El Pleno de la Suprema Corte analizó las obligaciones de las autoridades locales en relación con el derecho al aborto. En nuestra sección Detrás de la jurisprudencia presentamos un segundo análisis sobre la jurisprudencia que limitó a las autoridades fiscales en el juicio contencioso administrativo.

Restricción de certificados de sello digital, es acto de molestia

La Segunda Sala resolvió que la restricción temporal de los certificados de sello digital para la expedición de facturas (CFDI), por parte de las autoridades fiscales, es un acto de molestia, por lo que no exige audiencia previa del contribuyente afectado. [Jurisprudencia] Registro: 2030547

Restricción de certificados de sello digital, es una medida cautelar

La restricción de los certificados se mantiene hasta que el contribuyente regularice su situación fiscal, forma parte de un procedimiento en el que se brinda la oportunidad de presentar aclaraciones, aportar pruebas y corregir irregularidades. Por lo tanto, no es una sanción, sino una medida cautelar. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: 2030548

Inconstitucional aprovechamiento a plataformas digitales en CDMX

La Segunda Sala declaró inconstitucional el cobro de 2% sobre las entregas realizadas mediante el uso de plataformas como Uber y Didi, previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

En el asunto discutido en sesión del 18 de junio, se sostuvo que el artículo 307 Ter no puede considerarse como un aprovechamiento por el uso de infraestructura pública, contrario a lo que prevé la legislación. También se señaló que el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para legislar en materia de comercio electrónico, ni para establecer contribuciones sobre ingresos derivados de plataformas digitales, al tratarse de una materia federal. Amparo en revisión 392/2023

El Pleno analizó el alcance de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para concluir que no son jurídicamente vinculantes para las personas juzgadoras mexicanas. Sin embargo, cuentan con relevancia jurídica y una alta autoridad interpretativa respecto del derecho internacional, por lo que pueden incorporarse con carácter obligatorio al derecho nacional cuando la CoIDH las utiliza en sus casos contenciosos o cuando la Suprema Corte las incorpora en sus precedentes obligatorios. [Jurisprudencia] Registro: 2030517

Sobre este tema, en 2022 el gobierno de México presentó una solicitud de opinión consultiva ante la CoIDH, para el análisis de las actividades de los fabricantes de armas y su impacto en los derechos humanos. Esto tiene relación con la demanda presentada por México en EE. UU., resuelta recientemente por la Corte Suprema de ese país. Si te interesa este tema, te recomendamos el blog de Luis Pérez de Acha. 

Autoridades deben garantizar derecho al aborto

Las autoridades administrativas locales del sector salud están obligadas a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por tanto deben implementar, difundir y organizar los servicios de salud para atender a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte en una contradicción de criterios. Un tribunal había sostenido que en la Constitución Federal o en las leyes no existe un mandato específico para las autoridades, y que dicha obligación no podía derivar de una sentencia de la Suprema Corte en la que no había sido parte el estado de su residencia. [Jurisprudencia] Registro: 2030529

Recurso de revisión fiscal y agravios de la autoridad

Cuando la autoridad demandada omite contestar la demanda o su ampliación en el juicio contencioso administrativo, por regla general, los agravios que plantee en el recurso de revisión fiscal serán inoperantes si introducen aspectos novedosos que no formaron parte de la litis contenciosa administrativa, por haber precluido el derecho de la autoridad.

No obstante, esta regla admite excepciones, porque los actos y resoluciones administrativas gozan de presunción de legalidad. La omisión de contestación no conlleva la nulidad automática del acto o resolución, pues subsiste la carga de la parte accionante de demostrar su ilegalidad. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: 2030515

El Ejecutivo Federal elaboró una propuesta de reforma al juicio contencioso administrativo, se espera que pronto sea presentada al Congreso de la Unión. Te recomendamos el podcast La otra Corte

Delito de privación ilegal de la libertad contra esposa e hijos

La persona que, de forma dolosa y sin justificación, encierre a sus hijos o familiares en una habitación del domicilio que habitan, puede cometer el delito de privación ilegal de la libertad. Este tipo penal no descarta que las víctimas sean miembros del propio grupo familiar, por tanto, ni siquiera el ejercicio de la patria potestad de un padre sobre sus hijos justifica conductas que impliquen maltrato físico o cualquier castigo que conlleve menosprecio, denigración, atemorización o amenaza, o que reduzca al ser humano a la condición de objeto de pertenencia o libre disposición del agresor. Registro: 2030526

Obligación de las autoridades demandadas de exhibir sus resoluciones en sede administrativa y no en juicio de nulidad

La tesis de jurisprudencia publicada el 25 de abril de 2025, dictada por un  Pleno Regional, restringe la posibilidad de que la autoridad fiscal exhiba en juicio de nulidad la resolución determinante de un crédito y su correspondiente notificación, cuando no lo hubiere hecho así en el recurso de revocación en el que el contribuyente manifestó desconocerlas, con lo que se hace énfasis en que el principio de litis abierta opera en favor de la parte actora y es una figura que le permite una mejor defensa, sin que en modo alguno opere como un beneficio para la autoridad demandada.

Poniendo en contexto la citada jurisprudencia, cabe mencionar que conforme al artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, derogado a partir del 2014, cuando un contribuyente negaba conocer el acto administrativo impugnado  –y no meramente las constancias de su notificación–,  las autoridades fiscales estaban obligadas a hacerlo de su conocimiento para que pudiese controvertir sus fundamentos y motivos; en cuyo caso el contribuyente contaba con un plazo para ampliar el recurso administrativo.

