias, solo en los supuestos permitidos por el  Código Fiscal de la Federación. Si en la misma declaración se manifiesta una reducción de la pérdida cambiaria, la disminución de ingresos acumulables y el incremento en las deducciones autorizadas, no podrá ser considerada por la autoridad, ya que los últimos dos aspectos no están dentro de los supuestos permitidos por el código. Registro: 2031799

Base gravable de ISR en ingresos por jubilación

Los contribuyentes no pagarán impuesto sobre la renta por los ingresos por concepto de jubilaciones, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general. Un tribunal consideró que en este caso no aplica la reforma en materia de desindexación del salario mínimo y por tanto, no se deben utilizar las unidades de medida actualizadas (UMAs), en tanto se trata de la interpretación más favorable para las personas adultas mayores pensionadas o jubiladas. Registro: 2031806

Elementos para acreditar el delito de feminicidio

Puede tenerse por acreditado que el homicidio se cometió por razones de género, cuando del análisis integral del caso se desprenda que el agresor ejercía una relación de control, poder o dominación sobre la víctima, y que la privación de la vida constituye la expresión más extrema de dicha violencia, de acuerdo con la legislación penal de la Ciudad de México. El análisis del elemento “razones de género” no debe limitarse a una verificación aislada de datos objetivos, sino que debe realizarse con perspectiva de género. Registro: 2031830

Víctimas indirectas de feminicidio

Las hijas e hijos menores de edad de la mujer víctima de feminicidio deben ser reconocidos como víctimas indirectas del delito en el proceso penal. Las autoridades, actuando de oficio, deberán reconocerles ese carácter y decretar las medidas de protección para salvaguardar su desarrollo integral, en cualquier etapa del proceso. Registros: 2031831 y 2031838

Delito de depositario infiel por adeudo en cuotas del IMSS

La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de la pena de prisión para la persona que, habiendo sido designada depositaria de bienes embargados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, los oculte o no los entregue cuando le sean requeridos, se trata de una medida justificada. El caso se originó cuando un patrón, al no demostrar el pago de créditos relacionados con cuotas obrero patronales y multas, vio sus bienes embargados y aceptó el cargo de depositario. [Suprema Corte, Comunicado 44/2026, Proyecto de sentencia]

Distancia mínima entre gasolineras

Es válido el reglamento de Quintana Roo que establece la distancia que debe existir entre estaciones de servicio de gasolina y diésel. Se trata de una restricción orientada a la planeación y al desarrollo urbano, sustentada en el interés público y la seguridad colectiva. Por tanto, no invade la esfera competencial de la federación en materia de hidrocarburos. En este criterio, la Suprema Corte retomó lo resuelto en 2025 por la entonces Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 46/2025. [Suprema Corte, Comunicado 43/2026, Proyecto de sentencia]

Permiso para la generación de energía eléctrica

La empresa a la que la Comisión Reguladora de Energía le otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica con una vigencia de cuatro años, no puede argumentar que, bajo la figura de confianza legítima, la Comisión debía otorgar el permiso en los mismos términos que otros permisos, pues en la mayoría de los casos se otorgaban por veinticinco años. Se trata de una facultad discrecional de la autoridad. Registro: 2031797

Confianza legítima en actuación de la autoridad

La figura de confianza legítima en actos administrativos debe entenderse como la tutela de las expectativas razonablemente creadas en favor de un particular, cuando la autoridad, ya sea por sus acciones u omisiones durante un tiempo prolongado, le permitió actuar de determinada manera y que, de forma súbita, es quebrantada. Esta figura fue desarrollada por la Segunda Sala en la tesis 2a. XXXVIII/2017. Registro: 2031797

Abogado defensor es contrincante en elecciones judiciales

Es fundado que la persona juzgadora se haya manifestado impedida para conocer de un amparo, si el abogado defensor de una de las partes era su contrincante en las elecciones judiciales para el juzgado del cual es titular. Lo anterior con base en la causa genérica de impedimento prevista en la Ley de Amparo que implica que existen elementos objetivos con los que se pueda perder la imparcialidad. Registro: 2031935

Atención a mujeres víctimas de violencia por fiscalía especializada

Las mujeres víctimas de violencia por razón de género tienen derecho a ser atendidas de manera exclusiva, por una fiscalía especializada, por lo tanto, la Suprema Corte invalidó la regulación de Chihuahua que amplió la competencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género para atender a las demás personas que son parte de la familia. [Suprema Corte, Comunicado 43/2026, Proyecto de sentencia]

