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Comunicaciones cliente-abogado y recursos de las afores

 

La Suprema Corte validó la transferencia de recursos de los trabajadores, de las afores al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la misma sesión, validó el bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Un tribunal sostuvo que no todas las comunicaciones entre un cliente y su abogado tienen el carácter de confidenciales.


 

Suprema Corte valida bloqueo de cuentas de la UIF y niega suspensión definitiva

La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias derivado de investigaciones de origen nacional, siempre que se sustenten en indicios razonables y suficientes sobre la posible existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En consecuencia, no procede la suspensión definitiva en contra del bloqueo de cuentas bancarias, incluso cuando la orden provenga de una autoridad nacional.

En este asunto se consideró lo previsto en la fracción XIV, del artículo 129 de la Ley de Amparo, reformado en octubre de 2025. Además, se abandonaron las jurisprudencias 2a./J. 87/2019 y 2a./J. 117/2024 emitidas por la extinta Segunda Sala. Proyecto, Comunicado 114/2026

Listado de personas bloqueadas de la UIF  y suspensión

No procede conceder la suspensión provisional en contra de la inclusión en la lista de personas bloqueadas que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera con base en la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior debido a que la Ley de Amparo expresamente así lo señala en su artículo 129. La finalidad es evitar la dispersión de recursos aparentemente ilícitos sin que sea necesario que se acredite, en cierto grado, la comisión de algún hecho constitutivo de delito. Registro: 2032474

Surtimiento de efectos de la suspensión

La suspensión surte sus efectos desde el momento en que la persona juzgadora lo autoriza con su firma electrónica certificada, independientemente de que sea notificada con posterioridad a las partes. No puede considerarse que hubo incumplimiento de la suspensión si el acto se ejecutó previo a la concesión de la suspensión. Registro: 2032472

Plazo de ocho años para promover amparo penal

La persona que impugne la sentencia en la que se le impuso una pena de prisión, cuenta con un plazo de hasta ocho años para reclamarla a través de amparo directo, a pesar de haber permanecido en libertad durante el proceso. El plazo no está condicionado a que la persona sentenciada haya estado en prisión preventiva durante el proceso penal. Registro: 2032447


 

Visitadores y valoración de información en visitas domiciliarias

Los visitadores tienen la facultad de valorar los documentos e información obtenida durante la visita domiciliaria y de señalar que no se desvirtuaron los hechos y omisiones detectados, en términos del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, es válido que los visitadores asienten en el acta final, que el salario base de cotización de los trabajadores era diferente a aquel conforme al que el patrón cubrió las aportaciones obrero-patronales correspondientes. Registro: 2032477


 

Pago de lo indebido y devolución con intereses

El pago de una multa de tránsito municipal que posteriormente es declarada nula constituye pago de lo indebido, por lo tanto, la autoridad debe pagar intereses al contribuyente desde el momento en que pagó la multa hasta aquel en que la autoridad efectúe la devolución.  [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: 2032457


 

Límite a la protección de comunicaciones cliente-abogado

No todas las comunicaciones entre un cliente y su abogado tienen el carácter de confidenciales, así lo resolvió un tribunal respecto de información obtenida por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica en una investigación por prácticas monopólicas. La protección se limita a consultas o consejos jurídicos, es decir, cuando el abogado emite un criterio jurídico autónomo para asesorar a su cliente. Por tanto, se deberá atender al contenido de la comunicación para acreditar que el profesionista actuó como consejero legal. Registro: 2032454


 

Transferencia de recursos de afores a nuevo Fondo para el Bienestar

La Suprema Corte validó el proceso legislativo que llevó a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, a través de la modificación de diversas leyes. También se pronunció sobre la validez de las disposiciones que permiten que las afores transmitan al referido Fondo, los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores que no reclamen sus recursos al cumplir cierta edad, 70 años para los afiliados al IMSS y 75 para los afiliados al ISSSTE

De acuerdo con el Pleno, la transferencia de recursos no implica que los trabajadores dejen de ser los beneficiarios de los recursos, sino únicamente cambia la institución que los administrará. Comunicado No. 114/2026


 

Condena por falta de inscripción al IMSS a trabajadora del hogar

La condena a la inscripción en instituciones de seguridad social y al pago de las aportaciones de una persona trabajadora del hogar debe imponerse a partir del 2 de julio de 2021, fecha en que inició la vigencia de la reforma que estableció la obligación de incorporación a dicho régimen. Por tanto, no podrá obligarse al patrón a realizar la inscripción y el pago retroactivo de las cuotas, desde la fecha en que ingresó a laborar la trabajadora, en caso de haber sucedido en fecha anterior. Registro: 2032461

Preguntas del juzgador durante interrogatorio en juicio oral

La persona juzgadora puede formular válidamente preguntas aclaratorias durante el desarrollo de un interrogatorio, sin que esto transgreda el principio de contradicción ni el de imparcialidad. Las preguntas deben limitarse a aclarar las respuestas manifestadas por el declarante, por lo que el juzgador no debe asumir funciones inquisitivas, modificar la dinámica adversarial, introducir elementos o hipótesis ajenas al debate. [Pleno, Jurisprudencia] Registros: 2032463 y 2032464


 

Vía oral mercantil en arrendamientos comerciales

Las controversias derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles comerciales deben tramitarse en la vía oral mercantil y no en la civil, a través del juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral regulado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es de aplicación supletoria al Código de Comercio. De esta forma se asegura el principio de celeridad que rige en materia mercantil. Registro: 2032449


 

Responsabilidad penal por desaparición forzada

En el proceso penal por el delito de desaparición forzada de personas, no puede atribuírsele -en automático- responsabilidad a los superiores jerárquicos, por considerar que conocieron o debieron conocer de la privación de la libertad de la víctima ejecutada por agentes subordinados.

Es necesario demostrar, más allá de toda duda razonable: i) que existe control efectivo sobre quien realizó la conducta, ii) el conocimiento real del superior o razones suficientes para conocer de los hechos, iii) la omisión de adoptar las medidas necesarias para prevenir el delito, hacerlo cesar o avisar a la autoridad, iv) la existencia de un nexo entre el incumplimiento del deber de control y la comisión del delito. Registro: 2032453

Obligación de preservar el lugar de los hechos

La Suprema Corte resolvió que la obligación que tienen los miembros de la policía de preservar el lugar de los hechos y garantizar la integridad de los indicios, no invade las facultades de investigación otorgadas al ministerio público y a otras autoridades. Si bien, la rectoría de la investigación de los delitos corresponde al ministerio público, actúa de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional y la policía. [Pleno, Jurisprudencia] Registro: 2032444