Dicha derogación dio pie a que las autoridades omitieran exhibir las resoluciones determinantes que el contribuyente había manifestado desconocer, así como sus notificaciones. No obstante, el Máximo Tribunal concluyó en su momento que la derogación del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación no implicaba un menoscabo a la garantía de defensa del contribuyente, en tanto prevalece la obligación de la autoridad fiscal de dar a conocer a los contribuyentes el acto administrativo, así como sus constancias de notificación, cuando éstos manifiesten su desconocimiento al interponer el recurso de revocación.

Lo anterior, ya que si bien el texto del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación vigente no señala expresamente tal supuesto, una interpretación teleológica de dicho precepto conlleva a determinar que sigue vigente la referida garantía de defensa del contribuyente, de ahí que los gobernados se encuentran facultados para interponer el referido medio de impugnación contra los créditos fiscales cuyo origen desconozcan, lo cual, desde luego, tiene aparejada la obligación de la autoridad para que los dé a conocer, así como las constancias de notificación respectiva, a fin de que los particulares puedan impugnar el acto fiscal «con pleno conocimiento de él», como fue la intención expresa del legislador federal.

Concluye el Pleno Regional señalando que la litis abierta no constituye una oportunidad en favor de la parte demandada para cumplir con un deber previo, y que permitirlo implicaría variar la litis en el juicio, al introducir nuevos elementos que no se integraron en el recurso de revocación ni en su resolución, lo que causaría un perjuicio a la parte actora y contravendría lo previsto en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que impide a las autoridades cambiar los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

Además, de no restringirse la posibilidad de que la autoridad exhiba en juicio de nulidad tanto la resolución determinante como las constancias de su notificación, se incumpliría la obligación aquélla de analizar la legalidad de sus actos en sede administrativa, que es la finalidad misma del recurso de revocación; se estaría obligando a los particulares a garantizar y actualizar los adeudos fiscales en todo momento; y se prolongaría injustificadamente la solución de los conflictos, al judicializarse la mayoría de las disputas entre autoridad y particulares. Registro: 2030301

Magistrada Maricela Lecuona González, Tercera Sala Regional en Nuevo León, Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá que indemnizar a la persona que perdió sus ahorros en una institución bancaria, un tribunal definió cómo calcular la indemnización. La Suprema Corte declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua prevista en la legislación de Chihuahua.

La SCJN invalida diversas contribuciones y multas locales

El Pleno de la Suprema Corte consideró como inconstitucionales varias contribuciones y multas locales y municipales, previstas en las leyes de ingresos de Baja California y de municipios de Oaxaca, Baja California, San Luis Potosí y Querétaro para 2024, por ejemplo:

• Cobros por la búsqueda de documentos y expedición de copias: son desproporcionados.
• Multas por mendigar en espacios públicos y por permitir que un “enfermo mental” se traslade libremente en un lugar público: son discriminatorias.
• Cobro de derechos por permisos para realizar eventos particulares y sociales: por no guardar relación con el costo que representa su emisión.

La Suprema Corte exhortó a los congresos locales a que no incurran en los mismos vicios al emitir las leyes de ingresos para 2025.  Comunicado SCJN No. 405/2024

Principio de mayor beneficio en el juicio contencioso administrativo

Si en la sentencia se declaró la nulidad del acto administrativo por deficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad, al promover juicio de amparo es suficiente con que el particular señale que no se analizaron los conceptos de impugnación relacionados con el fondo del asunto, sin que sea necesario que precise cuál era el argumento que le generaba mayor beneficio. Registro: 2029621

Cálculo de indemnización por actividad irregular de la CNBV

Cuando se declare la responsabilidad patrimonial del Estado porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigiló debidamente a una institución bancaria, deberá pagar los daños y perjuicios causados al particular. La indemnización deberá calcularse sobre el interés legal que dejó de percibir la persona sobre los montos invertidos hasta el límite de 400,000 UDIS, y no sobre el interés pactado entre el ahorrador y la institución bancaria. Registro: 2029628

Pena de prisión perpetua es inconstitucional

El Pleno de la Suprema Corte determinó que la pena de prisión perpetua prevista en la legislación de Chihuahua para el delito de homicidio doloso de tres o más personas, es inconstitucional en tanto impide que el sentenciado ejerza su derecho constitucional a la reinserción social. Los efectos del amparo no podrán ser dejar en libertad al sentenciado a prisión perpetua, sino que el juez deberá determinar la pena de prisión inaplicando el precepto declarado inconstitucional. Comunicado SCJN 412/2024

Juez competente contra orden de traslado de prisión

Cuando se reclame en amparo indirecto la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro, que ya fue ejecutada, así como otros actos que no tengan ejecución material, será competente el juez de Distrito ante el que se presentó la demanda, siempre que tenga jurisdicción en donde inició o en donde concluyó el traslado. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: 2029601

Suplencia de la queja en favor de adultos mayores

Para determinar si procede o no la suplencia de la queja en favor de un adulto mayor que la solicita, el juzgador debe analizar en cada caso particular el estado de salud, laboral o social del adulto mayor. En el caso resuelto, la Primera Sala sostuvo que un adulto mayor pensionado por invalidez y en calidad de consumidor frente a una aseguradora, si procede la suplencia de la queja en su favor. Comunicado SCJN No. 407/2024

Concubina solicita ser declarada beneficiaria del trabajador fallecido

Un tribunal interpretó la Ley Federal del Trabajo y estableció que aun cuando la ley no lo prevé de forma expresa, debe presumirse que la concubina del trabajador era su dependiente económica, por lo que no existe necesidad de realizar una investigación económica como requisito para ser declarada beneficiaria de los derechos laborales del fallecido. Registro: 2029606

Plazo para solicitar pensión compensatoria después del divorcio

Un tribunal resolvió que el derecho de la persona que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, para solicitar una pensión compensatoria asistencial con motivo del divorcio, prescribe en el mismo lapso que duró el matrimonio y no en el plazo de dos años establecido en la legislación civil de Nuevo León. Registro: 2029616

Desde que empezamos este blog cada año preparamos una compilación de criterios en materia fiscal. En esta ocasión nos dimos a la tarea de revisar más de 100 jurisprudencias y sentencias para elaborar un recuento de los criterios más relevantes emitidos en materia fiscal desde abril de 2023 a la fecha.