Actualización conforme a inflación en condena de pago de rentas

En un juicio en el que se ordenó la devolución de un inmueble y el pago de rentas por el tiempo que fue ocupado sin derecho, es procedente actualizar el monto de las rentas, sin que sea necesario que se haya señalado expresamente en la sentencia que debía actualizarse conforme a la inflación, sobre todo si el pago se realizó varios años después de dictada la sentencia. Registro: 2031841

Jornada laboral de servidor público y pago de horas extras

Si un servidor público labora en un régimen especial de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso, deberán reconocerse y pagarse como horas extras, el tiempo trabajado que exceda las 40 horas a la semana, considerando que en la regulación laboral de Jalisco, se establece una una jornada laboral de máximo 40 horas a la semana para los servidores públicos. Registro: 2031837

¿Vas tarde al aeropuerto y no lograste hacer el check-in desde tu celular, por un error en la página de la aerolínea? Un tribunal analizó los derechos de los pasajeros y obligaciones de las aerolíneas. En un cambio de criterio, la Suprema Corte limitó el pago de intereses por la autoridad fiscal, dejando atrás un precedente que sí lo permitía.

Se niega pago “automático” de intereses en devolución

En el supuesto de que un contribuyente obtenga una sentencia que declare la nulidad de un crédito fiscal, sin que se haya obligado a la devolución del monto previamente pagado, la autoridad fiscal no tendrá que realizar el pago de intereses en favor del contribuyente. [Suprema Corte, Comunicado 38/2026, Proyecto de sentencia]

Con este asunto, se deja atrás el criterio de la Primera Sala que señalaba que al actualizarse un pago de lo indebido, la autoridad fiscal debía pagar intereses al contribuyente sin que fuera requisito que en la sentencia se hubiese obligado a la devolución del crédito fiscal previamente pagado. [ADR 119/2016]

ISR por disminuir precio de venta de un inmueble

Cuando el valor del avalúo de un inmueble, realizado por un corredor público o persona autorizada, exceda en más de un 10% del precio pactado por la operación, el total de la diferencia se considerará ingreso de la persona que adquirió el inmueble y deberá pagar el correspondiente impuesto sobre la renta. La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de la norma que lo establece. [Suprema Corte, Comunicado 39/2026, Proyecto de sentencia]

Límite a la tasa del 0% de IVA en comisiones

Si una empresa naviera mexicana presta servicios derivados de un contrato de comisión, que son aprovechados en el extranjero y por tanto le aplica la tasa del 0% del impuesto al valor agregado, no podrá hacer extensiva esta tasa a los servicios que contrate con terceros dentro del país, para dar cumplimiento a dicho contrato. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031805

Derecho de pasajeros de hacer check-in en línea

Las aerolíneas tienen la obligación de permitir a los pasajeros hacer el registro en línea para su vuelo, en caso de que existan fallas en la plataforma que se lo impidan, no puede exigirle a los pasajeros que se presenten con la anticipación requerida para obtener el pase de abordar. El registro en línea permite a los pasajeros reducir el tiempo de anticipación para llegar al aeropuerto. Registro: 2031818

Modificación de pensión alimenticia derivada de un divorcio necesario

En el juicio de cancelación de pensión alimenticia entre excónyuges, derivada de un juicio de divorcio necesario -figura ya declarada inconstitucional-, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala que establece que la pensión alimenticia no debe considerarse una sanción. Por lo tanto, puede modificarse o cancelarse en cualquier momento si las partes demuestran una variación en las circunstancias que motivaron su otorgamiento. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031807

Multas por prácticas monopólicas absolutas

La Suprema Corte validó que las sanciones por la comisión de prácticas monopólicas absolutas se determinen a partir de los ingresos recibidos por la empresa infractora. Aunque los ingresos acumulables pueden incluir recursos derivados de actividades no vinculadas directamente con la conducta infractora, esta circunstancia no invalida el parámetro establecido en ley. [Suprema Corte, Comunicado 40/2026, Proyecto de sentencia]