Conoce otras compilaciones en materia fiscal que hemos hecho sobre delitos fiscales y prisión preventiva y los criterios más relevantes en materia fiscal.

Impuesto al valor agregado

Si un contribuyente optó en su declaración por acreditar un saldo a favor de IVA, pero en los meses posteriores no lo utilizó para pagar el impuesto a cargo, entonces podrá solicitar la devolución de ese saldo a favor. Registro: 2026399

La capitalización de adeudos en una sociedad a través de la emisión de acciones, no puede ser utilizada como un medio de pago del IVA. Por tanto, si como resultado de esta operación existe un saldo a favor, la empresa no podrá solicitar su acreditamiento y devolución. Registro: 2026405

Deducciones ISR

A partir de una reforma de 2020, la Ley del ISR establece que no son deducibles los intereses pagados que superen $20 millones de pesos y que excedan el 30% de la utilidad fiscal ajustada. El concepto de “utilidad fiscal ajustada” no requiere mayor explicación sobre su cálculo y es válido para determinar el tope a las deducciones de las personas morales [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2028573 y Comunicado 115/2023

El SAT puede emitir reglas para regular aspectos secundarios relacionados con el límite a la deducción contenida en la Ley del ISR, que establece que las empresas no podrán deducir los pagos que realicen a partes relacionadas cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: 2028523 y 2028522

Las empresas que busquen deducir los créditos incobrables mayores a 30 mil UDIS ($239 mil pesos) deben cumplir con los requisitos de la Ley del ISR y agotar prácticamente todos los medios ordinarios y legales para el cobro del crédito sin lograrlo. La limitación a la deducción de créditos busca que objetivamente el crédito sea incobrable, el impuesto pagado atienda a la capacidad contributiva y no es absoluta. [Primera Sala, Jurisprudencia]  Registros: 2027791, 2027792 y 2027793

Devolución de saldo a favor

Cuando el SAT niega la devolución de contribuciones debido al incumplimiento de requisitos de forma, falta de pruebas aportadas o debido a que no se atendió un requerimiento efectuado, el contribuyente puede presentar una nueva solicitud mientras no transcurra el plazo de cinco años de prescripción.

En caso de que el SAT se pronuncie sobre los hechos o pruebas y niegue la devolución, el contribuyente no podrá presentar una nueva solicitud en la que aporte nuevos elementos. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: 2028093

Empresas fantasma

La obligación de empresas y sociedades de informar a la autoridad fiscal sobre el nombre de sus socios, accionistas y de las personas que tienen control efectivo, es una medida que se justifica en tanto busca evitar la creación de empresas fantasma. Por tanto, es una excepción válida al derecho a la protección de datos personales. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: 2026586, Sentencia

Delitos fiscales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con un plazo de cinco años desde que se comete el delito de defraudación fiscal, y no tiempo indefinido, para emitir el dictamen técnico contable base para promover una querella en contra del delito de defraudación fiscal. Si la autoridad fiscal conoce del delito después del plazo de cinco años habrá prescrito el delito. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2027797

Materialidad de las operaciones

Cuando el SAT le solicita al contribuyente que pruebe la materialidad de las operaciones, no puede exigirle que aporte documentos que no guardan relación con las operaciones realizadas.

La legislación fiscal no establece un estándar de prueba, por lo que el SAT tendrá que aceptar documentos privados y pruebas indirectas, y analizarlos de manera correlacionada para concluir si se acredita o no la materialidad de las operaciones. Registros: 2027497 y 2027498

Facultades de comprobación

En las visitas domiciliarias del SAT para verificar que se expiden CFDI en establecimientos abiertos al público, no es necesario que la regulación establezca expresamente que los visitadores deben identificarse antes de ingresar al establecimiento. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: 2028294

Medios de defensa en materia fiscal

Por regla general, no puede impugnarse a través del recurso de revocación la resolución que emite el SAT en cumplimiento de una sentencia del juicio de nulidad. Excepcionalmente procede el recurso de revocación cuando la resolución del SAT introduce temas novedosos o tiene un vicio formal. Registro: 2027772

Si el SAT efectúa una revisión electrónica, el contribuyente no puede impugnar en amparo las actuaciones dentro del procedimiento (la resolución provisional, el oficio de preliquidación y sus constancias de notificación). Registro: 2027120

Para impugnar la orden de revisión de gabinete emitida por el SAT los contribuyentes pueden promover juicio de amparo sin acudir previamente al juicio contencioso administrativo. Registro: 2027085

El SAT está obligado a permitir el uso del certificado de sello digital mientras se esté tramitando el procedimiento de aclaración por la restricción temporal del mismo. Si el SAT se niega a hacerlo, procede la suspensión en amparo para restablecer su uso y así poder emitir facturas. Registro: 2028394

Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicta una sentencia en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la autoridad puede promover recurso de revisión fiscal. El plazo para presentar dicho recurso debe contarse a partir de que el TFJA le notifica la sentencia a la autoridad y no cuando el tribunal colegiado le da vista a las partes. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: 2027035

La Carta Porte da certeza sobre el orígen y destino de mercancías en tránsito, por lo que no procede conceder la suspensión provisional en juicio de amparo para efectos de que el contribuyente no emita CFDI con el Complemento de Carta Porte. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: 2026869

Beneficiario controlador

Se trata de la obligación que tienen todas las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas de entregar al SAT información sobre las personas físicas que ejercen el control o se benefician de ellas. La regulación sobre beneficiario controlador, vigente desde enero de 2022, es válida aun cuando entre los obligados a identificar a su beneficiario controlador está “cualquier otra figura jurídica”. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: 2027228 y 2027229

Cuando los notarios públicos intervienen en la constitución de una sociedad o fideicomiso deben identificar al beneficiario controlador: i) deben utilizar los criterios para identificar al beneficiario controlador a pesar de que la Resolución Miscelánea no lo señala de manera expresa. Registro: 202835 ii) deben obtener la información al momento en que se constituye la sociedad o fideicomiso, pero no están obligados a mantenerla actualizada con posterioridad a ese momento. Registro: 2028354 iii) su obligación se limita a emplear las medidas razonables para comprobar que la información obtenida es fidedigna. Registro: 2028356 [Segunda Sala, Jurisprudencia]

En otros casos se resolvió que…

La restricción de temporalidad que, desde 2021, limita la cancelación de los CFDI al ejercicio fiscal en que se emitieron es inconstitucional y atenta contra la seguridad jurídica. Comunicado 098/2024

No procede solicitar un acuerdo conclusivo con el SAT cuando ya exista una resolución judicial, salvo que en la resolución se ordene reponer el procedimiento de fiscalización. Comunicado No 403/2023

La firma electrónica de los funcionarios del SAT debe estar amparada con un certificado, para que pueda utilizarse para firmar las resoluciones. Sin embargo, no existe obligación de que el certificado se reproduzca en la resolución. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: 2028159.

Las cuotas por concepto de derechos pueden aumentarse cada año en el porcentaje que determine el legislador, sin que exista un tope máximo, como podría ser la inflación anual. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: 2028482 y 2028486

Límites del juez de amparo en el cumplimiento de sentencia
Para verificar el cumplimiento de una sentencia de amparo, el juez no puede invadir las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, no podrá analizar el monto de la pensión otorgada por el ISSSTE, si en el amparo se reclamó que dicho Instituto no había otorgado la constancia de la concesión de pensión por viudez. Registro: 2027138

Bloqueo de cuentas bancarias y juicio de amparo
La persona a la que se le incluyó en la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se le bloquearon sus cuentas bancarias, no podrá promover amparo si se encuentra en trámite el procedimiento administrativo ante la UIF. Registro: 2027087 En este caso se retomó la aplicación de la jurisprudencia P./J. 144/2000 del Pleno de la SCJN.

Incidente innominado para sustitución de autoridad responsable
Si en el incidente de inejecución de sentencia el quejoso considera que la persona moral que actúa como autoridad responsable fue sustituida por otra, debe solicitar al juez la apertura del incidente innominado previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. El juez no puede determinar la sustitución de la autoridad responsable sin que antes ello quede acreditado en el incidente y se dé intervención a las partes. Registro: 2027090

Disminuyen requisitos para demanda de nulidad
Al presentar la demanda de nulidad es suficiente con adjuntar la resolución impugnada en copia simple, así lo resolvió en contradicción de criterios un Pleno Regional. No puede exigirse que se exhiba en original o en copia certificada. [Jurisprudencia] Registro: 2027135

Ministerio Público debe concluir investigaciones
El Ministerio Público no puede actuar de manera arbitraria al integrar la carpeta de investigación, por tanto, la persona que está siendo investigada podrá promover amparo ante la dilación injustificada del Ministerio Público de determinar si procede o no ejercer acción penal. Registro: 2027079

Prisión preventiva justificada: debe superar test de proporcionalidad
Una persona fue sujeta a prisión preventiva justificada por considerar que no acreditó su arraigo o su permanencia en el lugar en que eventualmente se le juzgaría. Un tribunal sostuvo lo siguiente:
Test de proporcionalidad. Para aplicar la prisión preventiva justificada como medida cautelar debe superarse un test de proporcionalidad. Registro: 2027131
¿Automática en algunos supuestos? Aun cuando el imputado esté siendo procesado en diversos juicios, la aplicación de la prisión preventiva debe superar el test de proporcionalidad. Registro: 2027126
Carga de la prueba. Con base en el principio de presunción de inocencia, la Fiscalía debe probar que existe un peligro de que el imputado se sustraiga de la justicia. Registro: 2027130
Estándar de prueba. El juez debe analizar los hechos indicadores del riesgo de fuga atendiendo al caso en concreto. Registros: 2027127, 2027125 y 2027128
Hechos notorios. No tienen ese carácter las noticias publicadas por medios de comunicación que informen sobre las facilidades que tiene el imputado para fugarse. Los hechos notorios deben tener una fuente confiable y constatable.  2027129

A las consideraciones anteriores se suma lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodriguez y otros vs. México (2023) y el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México (2022), en los que se analizan el arraigo y la prisión preventiva en nuestro país.