Suspensión en bienes sujetos a extinción de dominio

Cuando se interpone un juicio de amparo solicitando la suspensión para evitar que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad el aseguramiento de un inmueble bajo la legislación de extinción de dominio, el quejoso debe otorgar una garantía para cubrir los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al Ministerio Público, quien tiene la calidad de tercero interesado en el proceso. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031815

Denuncia sobre repetición del acto reclamado

El magistrado presidente del tribunal colegiado puede resolver el incidente de repetición del acto reclamado, planteado en un amparo directo. En el supuesto de que lo declare sin materia, el recurso de inconformidad interpuesto en contra de dicha determinación deberá ser resuelto por el pleno del tribunal colegiado. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031798

Internamiento involuntario en centro de rehabilitación

El internamiento involuntario de una persona en un centro de rehabilitación de adicciones, configura un ataque a su libertad personal, equiparable a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, por lo que el amparo puede tramitarse de manera urgente y la suspensión se deberá otorgar de oficio y de plano. Registro: 2031794

Límite a reproducir elementos de la bandera de un estado

Aun cuando no exista un reconocimiento legal de la bandera del estado de Yucatán, es improcedente el registro de una marca que incluya los elementos de dicha bandera, en tanto se trata de símbolos que forman parte del patrimonio cultural de los estados. Registro: 2031808

Un pleno regional analizó cuando los visitadores valoran pruebas del contribuyente de manera indebida. Un tribunal se pronunció sobre los requisitos del convenio en un concurso mercantil. La Suprema Corte sesionó en Chiapas para resolver sobre la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas.

Análisis de actuación de visitadores que exceden sus facultades

Cuando los visitadores se extralimitan en sus facultades, al valorar documentos, libros o registros del contribuyente en una de las actas levantadas en la visita domiciliaria, el juzgador tiene la obligación de analizar y determinar si la valoración se realizó solo en una parte del acta o de forma parcial respecto de algunos elementos.  [Pleno Regional] Registro: 2031787

Juzgador debe analizar trascendencia de la violación cometida por visitadores

Si bien la extralimitación de los visitadores al valorar pruebas en el acta circunstanciada o incluso por determinar un crédito fiscal, se considera un exceso de atribuciones, para definir el tipo de nulidad que procede, absoluta o para efectos, el juzgador deberá valorar la actuación ilegal, su sistematicidad, la gravedad de la conducta del visitador y su trascendencia a la resolución determinante, por ejemplo, si indujeron indebidamente a la autoridad liquidadora. [Pleno regional, Jurisprudencia] Registro: 2031786

Aprobación o rechazo del convenio concursal por el juez

El conciliador debe asegurarse de que el convenio que se presentará ante el juez cumpla con todos los requisitos de ley, por tanto, es improcedente que el juez concursal prevenga a las partes en el supuesto de no haberse cumplido los requisitos de fondo necesarios para aprobarlo. Registro: 2031755

Requisitos que debe cumplir el convenio concursal

El convenio concursal suscrito por el conciliador, la comerciante y los acreedores debe cumplir con los siguientes requisitos:

Oportunidad. Debe presentarse ante el juez dentro de la etapa de conciliación y con la anticipación debida para que se ponga a la vista de los acreedores reconocidos.

Forma. Debe ser exhibido en los formatos que defina el Ifecom y con un resumen que contenga los elementos clave.

Consentimiento. Debe ser suscrito por el comerciante y los acreedores que representen más del 50% de la suma de: el monto reconocido a acreedores comunes y subordinados, y del monto reconocido a acreedores con garantía real o privilegio especial.

Fondo. Debe considerarse el pago de los créditos previstos en la ley, prever reservas para el pago de diferencias, contar con un plan de pagos y de viabilidad de la empresa, exhibir estudios y avalúos, y dar un trato igualitario a los acreedores comunes que no firmaron el convenio. Registro: 2031756

Juzgar con perspectiva interseccional

Si un adulto mayor promovió juicio de amparo por comparecencia y exhibió un documento en el que se advertía su discapacidad visual, deberá ordenarse que se reponga el procedimiento que fue sobreseído por el juzgado, a fin de asegurar que se juzgue con perspectiva interseccional. El objetivo de ello es reconocer la vulnerabilidad del quejoso y evitar una posible discriminación u obstaculización del ejercicio de sus derechos humanos. Registro: 2031782