Si se reclama crédito fiscal del IMSS ¿deben comparecer los trabajadores?
Un tribunal consideró que los trabajadores son terceros interesados en el juicio de nulidad, si el patrón reclama un crédito fiscal fincado por el IMSS por la falta de pago de cuotas obrero patronales. Por tanto, deben ser llamados a juicio a través de su representante. Registro: 2027052

Inactividad de tribunales administrativos
Ante la inactividad del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León para resolver un recurso de revisión, el particular puede presentar juicio de amparo. En este caso, se deberá otorgar la suspensión para que el Tribunal continúe con el trámite del juicio y abandone su indiferencia. Registro: 2027045

Nueva reglamentación sobre tabaco se pone en pausa
En jurisprudencia se confirmó que en los amparos promovidos contra el nuevo Reglamento que establece mayores limitaciones para la venta y consumo de tabaco sí debe otorgarse la suspensión, para que los restaurantes y tiendas no estén obligados a implementar las nuevas reglas hasta en tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. [Plenos Regionales] Registro: 2027062
Este criterio lo comentamos en el Blog 120 publicado en la página web de Pdea Abogados cuando se emitió un Comunicado por el Pleno Regional.

Impugnación en amparo del auto de vinculación a proceso
Para impugnar en amparo el auto de vinculación a proceso que fue dictada en audiencia oral, basta que se ofrezca como prueba una copia auténtica del video de la audiencia, sin que sea necesario que se aporte la constancia por escrito de dicha resolución. [Plenos de Circuito, Jurisprudencia] Registro: 2027046

Acuerdo reparatorio ¿todos los imputados tienen que estar de acuerdo?
En un juicio penal dos de las tres personas imputadas por el delito de fraude aceptaron la comisión del delito y acordaron el pago de cierto monto como reparación del daño. Un tribunal consideró que aun cuando la tercera persona no haya aceptado el acuerdo reparatorio el hecho de que los otros imputados lo hicieran lo beneficia y por tanto, se debe considerar que se extingue la acción penal para todos los involucrados. Este criterio no aplica para el procedimiento abreviado. Registro: 2027042

¡Nuevo criterio! sobre copias certificadas digitales
Ante la evolución del amparo, los juzgados y tribunales pueden expedir copias certificadas digitales del expediente, utilizando su firma electrónica para certificarlas. La entrega de las copias puede hacerse por correo, utilizando la cuenta de correo electrónico institucional. Con este criterio se va dejando atrás la práctica de ir directamente a los juzgados o tribunales para obtener copias certificadas. En un segundo criterio se estableció el procedimiento a seguir para este trámite, que no está previsto en la Ley de Amparo. Registros: 2027047, 2027048

Presidente de la República no puede impugnar suspensión en amparo contra leyes
Si el acto reclamado del Presidente de la República fue la promulgación y publicación del decreto de reforma electoral de marzo de 2023, entonces no podrá promover recurso de queja en contra de la suspensión otorgada para que no se aplicaran dichas normas a quienes promovieron amparo. Solo están legitimadas para presentar queja, las autoridades encargadas de la aplicación de dichas normas. [Tribunales colegiados, Jurisprudencia] Registro: 2027053

“Clausuras digitales” por descargas de música en internet
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ordenó el bloqueo de una página web que permitía la descarga de música y videos sin respetar derechos de autor. Un tribunal sostuvo que no puede concederse la suspensión en amparo, para que se levante el bloqueo de la página web, porque se están afectando derechos de autor. [TCC, tesis aislada] Registro: 2027061

Por Mariana Ruiz y Denise Tron

La Suprema Corte publicó jurisprudencia en la que analizó el daño moral cuando se trata de responsabilidad objetiva. Además, analizamos criterios relacionados con la tasa del IVA y con la negativa del IMPI de otorgar un registro de marca.

SCJN define plazo para recurso de revisión fiscal
Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicta una sentencia en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la autoridad puede promover recurso de revisión fiscal. La Segunda Sala resolvió que el plazo para presentar dicho recurso debe contarse a partir de que el TFJA le notifica la sentencia a la autoridad y no cuando el tribunal colegiado le da vista a las partes con copia de la sentencia del TFJA. [Jurisprudencia] Registro: 2027035

Tasa de IVA para sustitutos de leche
Un tribunal colegiado analizó si la importación de bebidas de soya, almendras y coco, así como el sustituto de crema para café, se encuentran gravados con la tasa del 0% del IVA, para concluir que deben gravarse al 16% por ser resultado de un proceso de industrialización. Los concentrados, polvos y bebidas que no sean leche no podrán gravarse al 0%. Registros: 2027024 y 2027025.

Responsabilidad objetiva: daño patrimonial y daño moral
La Primera Sala se pronunció sobre la responsabilidad civil con motivo de la muerte de una persona causada por una descarga eléctrica, en la que se demandó a la CFE y a la aseguradora contratada por esta empresa.

1. En caso de muerte, la indemnización le corresponde a los herederos. Esta regla debe interpretarse para que supere el examen de constitucionalidad.
2. Por tanto, no se le puede exigir al padre de la víctima, que sea reconocido como heredero por juez o notario para demandar el pago de la indemnización. Registro: 2027036
3. El daño moral es independiente del daño material, por tanto, la indemnización del primero no podrá depender de la cuantificación que se haga de los daños materiales. Registro: 2027019
4. El Código Civil Federal establece cinco parámetros para cuantificar el daño moral: derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica de la víctima y del responsable, y las demás circunstancias del caso.
5. El valor que debe asignarse a cada uno de los cinco parámetros varía dependiendo de cada caso y de si se trata de responsabilidad objetiva o subjetiva. No pueden tener un valor porcentual fijo. Registros: 2027018 y 2027017
6. El ‘grado de responsabilidad’ debe tener un efecto limitado en la responsabilidad objetiva, para evitar una sobre indemnización a la víctima. Registros: 2027016 y 2027020
7. La aseguradora no puede argumentar que el pago del daño moral le afecta a su patrimonio, ya que está obligada a cubrir los daños hasta por el monto de la suma asegurada.
8. Finalmente, la Primera Sala después de considerar este y asuntos anteriores, establece nueve pautas generales para cuantificar el daño moral. Registro: 2027015

Pensión alimenticia: ingresos del deudor y deberes de cuidado
Cuando una de las hijas se va a vivir con el padre que paga la pensión alimenticia, para fijar la pensión proporcional el juez debe analizar si es el padre o la madre quien realiza las labores de cuidado de la menor. Lo contrario puede implicar una reducción de la pensión en perjuicio de la menor y de sus cuidados.
Capacidad económica. La capacidad del deudor alimentario debe determinarse con los ingresos obtenidos de su empleo, considerando además elementos no remunerativos como lo son los recursos que tenga a su alcance.
Pruebas. Ante la duda sobre la capacidad económica del deudor el juez puede allegarse de estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos e informes del Registro Público de la Propiedad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registros: 2027001 y 2027000

Cuotas obrero patronales en subcontratación
Para determinar las cuotas obrero patronales de seguridad social, el patrón debe considerar el salario base del domicilio en que se encuentra el registro patronal, en este caso en la frontera norte. Esto es independiente de que los trabajadores fueron subcontratados en lugares en donde el salario base era menor. [Jurisprudencia] Registro: 2027014

IMPI niega registro de marca
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó a una empresa el registro de una marca y en un segundo momento negó a la misma empresa el registro de una marca muy similar. Un tribunal colegiado resolvió que el IMPI está obligado a mantener un criterio consistente y coherente tratándose de registros de marca similares, en apego a la seguridad jurídica. En caso de que el IMPI cambie de criterio debe fundamentar y motivar las razones. Registro: 2027029

¿Existe un plazo límite para promover amparo contra la orden de aprehensión?
La Primera Sala analizó una contradicción de criterios y sostuvo que el plazo para promover amparo en contra de una orden de aprehensión es el genérico de 15 días en tanto se trata de un acto dentro del procedimiento penal. No es posible considerar que la presentación del amparo puede realizarse en cualquier momento. Comunicado SCJN 277/2023

Militares ingenieros del AIFA deben presentar declaración patrimonial
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública la entrega a un particular de la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El Pleno de la SCJN confirmó la resolución del Pleno del INAI al considerar que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana están obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, sin que esto afecte la seguridad nacional. Comunicado SCJN 278/2023

Por Mariana Ruiz y Denise Tron

La Segunda Sala se pronunció sobre la procedencia de la suspensión provisional en contra de la normatividad que regula la Carta Porte y en otro caso determinó cuáles son los medios electrónicos válidos para interponer un recurso en el juicio de amparo. La Primera Sala precisó cuál es el recurso que procede en contra de la negativa de digitalizar constancias en el juicio de amparo y se pronunció sobre las omisiones legislativas relativas.

Transmisión indebida de pérdidas fiscales
El procedimiento de presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales sanciona y evita la elusión fiscal por parte de grupos de empresas que generan pérdidas fiscales y las aprovechan a través de reestructuraciones corporativas. En contra de la resolución del SAT que ordena incluir a un contribuyente en la lista del artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) por no desvirtuar la presunción en su contra, no procede la suspensión provisional debido a que la transmisión indebida de las pérdidas fiscales afecta el orden público y el interés social. Registro: 2026856

¿Suspensión provisional para no emitir el complemento de Carta Porte?
La Segunda Sala de la SCJN resolvió que no procede conceder la suspensión provisional para efectos de que el contribuyente no emita CFDI con el Complemento de Carta Porte regulado en la Miscelánea Fiscal de 2022 porque con ello se permite el delito de contrabando, se afecta el orden público y se favorece la evasión fiscal. La Carta Porte da certeza sobre el orígen y destino de mercancías en tránsito. [Jurisprudencia] Registro: 2026869

La Ley General de Comunicación Social transgrede libertad de expresión
El texto de la Ley General de Comunicación Social no cumple con lo dispuesto por la Constitución Federal en tanto no establece criterios de gasto en comunicación social ni procedimientos para cumplir con los principios que regulan el ejercicio de recursos públicos previstos en la Constitución Federal. Lo anterior constituye una omisión legislativa relativa que afecta la libertad de expresión y permite una censura sutil al asignar gasto de propaganda oficial que debe ser subsanada. [Primera Sala, jurisprudencia] Registro: 2026835

Recurso de queja contra auto que niega digitalizar constancias
La Primera Sala interpretó la Ley de Amparo y determinó que, en contra del acuerdo emitido por un juzgado en el que se niegue al quejoso de forma expresa o tácita la digitalización de constancias remitidas por la autoridad responsable, procede recurso de queja. Lo anterior debido a que la negativa causa un perjuicio al quejoso no reparable en la sentencia. Registro: 2026861

Acreditar interés jurídico en amparo indirecto
En caso de que el quejoso promueva juicio de amparo indirecto y la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el juez debe realizar una búsqueda en el SISE para identificar si existe un procedimiento del que se advierta que el quejoso fue parte y con ello acreditar el interés jurídico del quejoso. El juez puede invocar lo actuado en otros expedientes como hecho notorio. Registro: 2026846

Juicio de amparo contra actos del Congreso
El Congreso de San Luis Potosí eligió a través de una de sus comisiones a los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un tribunal realizó una interpretación conforme de la Ley de Amparo y determinó que sí procede el juicio de amparo en contra del procedimiento de elección, ya que esté debe apegarse a las formalidades previstas. Registro: 2026847

¿Se puede interponer un recurso por correo electrónico?
Los tribunales colegiados llegaron a una contradicción de criterios. La Segunda Sala resolvió que la interposición de recursos vía electrónica solo puede realizarse a través del Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que no está permitido la interposición de recursos a través de correo electrónico institucional de los órganos jurisdiccionales, debido a que ese medio no permite verificar la identidad del promovente ni su firma electrónica. [Jurisprudencia]. Registro: 2026863
Este criterio fue comentado en el blog 58 y ahora integra jurisprudencia de la SCJN.