Ratificación electrónica de la ampliación de la demanda

Cuando la parte quejosa amplíe la demanda y el juzgado la prevenga para que ratifique su firma por considerar que difiere de aquella asentada en el escrito inicial de demanda, es válido que ratifique la ampliación mediante la firma electrónica, sin que sea necesario que comparezca de forma física ante el juzgado. Registro: 2031773

Notificaciones en juicio contencioso administrativo

Es inoperante el agravio en amparo directo, respecto al momento en que surten efectos las notificaciones realizadas en el juicio contencioso administrativo tramitado en línea. El particular debió agotar el medio ordinario de defensa, en este caso, el incidente de nulidad de notificaciones ante el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Registro: 2031772

Asociación civil de gimnasia como autoridad responsable

Las asociaciones civiles relacionadas con la práctica y regulación de un deporte, afiliadas a la Federación Mexicana correspondiente, pueden ser autoridades responsables en amparo. Si el comité directivo de una asociación le prohibió a una entrenadora de gimnasia, participar en futuras competencias derivado de un altercado, está ejerciendo funciones públicas de derecho administrativo, a través de una potestad disciplinaria. Registro: 2031774

Modificación de cláusulas de un contrato colectivo

Un tribunal no puede modificar las cláusulas de un contrato colectivo al resolver un conflicto, aun y cuando considere que las mismas violan la Constitución Federal. En este caso deberá declarar su invalidez y ordenar su inaplicación en el caso concreto, sin que pueda sustituir a las partes en la negociación colectiva, ni imponer unilateralmente un nuevo texto contractual. Comunicado SCJN 24/2026

Pirotecnia y maltrato animal

Tanto la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla, como los ayuntamientos, tienen competencia concurrente en materia de protección y bienestar animal. Por tanto, a ambos corresponde prohibir, investigar y sancionar el uso de pirotecnia y su posible incidencia en el maltrato animal. Registro: 2031776

Autodeterminación de comunidad indígena en Chiapas

La Suprema Corte celebró la Primera Sesión Extraordinaria en Territorio, es decir, fuera de sus instalaciones, para sesionar en Tenejapa, Chiapas, en una comunidad indígena. En la sesión se resolvió un asunto sobre la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas.

En su fallo se ordenó al gobierno de Chiapas y al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, para que en un plazo de noventa días,  implementen medidas para reconocer el autogobierno de La Candelaria, una comunidad tsotsil.

También se reconoció la omisión legislativa de desarrollar el contenido del artículo 2o de la Constitución Federal, y ordenó al Congreso de Chiapas a emitir una ley que establezca los criterios y procedimientos para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público y el reconocimiento formal de gobiernos comunitarios, en un plazo máximo de ciento ochenta días.

Comunicado SCJN 36/2026

La Suprema Corte validó el límite al incremento de rentas para casa habitación establecido desde 2024 en la Ciudad de México y analizó los alcances del registro de contratos de arrendamiento en esta entidad. Un pleno regional se pronunció sobre el pago de intereses moratorios por una aseguradora.

Pago de derechos por servicio de copias

Es contrario al principio de proporcionalidad tributaria la legislación de Colima que establece un pago de derechos diferenciado por el servicio de expedición de copias certificadas de expedientes administrativos, dependiendo de si se trata de la primera copia o de las siguientes. La disparidad en la tarifa no está relacionada con el gasto erogado al prestar el servicio. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031758

Acta de nacimiento extemporánea y trámite de pasaporte

La Suprema Corte sostuvo que exigir requisitos adicionales para tramitar el pasaporte a las personas cuyo nacimiento fue registrado después de los tres años de edad, es contrario al derecho humano a la igualdad y no discriminación. Exigir documentación adicional y establecer procesos más rigurosos, representa una carga desproporcionada y refuerza las desventajas socioeconómicas y culturales. [Jurisprudencia] Registro: 2031766

Juicio por operaciones bancarias no reconocidas

La falta de comparecencia a la audiencia para desahogar la prueba confesional por parte del titular de una cuenta bancaria, no es suficiente para tener por acreditado que otorgó su consentimiento en operaciones no reconocidas. Esto no releva al banco de probar que los procedimientos de identificación se realizaron con regularidad, que fueron acordados con el usuario y acreditar la fiabilidad del mecanismo de autorización. [Suprema Corte, jurisprudencia] Registro: 2031754