¿Se pueden pactar honorarios desproporcionados?
En un contrato se pactó como honorarios de los abogados el 40% de las prestaciones no pagadas a una trabajadora por su patrón. Un tribunal resolvió que este porcentaje es desproporcional, transgrede la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye un caso de explotación del hombre por el hombre que afecta la dignidad de la trabajadora. Registro: 2026842

Un TCC analizó cuándo se puede solicitar la devolución de IVA trasladado; en otro caso se analizó la solicitud de devolución de pago de lo indebido. La Primera Sala analizó la inconstitucionalidad de una norma en desuso.

Ahorro para el retiro: plazo para imponer multa
El artículo 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro regula el procedimiento para imponer una multa pero no contempla el plazo para su imposición. La Primera Sala sostuvo que ello no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica debido a que el plazo aplicable es el genérico de cuatro meses y se encuentra previsto en otro artículo de la Ley. [Jurisprudencia]. Registro: 2026785

Pago de sobrecosto de agua en CDMX
En la CDMX se estableció un sobrecosto de los servicios de agua para aquellos usuarios de determinadas colonias con un consumo mayor a 60,000 litros. La Primera Sala validó esta medida porque persigue fomenta el uso consciente de agua, está dirigida a las colonias con mayor desarrollo económico y no transgrede el principio de igualdad. Registro: 2026754

Solicitud de devolución de impuesto al valor agregado (IVA) trasladado
Cuando el contribuyente que enajena un bien o presta un servicio y traslada al adquirente el pago de IVA, puede solicitar la devolución de saldo a favor desde que traslada el impuesto al contribuyente que lo retiene. No es necesario que espere a que el contribuyente que adquirió el bien o servicio declare y entere el impuesto. Registro: 2026765

Solicitud de devolución de pago de lo indebido
Cuando se solicita la devolución del impuesto sobre la renta (ISR) pagado sobre un ingreso exento, como lo es el ahorro para el retiro, no es necesario que el contribuyente presente su declaración anual de ISR. En la devolución de pago de lo indebido, la cantidad es pagada por error y no existe una obligación tributaria. Registro: 2026757

¿Qué valor probatorio tiene la copia simple de una sentencia?
Las sentencias emitidas en juicio de forma electrónica cuentan con elementos que permiten garantizar su autenticidad y fiabilidad, como por ejemplo, la firma electrónica del emisor, certificados digitales y códigos QR. Si se exhibe en juicio la sentencia en copia simple y su contenido no ha sido alterado tiene pleno valor probatorio. Registro: 2026752

Juez competente ante omisión de cuidar el medio ambiente
La omisión de vigilar, proteger y preservar el medio ambiente tiene efectos positivos en tanto afecta el lugar donde se encuentra el bien que no ha sido preservado, por ejemplo un acuífero. Por consecuencia, tiene competencia para conocer la demanda de amparo el juez de distrito en la jurisdicción donde se encuentra el acuífero. Registro: 2026742

¿Las normas en desuso u obsoletas son constitucionales?
Una Ley vigente desde los años setenta en Baja California establece que en asuntos de cuantía indeterminada los honorarios de los abogados deben ser de hasta cinco pesos. La Primera Sala declaró inconstitucional la norma por estar en desuso y transgredir el derecho humano a una tutela judicial efectiva. Lo anterior por tratarse de cantidades injustas que impiden el pago de costas declaradas en sentencia. [Jurisprudencia] Registros: 2026756 y 2026750

Reclamo de pensión de vejez al IMSS
El derechohabiente del IMSS que reclame en juicio el otorgamiento y pago de una pensión de vejez debe exhibir la negativa del instituto de otorgar la pensión o bien, la solicitud efectuada. Dichos documentos son base de la acción y necesarios para integrar la litis, de no aportarse en juicio la acción será improcedente. [Segunda Sala, jurisprudencia]. Registro: 2026747

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¿Cuál es el valor probatorio de las facturas?
Las facturas tienen un valor probatorio especial cuando se utilizan en un juicio mercantil para acreditar una relación comercial o la prestación de servicios. Si las facturas electrónicas o CFDI cumplen con los requisitos de la legislación fiscal, la simple objeción por la contraparte no les resta valor probatorio, con lo que se deja atrás la jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN 1a./J. 89/2011. Registro: 2026357

Padre separa a niña de su madre
Si el padre separó a la hija de su madre y durante años no ha permitido que se vean, utilizando la ayuda de diversas autoridades, esto no configura el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la madre podrá defenderse a través del juicio de amparo, para que se ordene a las autoridades que se abstengan de emitir actos en favor del padre. Registro: 2026368

Fondo de pensiones de servidores públicos
Un tribunal resolvió que las aportaciones al fondo de pensiones realizadas por un servidor público de Nayarit son parte de su patrimonio y por tanto, deben ser entregadas a su viuda. En consecuencia, la acción para reclamar la devolución de las aportaciones es imprescriptible y no será aplicable la legislación local que la limita a ciertos años. Registros: 2026350 y 2026358