Tope a rentas en CDMX

Esta semana la Suprema Corte validó la reforma de 2024 al Código Civil de la Ciudad de México, que estableció un límite al incremento anual de la renta de inmuebles destinados a casa habitación, de modo que no supere la inflación, al considerar que se trata de una medida acorde con el derecho a una vivienda digna, evita aumentos desproporcionados y previene la gentrificación. Proyecto de sentencia AR 546/2025

Registro de contratos de arrendamiento en la CDMX

Atendiendo a la información que debe entregarse al registro digital de contratos de arrendamiento de la Ciudad de México, la Suprema Corte consideró que es “sobre inclusiva”, en tanto exige información que excede a la finalidad del registro: generar una estadística sobre el mercado de rentas para establecer o modificar otras acciones y programas. Por tanto, la norma debe interpretarse en el sentido de entregar únicamente la información indispensable: el nombre de las personas arrendadora y arrendataria, la ubicación del inmueble, el monto de la renta pactada y el incremento convenido. Proyecto de sentencia AR 546/2025

Pago de intereses moratorios por aseguradora

En el supuesto de que una persona demande en la vía civil por responsabilidad objetiva y la aseguradora tenga conocimiento del siniestro al momento del emplazamiento, será desde este momento en que deberán contabilizarse los intereses moratorios, si no no realiza el pago de la suma asegurada, y no a partir del dictado de la sentencia. Los eventuales intereses moratorios se generarán a partir del vencimiento de los treinta días posteriores en que la institución de seguros recibe los documentos e información. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031760

Explotación de la persona por la persona derivado de una sentencia

La explotación de la persona por la persona se actualiza en la ocupación indebida de un bien inmueble, cuando una de ellas obtiene sentencia que convalida una condena por el pago de rentas que supera de manera irracional el valor del bien. El concepto de explotación no se limita a los casos en que existe un contrato entre las partes. Registro: 2031759

¿Se puede recibir doble pensión por la muerte de un trabajador?

Conforme a la Ley del ISSSTE, cuando un trabajador fallece, sus familiares solo tienen derecho a recibir una pensión. Por lo que no es posible concederles tanto la pensión por viudez como la de riesgo de trabajo, ya que persiguen la misma finalidad: proteger a la familia frente al fallecimiento. Comunicado SCJN 24/2026

Demanda de nulidad extemporánea contra crédito fiscal

Cuando el contribuyente promueve juicio contencioso administrativo manifestando desconocer la resolución impugnada y se acredita que la autoridad sí la había notificado legalmente, debe sobreseer el juicio. En este supuesto, no procede estudiar los conceptos de impugnación planteados, incluso si se trata de la prescripción de los créditos fiscales, ya que existe un impedimento técnico para analizarlos. [Pleno regional, jurisprudencia] Registro: 2031767

Limitación a la devolución de IVA

El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte emitió la jurisprudencia PR.A.CN. J/66 A, estableciendo un criterio definitorio respecto al tratamiento de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El Pleno Regional determinó que al ejercerse la opción del acreditamiento conforme al artículo 6 de la Ley del IVA, resulta improcedente solicitar posteriormente al esquema general de devolución previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación para recuperar el remanente. En consecuencia, el procedimiento de ley, según el Pleno Regional, exige agotar dicho saldo exclusivamente mediante la continuación del acreditamiento.

Este criterio implica que cuando los contribuyentes posean un saldo a favor de IVA y hayan efectuado algún acreditamiento en periodos posteriores, se encuentran, por regla general, impedidos para solicitar la devolución del remanente generado. No obstante, la ejecutoria derivada de la contradicción de criterios 63/2023, origen de la citada jurisprudencia, reconoce expresamente excepciones a esta regla general basadas en la imposibilidad material.

El Pleno Regional admitió que si el contribuyente está materialmente impedido para continuar el acreditamiento —ya sea por carecer de saldo a cargo o por cese de operaciones—, tal circunstancia debe manifestarse ante la autoridad fiscal en el procedimiento de devolución. Bajo el principio general de derecho de que nadie está obligado a lo imposible, la autoridad deberá resolver lo que en derecho corresponda ante estas situaciones de excepción. Por lo tanto, al solicitar la devolución de saldos a favor de IVA previamente acreditados, es esencial que los contribuyentes manifiesten y acrediten la imposibilidad para continuar esta vía. Registro: 2028208

Diego Centeno Ramos

PDeA Abogados. S.C.