Sospecha de que el escrito de renuncia fue obtenido con engaños
El escrito de renuncia tendrá valor probatorio si se demuestra que se emitió de forma unilateral y voluntaria por el trabajador. Si el juez tiene la sospecha de que fue obtenido de manera indebida, deberá analizar en conjunto todas las pruebas para determinar si el trabajador realmente decidió renunciar. [Segunda Sala, jurisprudencia] Registro: 2026355

Reapertura de investigaciones por delito de tortura
Una averiguación previa deberá aperturarse si surgen nuevas pruebas que lo justifiquen. Por tanto, si la persona acusada de un delito se somete a una dictamen psicológico y surge evidencia de que fue torturado, tendrá que investigarse nuevamente el delito de tortura, a pesar de que el ministerio público ya hubiera cerrado el expediente. Registro: 2026351

Defensa y representación del presidente electo en amparo
Si en amparo se reclaman actos que realizó el presidente electo, antes de haber tomado protesta, en relación con la planeación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, entonces no podrá ser representado en juicio por el consejero jurídico de la presidencia o por otro funcionario público, sino que tendrá que acudir directamente al juicio porque actuó como particular. Registro: 2026367

¿Cuál es la antigüedad que deben tener los autos de Uber?
Un tribunal validó que la legislación de Puebla establezca que los autos utilizados por conductores de Uber, Didi o plataformas digitales deban tener una antigüedad máxima de cinco años, de lo contrario no podrán prestar el servicio de transporte. El tribunal justificó su decisión en la acción de inconstitucionalidad 63/2016 de la Suprema Corte, en la que se reconoció que los autos más recientes tienen mejores sistemas de seguridad. Registro: 2026361

INAI puede emitir normas que regulen su actividad
La Suprema Corte validó las normas emitidas por el INAI en las que se regulan con detalle los procedimientos sancionatorios que puede iniciar este Instituto en contra de los particulares. En este caso, una empresa que fue sancionada por el INAI buscaba anular la sanción bajo el argumento de que el Instituto no tenía facultades para emitir lineamientos en materia de protección de datos personales y el acceso a la información pública. [Segunda Sala, jurisprudencia] Registro: 2026242

Migrante con doble nacionalidad, le niegan condición de refugiado
Para obtener la condición de refugiado es necesario que el migrante acredite que huyó de su país de orígen. En este criterio, un tribunal interpretó que “país de orígen” debe entenderse por aquel en el que vive. En caso de que el migrante cuente con doble nacionalidad solo es necesario que acredite que huyó por determinadas razones del país en el que residía, y no de aquel otro en el que también tiene nacionalidad. Registro: 2026245

Prueba confesional por despido de trabajador 
Un adulto mayor acudió a juicio por un despido injustificado. En juicio fue interrogado por el patrón con preguntas negativas como: “Responda si jamás fue despedido del trabajo”. Un tribunal resolvió que si se trata de un adulto mayor, el juzgado tendrá que determinar el valor probatorio de las respuestas, atendiendo a la edad y al grado de educación del trabajador. Registro: 2026244

Conciliación prejudicial y conflictos de competencia
La etapa de conciliación prejudicial que fue tramitada en un Centro de conciliación local, tendrá que considerarse válida, a pesar de que al momento de llegar a juicio se determine que se trata de un conflicto federal y por tanto debe tramitarse ante un tribunal laboral federal. Registro: 2026235

Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
El proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes no puede impugnarse en amparo, así lo resolvió un tribunal por considerar que se trata de actos derivados del poder legislativo local, en ejercicio de facultades discrecionales. Registro: 2026239

Nuevas prohibiciones para venta de tabaco
Un tribunal de Nuevo León negó la suspensión en amparo en contra de las reformas de diciembre de 2022, por las que el Ejecutivo Federal reformó el Reglamento de la Ley para el Control del Tabaco. Si bien el Reglamento establece mayores prohibiciones para la exhibición y venta de productos de trabajo, la finalidad de estas normas es proteger el derecho a la salud de forma progresiva. Registro: 2026247

ISR sobre indemnización por terminación de trabajo
La Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el principio de proporcionalidad tributaria cuando grava los ingresos que obtiene un trabajador cuando termina una relación de trabajo, tales como indemnizaciones, primas de retiro y antigüedad. La ley establece que solo tendrá que pagar ISR por los ingresos que excedan 90 veces el salario mínimo. Registro: 2026240

SCJN validó el tope a la deducción de intereses para empresas
A partir de una reforma de 2020, la Ley del ISR establece que no son deducibles los intereses pagados que superen $20 millones de pesos y que excedan el 30% de la utilidad fiscal ajustada. En este asunto, la empresa quejosa sostuvo que el concepto “utilidad fiscal ajustada” viola el principio de seguridad jurídica, como elemento para determinar el tope de la deducción, sin embargo, la Primera Sala confirmó la constitucionalidad del tope a la deducción de intereses para personas morales. Tendremos que esperar a que se publique la ejecutoria para conocer los detalles del criterio. Comunicado No. 115/ 2023 de la SCJN 

Acceso a la carpeta de investigación
La Primera Sala analizó los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y resolvió que las personas que estén siendo investigadas por el Ministerio Público tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación cuando se encuentren detenidas, sean citadas como imputadas o bien, cuando la autoridad realice actos de molestia en su contra. Con ello se garantiza el derecho a una defensa adecuada de la persona investigada.
Comunicado No. 113/2023 de la SCJN